Qué cambia con la reforma de Glaciares y por qué generó un fuerte choque político

La Cámara de Diputados aprobó una reforma que modifica de manera sustancial el alcance de la ley de Glaciares y reabre la discusión sobre el uso de recursos naturales en zonas sensibles. Con 137 votos a favor y 111 en contra, el oficialismo logró sancionar una norma que introduce cambios en la delimitación de áreas protegidas y en las actividades permitidas.

El eje central de la reforma está en la redefinición de los territorios bajo protección, especialmente en el ambiente periglaciar. Ese cambio abre la puerta a que determinadas actividades productivas, en particular la minería, puedan desarrollarse en zonas que antes estaban alcanzadas por restricciones más estrictas.

Desde el oficialismo defendieron la iniciativa bajo el argumento de que es posible compatibilizar desarrollo económico y cuidado ambiental. En ese sentido, el diputado Nicolás Mayoraz sostuvo que “la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles”, al plantear que la norma apunta a potenciar economías regionales sin abandonar la regulación.

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Sin embargo, el nuevo esquema genera preocupación en sectores opositores que advierten sobre una posible reducción en los niveles de protección efectiva de los glaciares. Estas áreas cumplen un rol clave como reservas de agua dulce, por lo que cualquier modificación en su regulación despierta alertas sobre el impacto a largo plazo.

Las críticas también se enfocaron en el proceso de elaboración del proyecto. El diputado Maximiliano Ferraro cuestionó la influencia del sector privado y afirmó: “las mineras redactaron esta ley”, en una acusación directa sobre el origen de la reforma y los intereses que podría beneficiar.

Otro de los puntos discutidos fue el futuro de los organismos técnicos. Durante el debate se advirtió que la modificación podría afectar el rol del IANIGLA, entidad encargada de estudiar y monitorear los glaciares, lo que implicaría menor respaldo científico en la toma de decisiones.

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Desde la oposición también se defendió la ley original sancionada en 2010. Miguel Ángel Pichetto consideró que esa normativa ya permitía un equilibrio entre producción y ambiente, y remarcó que “no existe ningún argumento ni técnico, ni económico, ni político que avale este cambio”.

Las advertencias más duras estuvieron vinculadas al impacto ambiental concreto. Juan Grabois calificó el proyecto como “una ley envenenada” y planteó que habilitar ciertas actividades en estas zonas podría afectar la calidad del agua, un recurso estratégico en varias regiones del país.

A pesar de las objeciones, el oficialismo logró sostener una mayoría amplia con el respaldo de bloques como el PRO, la UCR y espacios provinciales. Ese acompañamiento resultó decisivo para avanzar con la sanción de una norma que cambia el marco regulatorio en territorios de alta sensibilidad ambiental.

Con la reforma ya aprobada, el foco se traslada ahora a su implementación. El alcance real de los cambios dependerá de cómo se apliquen los nuevos criterios y de los controles que se establezcan en zonas donde antes regían límites más estrictos.