Denuncian al secretario de Minería por intervenir en una ley que podría beneficiarlo
Política07/04/2026
REDACCIÓNLa acusación apunta a un posible conflicto de intereses en la reforma de la Ley de Glaciares y suma tensión política en pleno debate.
La discusión por la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo que trasladó el foco del Congreso a la Justicia. En medio del debate por posibles cambios en la normativa, una denuncia penal puso bajo la lupa el rol de un funcionario clave del área minera.
La presentación judicial apunta contra Luis Lucero, actual secretario de Minería, a quien se acusa de haber intervenido en el proceso de modificación de la ley pese a sus vínculos previos con empresas del sector. La denuncia fue impulsada por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas.
El planteo no se limita a una cuestión técnica o administrativa. Para los denunciantes, se trata de una posible incompatibilidad en el ejercicio del cargo, ya que el funcionario habría tenido participación en decisiones que podrían impactar directamente en compañías con las que mantuvo relaciones profesionales.
En paralelo, el tema generó ruido dentro del propio Congreso. Durante un plenario de comisiones en Diputados, legisladores de la oposición pidieron que Lucero no forme parte de la discusión sobre la reforma de la ley.
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El diputado Maximiliano Ferraro, acompañado por Romina del Pla y Sabrina Selva, cuestionó su intervención en el proceso. En ese marco, sostuvo que el funcionario no debería integrar el expediente “como lo hizo en 2025”, en referencia a su participación anterior en el tema.
Uno de los puntos centrales de la denuncia es que Lucero habría sido excusado formalmente por sus vínculos con proyectos mineros. Sin embargo, los abogados sostienen que esa medida “no fue efectiva”, ya que igualmente habría intervenido en iniciativas vinculadas a la flexibilización de la norma.
El trasfondo del conflicto remite a su trayectoria profesional. Según la presentación, el funcionario trabajó en el estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal, donde asesoró a empresas mineras internacionales y participó en operaciones vinculadas al sector.
Para la organización denunciante, estos antecedentes no son menores. Consideran que configuran un escenario de conflicto de intereses, especialmente si desde un rol público se toman decisiones que podrían favorecer a actores privados con los que existió relación previa. En ese sentido, advirtieron sobre la existencia de un posible “entramado de intereses” que vincula a funcionarios, estudios jurídicos y compañías mineras. También señalaron que este tipo de situaciones reflejan dinámicas de “puertas giratorias” entre el sector público y el privado.
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La controversia se da en un momento sensible, ya que la reforma de la Ley de Glaciares genera posiciones encontradas. La normativa vigente establece límites a la actividad minera en zonas de alta sensibilidad ambiental y protege reservas estratégicas de agua.
Según los denunciantes, los cambios en discusión podrían modificar ese esquema y habilitar proyectos en áreas que actualmente están restringidas. Por eso, consideran que el rol de quienes intervienen en ese proceso adquiere una relevancia central.
La causa judicial también incluye otros elementos. La organización amplió una denuncia previa contra la senadora Flavia Royón y solicitó nuevas medidas de prueba, además de pedir ser aceptada como querellante en la investigación.
Desde la entidad resumieron el alcance del planteo en una frase que marca el eje del conflicto: “Lo que se discute no es solo la responsabilidad penal individual, sino el uso del Estado para favorecer intereses privados”.
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