Cómo votaron los diputados de Chubut la modificación de la Ley de Glaciares

La reforma impulsada por el oficialismo consiguió luz verde en Diputados con apoyo opositor y dejó una división nítida entre los cinco representantes nacionales de Chubut.

La votación por la reforma de la Ley de Glaciares dejó en Chubut una postal política difícil de pasar por alto: tres diputados nacionales acompañaron el proyecto y dos lo rechazaron. Esa fractura no apareció en un debate menor ni en una sesión de trámite, sino en una discusión que terminó por modificar el alcance de una norma ligada a la protección de reservas de agua y al margen de acción de las provincias sobre territorios sensibles. El dato provincial quedó incrustado dentro de una mayoría nacional que le dio al oficialismo una victoria amplia en la Cámara baja.

En la representación chubutense votaron a favor Jorge Ávila, Maira Frías y César Treffinger, mientras que se pronunciaron en contra José Glinski y Juan Pablo Luque. La división no fue apenas numérica, porque expuso dos posiciones bien distintas frente a una reforma que achica la cobertura de la ley vigente y redefine qué formaciones quedarán efectivamente bajo resguardo. En una provincia donde la discusión sobre recursos naturales suele tener peso político propio, ese reparto de votos agrega una lectura local a una sesión de fuerte voltaje nacional.

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La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, luego de once horas de debate. El proyecto había llegado desde el Senado y terminó convertido en ley con el respaldo de La Libertad Avanza, todo el radicalismo, el PRO y varias bancadas federales y provinciales. Ese armado parlamentario le dio al Gobierno el número necesario para empujar un cambio legal que la oposición cuestionó con dureza durante todo el tratamiento.

La ley modificada deja de proteger de manera amplia a los glaciares y al ambiente periglaciar como “reservas estratégicas de agua”, y pasa a limitar ese amparo a las formaciones que hagan “un aporte hídrico relevante y verificable a una cuenca”. Esa nueva redacción reduce el paraguas de resguardo y, al mismo tiempo, fortalece el papel de los gobernadores en la elaboración del inventario glaciar.

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Esa combinación entre recorte de protección y mayor injerencia provincial explica buena parte de la intensidad que tuvo la discusión. La norma no quedó atada solamente a una cuestión ambiental abstracta, sino a una disputa concreta sobre quién define qué zonas merecen protección legal y bajo qué criterio técnico o político se hace esa delimitación. Ahí es donde la votación de los diputados chubutenses adquiere otra dimensión, porque cada posición se inserta en una pelea más amplia por el control del territorio y por el uso económico de áreas sensibles.

El debate además llegó al recinto con una controversia previa que la oposición utilizó como parte central de sus cuestionamientos. Según el texto fuente, una audiencia pública fue objetada porque en la última ronda de exposiciones participaron únicamente funcionarios del Gobierno nacional y de provincias interesadas en proyectos mineros. Ese antecedente cargó de sospechas el tramo final del tratamiento y reforzó la idea de que la discusión no estuvo atravesada sólo por criterios ambientales, sino también por intereses productivos y políticos muy concretos.

En el mapa de bloques, el rechazo se concentró en Unión por la Patria, la izquierda, la Coalición Cívica y otros espacios provinciales, aunque tampoco allí hubo uniformidad plena. Dentro de UxP, los sanjuaninos Andino y Chica acompañaron el proyecto, mientras que Provincias Unidas, una de las bancadas más numerosas, mostró una fractura interna con 11 votos negativos, 6 afirmativos y un ausente. Ese comportamiento cruzado revela que la discusión no siguió una línea partidaria cerrada en todos los casos y que la presión territorial también pesó en el recinto.

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La foto de Chubut quedó, así, alineada con esa lógica de dispersión y realineamientos. No hubo una postura provincial unificada ni una respuesta compacta frente a una reforma de alto impacto político, ambiental y económico. Hubo, en cambio, una mayoría local favorable al texto oficial y una minoría opositora que se plantó contra la modificación, en sintonía con los bloques que denunciaron un retroceso en la protección establecida por la ley original.