General Roca: Investigan la desaparición de más de 100 armas judiciales y crece la preocupación

Policiales02/04/2026

Una investigación en curso dentro del Poder Judicial de Río Negro puso en evidencia un faltante significativo de armamento que debía estar bajo resguardo oficial. El caso se originó en General Roca, pero con el correr de los días comenzó a tomar una dimensión mayor que involucra a distintas áreas del sistema judicial provincial.

El punto de partida fue un procedimiento policial en el barrio Tiro Federal, donde tras un enfrentamiento se secuestró un arma. Al verificar su numeración, se comprobó que ese elemento debía encontrarse en un depósito judicial, lo que activó las primeras alertas y derivó en la apertura de una causa.

A partir de ese hallazgo, se realizó un relevamiento en el depósito correspondiente y se detectó que el faltante no era aislado. Según fuentes vinculadas a la investigación, faltarían más de 100 armas que formaban parte de pruebas en causas penales, lo que generó una fuerte preocupación en distintos niveles del Poder Judicial.

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“Lo único que puedo informar es que se está investigando el faltante de más de 100 armas”, señalaron desde el ámbito judicial, sin brindar mayores precisiones sobre el estado de la causa. La cifra, sin embargo, fue confirmada por otros funcionarios consultados.

Las armas secuestradas en causas penales deben permanecer bajo custodia siguiendo protocolos específicos. Esa responsabilidad recae en la Oficina Judicial, que depende del Superior Tribunal de Justicia desde la implementación de la reforma procesal en 2017. En este caso, se trata de un depósito ubicado en el subsuelo del edificio judicial, con acceso restringido a un grupo reducido de personas.

Según se indicó, en ese espacio no interviene personal policial, ya que la custodia es exclusiva del Poder Judicial. Actualmente, la Oficina Judicial se encuentra bajo la dirección de Fernanda Lucchetti, quien forma parte de la estructura administrativa del organismo.

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En el marco de la investigación, al menos tres empleados fueron apartados de sus funciones de manera preventiva mientras avanzan las actuaciones. La medida busca garantizar el desarrollo de las tareas investigativas sin interferencias.

La causa penal está a cargo de la fiscal Teresa Giuffrida, mientras que las medidas judiciales son supervisadas por la jueza de Garantías Claudia Lemunao. En ese contexto, se ordenaron allanamientos en domicilios vinculados a personas bajo investigación, aunque hasta el momento no se informaron resultados.

En paralelo, el propio Poder Judicial impulsó una auditoría interna para determinar responsabilidades y establecer cómo se produjo el faltante. Para esa tarea fue designado el Auditor General, Juan Manuel Montoto, quien tendrá a su cargo el análisis administrativo del caso.

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La preocupación principal radica en que las armas extraviadas formaban parte de expedientes judiciales, algunos vinculados a delitos graves y otros aún en trámite. Esta situación abre interrogantes sobre la cadena de custodia y el manejo de evidencia sensible dentro del sistema.

Con el avance de las actuaciones, se confirmó que el problema no se limita a Roca. De manera oficial se informó que también se detectaron faltantes en otras oficinas judiciales de la provincia, lo que amplió el alcance de la investigación y sumó nuevas líneas de trabajo.

El caso continúa en etapa de investigación y, por el momento, no hay precisiones sobre el destino del armamento ni sobre posibles responsabilidades penales. Mientras tanto, el foco está puesto en esclarecer lo ocurrido y reforzar los mecanismos de control sobre los depósitos judiciales.