Escándalo laboral salpica a BYD en Brasil y la incluyen en una lista oficial
Actualidad09/04/2026
Sergio BustosLa presencia de la automotriz china BYD en Brasil quedó envuelta en una fuerte polémica luego de que el Gobierno la incorporara a la llamada “lista sucia” del trabajo esclavo. Se trata de un registro oficial que expone a empleadores vinculados a situaciones laborales extremas y que vuelve a poner el foco en el control de las cadenas productivas.
El listado es elaborado por el Ministerio de Trabajo y Empleo y se actualiza dos veces por año. En su última versión sumó 169 nuevos empleadores y alcanzó un total de 613 nombres, en un sistema que busca dar visibilidad a prácticas consideradas ilegales en el ámbito laboral.
El caso que involucra a BYD tiene origen en una inspección realizada a fines de 2024 en el municipio de Camaçari, en el estado de Bahía. Allí, organismos laborales rescataron inicialmente a 163 trabajadores que se encontraban en condiciones calificadas como degradantes.
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Con el avance de la investigación, el número de personas afectadas ascendió a 224. La situación generó repercusión internacional y tensó las relaciones en torno a un proyecto industrial que tenía gran expectativa en la región.
Los trabajadores estaban contratados por la empresa Jinjiang, una firma tercerizada que participaba en la construcción de la planta de BYD en Brasil, ubicada en el predio donde anteriormente operaba Ford. La obra fue parcialmente clausurada tras detectarse las irregularidades.
Según los informes oficiales, los empleados enfrentaban jornadas de hasta 10 horas diarias durante seis días a la semana. Además, debían entregar sus pasaportes, enviar gran parte de sus salarios a su país de origen y pagar un depósito cercano a 900 dólares como condición laboral.
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Las condiciones de alojamiento también quedaron bajo cuestionamiento. Inspectores encontraron situaciones de hacinamiento extremo, con decenas de personas compartiendo espacios reducidos, sin camas adecuadas y con alimentos almacenados en condiciones precarias junto a sus pertenencias.
Desde BYD señalaron en su momento que desconocían lo ocurrido y decidieron rescindir el contrato con la empresa involucrada. También indicaron que estaban colaborando con las autoridades, aunque los organismos brasileños sostuvieron que la responsabilidad final recaía en la compañía por su rol de supervisión.
La inclusión en la “lista sucia” no es automática ni inmediata. Se concreta una vez finalizado un proceso administrativo, y puede evitarse si las empresas firman acuerdos para reparar los daños y modificar sus prácticas, algo que en este caso no se completó en todas las instancias requeridas.
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El registro implica que el nombre de la empresa permanecerá publicado durante dos años, aunque existe la posibilidad de salir antes mediante un convenio de regularización. En ese escenario, la firma pasa a una categoría de observación mientras cumple con las exigencias oficiales.
El episodio ocurre en un momento en el que BYD busca consolidar su presencia en América Latina. La compañía anunció inversiones en Brasil y proyecta ampliar su producción con miras a exportar a la región, incluida la Argentina, lo que suma un componente adicional al impacto del caso.
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