La costumbre de cerrar los pasos en lugares como Bahía Cracker, El Pedral, Punta Pardelas, Camarones y la Cordillera

La colocación de candados y barreras físicas en los caminos que conducen hacia los sectores de esparcimiento costero modifica las condiciones de circulación de la población en distintos puntos de la geografía chubutense.

Vecinos, pescadores y visitantes experimentan dificultades recurrentes al intentar ingresar a parajes de uso tradicional debido a modificaciones en la titularidad de los campos linderos. Las restricciones de paso se concentran con mayor fuerza en áreas sensibles de la Península de Valdés y los golfos marinos, abriendo un debate técnico sobre los alcances operativos de las normativas de paso vigentes.

El fenómeno de obturación vial se registra de manera directa en puntos de alta concurrencia costera como Bahía Cracker, El Pedral y Punta Pardelas, donde los antiguos senderos permanecen bloqueados al tránsito general. Esta tendencia se replica con características similares en zonas del sur provincial como Comodoro Rivadavia y Camarones, extendiéndose además hacia las márgenes del río Chubut y los espejos de agua de la región cordillerana. La modificación en las pautas de ingreso coincide frecuentemente con procesos de sucesión familiar o con la venta de estancias históricas a nuevos propietarios que deciden restringir de manera unilateral el acceso público.

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La normativa vigente en la provincia establece de manera taxativa la existencia de una servidumbre de paso para garantizar la llegada de los ciudadanos a todas las playas y riberas de los cursos de agua locales. El marco jurídico cuenta con un decreto reglamentario que determina los procedimientos administrativos que deben ejecutarse ante la detección de un camino bloqueado hacia el mar. La vigencia de estas regulaciones fue respaldada por múltiples pronunciamientos de los tribunales de Rawson y Comodoro Rivadavia, validando el derecho colectivo por encima de los intereses inmobiliarios particulares.

Los fallos de la Cámara de Apelaciones y las sentencias firmes del Superior Tribunal de Justicia ratificaron la obligatoriedad de asegurar los canales de circulación pública hacia las costas del Atlántico. Al respecto, el abogado Daniel Gómez Lozano señaló durante una entrevista radial emitida por #LA17 que “la justicia está dando la razón a los ciudadanos en tanto tienen ese derecho de paso”. El letrado remarcó que las disposiciones del máximo tribunal provincial imponen la necesidad de estructurar mecanismos concretos que permitan el libre tránsito sin alterar la propiedad privada.

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La experiencia acumulada en Bahía Cracker demuestra el comportamiento de estos espacios tras la intervención directa de los organismos judiciales competentes. El acceso a dicha costa permanece habilitado desde hace casi tres años por orden judicial, permitiendo el ingreso continuo de pescadores artesanales y turistas sin que se hayan reportado alteraciones en el ecosistema regional. El movimiento vehicular en la zona demostró que la apertura de caminos no acarrea un colapso ecológico en los entornos litorales sensibles de la meseta.

Sin embargo, el mantenimiento y la provisión de infraestructura básica en las playas recuperadas representan un límite operativo para el sostenimiento de la actividad de esparcimiento en condiciones óptimas. Los caminos vecinales sufren el deterioro lógico del tránsito de vehículos de doble tracción sin el paso periódico de maquinaria vial especializada para el perfilado de las calzadas. Esta situación de condiciona el aprovechamiento integral de las riberas marinas, generando dificultades adicionales para las familias que se trasladan durante las jornadas de descanso.

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La aplicación efectiva de los mecanismos contemplados en el decreto reglamentario provincial requiere la coordinación de los diferentes estamentos ministeriales para el ordenamiento de los espacios públicos. Los especialistas legales destacan que la sola apertura de las tranqueras con candados resulta insuficiente si no viene acompañada por un esquema de control de las actividades náuticas y de pesca. Las normativas de servidumbre exigen que los trayectos habilitados cuenten con una traza delimitada de manera clara para evitar intrusiones en las explotaciones ganaderas linderas.