La muerte de Alejandro Zalazar empujó una advertencia más amplia: sin trazabilidad, protocolos y apoyo laboral, el desvío de fármacos sigue teniendo grietas.
Propofol y fentanilo circulan dentro de un recorrido cerrado, pensado para cirugía, endoscopías, intubaciones y otras prácticas críticas que exigen control estricto. La muerte del anestesista Alejandro Zalazar corrió esa escena de lugar y llevó la discusión a un terreno mucho más incómodo para el sistema sanitario: cómo sustancias diseñadas para el uso asistencial pueden salir de ese circuito y aparecer como drogas recreativas. Sobre ese punto puso el foco el emergentólogo y rescatista Eduardo Arellano, que vinculó el llamado “Caso Propofol” con fallas de control, falta de protocolos y condiciones laborales que empujan vulnerabilidades dentro del ámbito de salud.
Arellano describió con precisión qué clase de drogas están en juego y por qué su uso fuera de un contexto médico vuelve todo mucho más riesgoso. “El Propofol es un sedante anestésico que se usa para cirugías, para procedimientos tipo endoscopías o para la emergencia para intubar un paciente. El fentanilo tiene la misma función pero es un analgésico muy fuerte, es un derivado de la morfina”, explicó. Esa definición no sólo ubica la función clínica de ambos fármacos, sino que también deja claro que no se trata de sustancias marginales, sino de medicamentos de uso cotidiano en áreas críticas.
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El problema, según el especialista, no empieza únicamente con la presencia del medicamento, sino con el contexto en que se lo administra. “Al mezclar estas dos drogas, produce un efecto anestésico y a su vez analgésico. Juntos son muy buenos. El tema es que tiene que estar bajo estricto monitoreo cardiológico, saturación de oxígeno y ventilación mecánica, porque la complicación es la depresión del sistema respiratorio”, advirtió. Llevado fuera del quirófano o de una guardia equipada, ese mismo combo deja de ser una herramienta terapéutica y se transforma en una práctica de altísimo riesgo.
Dentro de los centros de salud, Arellano describió un entramado formal que, en teoría, vuelve muy difícil que estos fármacos salgan sin dejar huella. “Estos medicamentos son muy difíciles de sacar porque la farmacia lo otorga siempre que haya una prescripción, tiene que haber un registro en los libros y en las historias clínicas, el acceso es restringido y hay un control de stock”, sostuvo. Incluso remarcó que el fentanilo, por su condición de opioide, requiere una exigencia mayor: “tiene que tener hasta doble prescripción”.
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Ese marco, sin embargo, no cierra por completo el circuito y ahí aparece la parte más áspera de su advertencia. “Hay vacíos en el control, por ejemplo, en la emergencia; personas que están fuera de horario de farmacia tienen acceso a estos lugares, como en el turno noche, los fines de semana o los feriados”, señaló. Esa combinación entre áreas sensibles, horarios de menor supervisión y acceso excepcional es, para el médico, la grieta por donde un fármaco pensado para un uso quirúrgico puede terminar “en la calle y usarse para otro fin que no sea el quirúrgico”.
La observación más punzante de Arellano aparece cuando baja la discusión a las rutinas de ingreso y egreso del personal. “Al salir de los turnos, los médicos no son revisados, contrario a lo que ocurre con el enfermero, camillero o personal de limpieza, de quienes sí se inspeccionan las mochilas cuando entran y salen”, afirmó. La frase no apunta sólo a una desigualdad de criterio, sino a una falla de diseño que, según su lectura, deja armado “un hueco en el control” justo donde el sistema supone mayor confianza.
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Prefectura encontró a un hombre buscado por la Justicia y frenó una fuga con droga en dos operativosLa otra dimensión del problema no pasa por el stock ni por las mochilas, sino por la capacidad real del sistema para detectar consumos problemáticos antes de que estalle una crisis. “No existen protocolos para detectar situaciones de consumo problemático en el ámbito hospitalario”, dijo Arellano, y agregó que, aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda auditorías periódicas y seguimiento de conductas sospechosas o faltantes, en Argentina “no se registra a la persona vulnerable y esto queda librado a la suerte”. La falta de trazabilidad, así, no sólo afecta a la droga: también deja sin mapa a quienes pueden estar en riesgo dentro del propio hospital.
Cuando un trabajador pide ayuda, el cuadro tampoco mejora, de acuerdo con el especialista. “En general se lo estigmatiza y muchas veces se lo echa, se lo despide del lugar por tener este tipo de trastornos de dependencia a estas drogas”, afirmó, antes de sumar factores que, para él, pesan sobre el deterioro del personal: estrés, Burnout, ansiedad, depresión, sobrecarga durante la pandemia, salarios bajos, pluriempleo, falta de sueño y escaso reconocimiento profesional en áreas como enfermería. Lo que emerge de esa lectura no es una excepción individual aislada, sino un terreno laboral donde una vulnerabilidad previa puede agravarse sin contención adecuada.
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El cierre de su planteo corre la mirada del escándalo puntual hacia una deuda de fondo del sistema de salud. “Se recomienda que haya seguridad en la trazabilidad de los fármacos y control sobre los trabajadores, ayuda desde la salud ocupacional, porque esto no es un problema individual, sino estructural del sistema de salud”, resumió. La advertencia deja una consecuencia pendiente más amplia que un caso judicial: si la cadena de custodia, la detección temprana y la asistencia al personal siguen dependiendo de controles desparejos, el problema no quedará encerrado en un nombre propio.
Fuente: NA.
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