Nueva asociación civil para defender el uso del espacio público en playas y áreas naturales

La firma del acta constitutiva de una nueva entidad de carácter comunitario establece una herramienta legal inédita para litigar ante los tribunales en representación del interés general de la ciudadanía.

La organización denominada Defensa del Uso del Espacio Público completó los trámites de inscripción y obtuvo formalmente su personería jurídica para actuar en el ámbito provincial. La iniciativa surge como respuesta a la necesidad de unificar los reclamos dispersos de distintas comunidades que encontraban obstáculos insalvables al intentar utilizar los accesos naturales hacia las riberas marinas.

La conformación de la comisión directiva, encabezada por el abogado Daniel Gómez Lozano, reúne a un espectro amplio de la actividad científica, productiva y comunitaria de Puerto Madryn y Puerto Pirámides. Entre los firmantes iniciales que dieron origen al cupo mínimo exigido de 20 personas en escribanía, se destacan recolectores de la pesca artesanal, guías balleneros, operadores turísticos e investigadores del CENPAT. La confluencia de estos sectores busca otorgar legitimidad técnica a las demandas colectivas destinadas a preservar la calidad del esparcimiento y las tareas de recolección en el litoral marítimo.

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El principal argumento para dar origen a la asociación civil se sustenta en las limitaciones operativas evidenciadas en litigios previos, donde los fallos judiciales solo beneficiaban a los sectores particulares que iniciaban la demanda. Un antecedente directo ocurrió en la localidad de Camarones, donde una cooperativa dedicada a la recolección de algas recurrió a los tribunales civiles para destrabar un camino costero bloqueado. Aquella presentación derivó en una sentencia de la magistrada Marisa Testino que otorgó el derecho de paso exclusivo al grupo de trabajadores solicitantes, excluyendo al resto de la comunidad.

La resolución en el golfo sur evidenció la fragilidad de las acciones individuales para garantizar el principio constitucional de acceso irrestricto a los bienes públicos de la provincia. En declaraciones vertidas en el aire de #LA17, Gómez Lozano detalló la necesidad de contar con una estructura de representación unificada al explicar que el objetivo es “buscar una herramienta que de alguna manera represente el interés general y que las sentencias sean para todos los habitantes”. De este modo, la entidad podrá presentarse como parte afectada en futuros litigios extendiendo los beneficios a la totalidad de la población.

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El debate sobre la convivencia entre los emprendimientos turísticos de alta gama y el uso público gratuito de las playas encuentra un modelo de referencia en la zona sur chubutense. Los integrantes de la asociación analizan la experiencia desarrollada en el Parque Patagonia Azul, donde la adquisición de grandes extensiones de tierra por parte de fundaciones privadas dio paso a un sistema de gestión mixta. En esos establecimientos se destina entre un 80 y un 90 por ciento de la superficie para el uso público y gratuito de campings, senderos y bajadas para pescadores deportivos.

Este modelo de integración permite el cobro de servicios diferenciados de hotelería o guiadas exclusivas para aquellos visitantes de alto poder adquisitivo que eligen hospedarse en los lodges privados de las estancias. La provisión de leña exógena para evitar la tala de la flora autóctona y la presencia de cuidadores financiados por las propias organizaciones privadas demuestran la viabilidad de un esquema donde el interés privado no anula el esparcimiento social. Los directivos de la flamante asociación civil consideran fundamental estudiar estas metodologías de manejo integral para aplicarlas de manera formal en el ámbito de la Península de Valdés.

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El principal punto de atención técnica para la nueva entidad se enfoca en el contenido de las carpetas ambientales que las consultoras privadas elevan ante el Ministerio de Medio Ambiente de Chubut. La organización detectó una operatoria recurrente en los planes de manejo presentados para establecimientos rurales de la costa, donde los antiguos caminos vecinales son catalogados técnicamente como sectores de uso restringido. Este mecanismo administrativo busca neutralizar de forma encubierta el derecho de tránsito de los ciudadanos antes de la obtención de las autorizaciones de funcionamiento comercial de los complejos turísticos.

La detección de estas cláusulas restrictivas motivó intervenciones específicas en los expedientes de áreas como Bahía Cracker y El Pedral, donde los equipos técnicos ministeriales debieron incorporar artículos específicos para resguardar las servidumbres. El estatuto de la nueva organización civil la faculta para auditar estos planes de manejo antes de su aprobación definitiva, evitando que las normativas ambientales sean utilizadas para convalidar cierres de accesos históricos. La revisión periódica de los instrumentos públicos constituye la base operativa de la entidad para las próximas semanas de actividad institucional.