Estados Unidos quitó sanciones a Delcy Rodríguez y refuerza su rol en Venezuela

Política01/04/2026

Washington eliminó a la dirigente de la lista negra tras meses de acuerdos, pero mantiene el control sobre sectores clave como el petróleo.

El vínculo entre Estados Unidos y Venezuela sumó un cambio concreto que redefine el escenario político y económico en el país caribeño. La decisión impacta directamente sobre una de las principales figuras del actual gobierno. El movimiento forma parte de un proceso más amplio que sigue en desarrollo.

El gobierno estadounidense eliminó a Delcy Rodríguez de la Lista de Nacionales Especialmente Designados, lo que implica el levantamiento de sanciones personales que pesaban sobre ella desde 2018. La medida fue oficializada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Con este cambio, se habilitan operaciones que antes estaban bloqueadas.

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Rodríguez celebró la decisión y la vinculó con una posible normalización de las relaciones bilaterales. “Valoramos la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países”, expresó en su cuenta de X. La dirigente planteó además la expectativa de avanzar hacia un levantamiento más amplio de sanciones.

La eliminación de su nombre de la lista implica que sus activos en territorio estadounidense dejan de estar congelados y que ciudadanos y empresas de ese país pueden volver a operar con ella. Durante casi ocho años, estas restricciones limitaron su margen de acción internacional. El cambio modifica su posición como interlocutora.

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La decisión se enmarca en una negociación que se desplegó en etapas desde comienzos de 2026, tras la salida de Nicolás Maduro del poder. En ese proceso, Estados Unidos fue habilitando sectores económicos de manera gradual mediante licencias específicas. Cada avance respondió a acuerdos concretos con el nuevo gobierno venezolano.

Entre las medidas adoptadas por la administración de Rodríguez se incluyen cambios en la estructura militar, apertura del sector petrolero a inversión extranjera y la sanción de una ley de amnistía. Estas acciones fueron parte de las condiciones para obtener alivios progresivos en las sanciones. El esquema se construyó con supervisión directa de Washington.

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En paralelo, Estados Unidos autorizó operaciones en áreas estratégicas como energía, minería y petroquímica, aunque bajo control estricto. Empresas pueden operar mediante licencias que pueden ser revocadas en cualquier momento. Este sistema mantiene una fuerte dependencia de las decisiones estadounidenses.

El caso del petróleo resulta central en este esquema, ya que los ingresos derivados de su comercialización quedan bajo supervisión del Tesoro norteamericano. Además, cualquier acuerdo con países como China, Rusia o Irán requiere aprobación previa. Este control define los límites del nuevo escenario económico.

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A pesar de los avances, el levantamiento de sanciones no es total y el régimen general sigue vigente sobre el Estado venezolano y su empresa petrolera PDVSA. La diferencia entre la flexibilización individual y las restricciones estructurales marca el alcance real de la medida. El sistema de sanciones continúa como herramienta de presión.

Sectores críticos advierten que los cambios no implican mejoras sustanciales en materia de derechos humanos ni garantizan un proceso electoral transparente. También señalan que persisten detenidos por razones políticas. Este aspecto mantiene abierto el debate sobre la legitimidad del proceso.