El oficialismo quiere votar esta semana la reforma de la Ley de Glaciares

Diputados se prepara para una semana decisiva: el martes buscarán firmar dictamen y el Gobierno apuesta a llevar al recinto una reforma empujada por provincias mineras.

El debate por la Ley de Glaciares entra en una zona de definición política inmediata. El oficialismo buscará este martes dejar listo el dictamen de la reforma en la Cámara de Diputados y, con esa base, abrir una sesión al día siguiente para darle sanción definitiva antes del cierre de la semana. La jugada no aparece como una discusión técnica más del Congreso: pone en juego el rediseño de una norma ambiental sensible y el intento del Gobierno de acelerar inversiones mineras en áreas hoy alcanzadas por un régimen de protección más estricto.

La iniciativa ya llegó a Diputados con media sanción del Senado, donde fue aprobada el 26 de febrero de 2026 y girada a la Cámara baja para su revisión final. El texto impulsado por el Poder Ejecutivo redefine el alcance de las zonas protegidas por la ley 26.639 y habilita actividades productivas en determinadas áreas periglaciares que hoy permanecen cerradas para tareas extractivas e industriales. Ese cambio es el corazón del conflicto: el Gobierno lo presenta como una condición para atraer capitales, mientras que sus críticos lo leen como un recorte del blindaje ambiental sobre reservas estratégicas de agua y hielo.

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La hoja de ruta legislativa ya está planteada. Para el martes 7 de abril a las 14, fue convocado un plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales, presididas por José Peluc y Nicolás Mayoraz. La intención oficial es repetir un mecanismo que en La Libertad Avanza consideran suficiente para cerrar el trámite: primero una reunión informativa con invitados y después la firma del dictamen que habilite el tratamiento en el recinto.

El apuro no es casual ni nace sólo del bloque libertario. Distintas coberturas parlamentarias coinciden en que detrás de la reforma operan con fuerza los gobernadores de provincias interesadas en el despliegue minero, especialmente en proyectos de cobre y litio. En esa nómina aparecen mandatarios como Raúl Jalil, Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Alfredo Cornejo, que vienen empujando una modificación legal capaz de despejar restricciones sobre zonas consideradas claves para nuevas inversiones.

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El oficialismo llega a esta semana con una certeza política que considera suficiente: cree tener los votos. Noticias Argentinas consignó que La Libertad Avanza se ve en condiciones de abrir la sesión y aprobar la reforma con respaldo de bloques dialoguistas, mientras que Ámbito elevó esa cuenta a un piso de 132 votos, con apoyo del PRO, sectores de la UCR y fuerzas provinciales. La diferencia entre una cifra y otra no altera el punto central: en la Casa Rosada y en la bancada libertaria descuentan que la ley puede salir si logran sostener alineados a sus aliados durante una sola jornada.

La reforma llega al tramo decisivo después de un proceso participativo que terminó profundizando el conflicto en lugar de desactivarlo. La Cámara de Diputados habilitó una audiencia pública 2026 específica sobre el proyecto, cuya existencia figura en el sitio oficial del cuerpo. Pero el volumen de inscriptos y la cantidad finalmente escuchada encendieron una controversia fuerte: según NA y Ámbito, hubo alrededor de 100.000 a 120.000 inscriptos, aunque sólo expusieron cerca de 200 oradores presenciales y 200 virtuales, lo que derivó en críticas de organizaciones ambientalistas y bloques opositores.

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Ese malestar no quedó sólo en la forma. Ámbito informó que, entre los primeros expositores, el rechazo al proyecto fue ampliamente mayoritario, algo que no modificó la estrategia del oficialismo pero sí dejó planteada una objeción política de fondo sobre la legitimidad del trámite. A eso se suma que en el Senado y en la propia Cámara se acumularon presentaciones y consideraciones de universidades, organizaciones civiles y espacios políticos que advierten sobre el debilitamiento de la protección ambiental en zonas glaciares y periglaciares.

La presión por votar ahora también se explica por la agenda general del Gobierno. Infobae reveló que La Libertad Avanza decidió postergar otros proyectos, entre ellos Hojarasca, para concentrar esta semana toda su energía legislativa en Glaciares. El oficialismo quiere una victoria rápida, concreta y con impacto económico, en un momento donde necesita mostrar capacidad de avanzar en el Congreso sin abrir más frentes que los indispensables. La reforma glaciar, con apoyo territorial y un mapa de aliados más o menos firme, aparece hoy como la pieza elegida para ese intento.

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Lo que se resolverá entre martes y miércoles no será apenas la suerte de un expediente técnico. Si el oficialismo consigue dictamen y número para el recinto, quedará más cerca de convertir en ley una reforma que cambia el equilibrio entre preservación y explotación en áreas sensibles del país. Si el trámite se traba, la discusión no va a desaparecer: quedará instalada una disputa más áspera entre provincias mineras, Gobierno nacional, ambientalismo y oposición sobre hasta dónde se puede correr, en nombre de la inversión, la frontera de protección de los glaciares argentinos.

Fuente: NA, Ámbito, Infobae.