Liberaron a la mujer acusada de estafar a un compañero con discapacidad en La Plata
Policiales09/04/2026
REDACCIÓNLa imputada seguirá procesada, pero recuperó la libertad tras una audiencia en la que planteó su situación económica, dijo estar arrepentida y aceptó controles judiciales y tratamiento psicológico.
La Justicia de La Plata resolvió este miércoles excarcelar a una mujer de 42 años acusada de haber estafado a un compañero de trabajo con discapacidad psíquica por una suma superior a los 2 millones de pesos. La decisión fue tomada por la jueza de Garantías N° 5, Marcela Garmendia, después de una audiencia en la que la imputada expuso su situación personal, habló de sus dificultades económicas y manifestó arrepentimiento por lo ocurrido.
La acusada seguirá vinculada al expediente, pero transitará el proceso en libertad. El fallo estableció que deberá cumplir una serie de condiciones mientras avanza la investigación, entre ellas someterse a tratamiento psicológico y psiquiátrico en la Asesoría Pericial correspondiente y presentar constancias mensuales que acrediten ese seguimiento. Además, la Justicia ordenó un informe ambiental en su domicilio para monitorear las condiciones en las que vive.
La resolución se apoyó, según el expediente, en la inexistencia de riesgos procesales concretos. La jueza consideró que no había peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación y entendió que una caución juratoria resultaba suficiente para garantizar la comparecencia de la mujer ante futuras instancias judiciales.
Durante la audiencia, la defensa, encabezada por el abogado Miguel Molina, planteó que la imputada no tiene antecedentes y atraviesa una situación de vulnerabilidad personal. Según lo expuesto, trabaja como auxiliar de limpieza con un salario bajo, no recibe la cuota alimentaria provisoria de su expareja para su hijo de 7 años y no cuenta con una red familiar de contención. En ese marco, la mujer también aseguró que está arrepentida y dispuesta a afrontar las consecuencias legales.
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La causa investiga cuatro hechos de defraudación informática en concurso real y está en manos de la UFIyJ N° 16, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomi Alcorta. De acuerdo con la pesquisa de la Dirección de Investigaciones Cibercrimen, la acusada habría accedido a los datos de la tarjeta bancaria de la víctima, con quien compartía el espacio donde ambos dejaban sus pertenencias en el Jardín N° 954.
Según la reconstrucción judicial, entre el 21 de noviembre de 2025 y el 12 de enero de 2026 se realizaron consumos reiterados que dejaron un saldo negativo cercano a los 2 millones de pesos. El esquema, siempre según la investigación, incluyó compras de mercadería, ropa, calzado, un arbolito de Navidad, pasajes a San Bernardo y hasta el pago de una factura de gas. Las operaciones se hicieron en cuotas y por montos relativamente pequeños, una modalidad que habría permitido sostener la maniobra durante semanas sin activar alertas bancarias inmediatas.
La denuncia se activó después de que el trabajador afectado detectara movimientos extraños en su cuenta y sufriera embargos sobre sus haberes. A partir de allí intervino el área especializada en cibercrimen, que avanzó con medidas de prueba y con el allanamiento en el domicilio de la acusada. En ese procedimiento se secuestraron un televisor, una cama, ropa, calzado, un celular, una notebook y anotaciones con datos de tarjetas, elementos que ahora serán sometidos a peritajes.
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La investigación todavía no está cerrada. La Justicia espera los resultados del análisis de los dispositivos electrónicos y del resto del material incautado para determinar con mayor precisión el vínculo de esos elementos con la maniobra denunciada. Mientras tanto, la víctima continúa trabajando en el jardín y espera una eventual restitución del dinero sustraído.
El expediente también contempla una posible vía de recuperación económica para el damnificado. Según surge de la documentación judicial, si la víctima desconoce formalmente los consumos ante la entidad bancaria, el seguro del banco debería responder por los montos sustraídos. A eso se sumaría una eventual restitución comprometida por la imputada, lo que podría evitar que el perjuicio económico final quede consolidado.
La mujer fue notificada del delito de estafa, previsto en el artículo 172 del Código Penal, y deberá respetar todas las condiciones fijadas por la magistrada para conservar la excarcelación. La causa seguirá abierta y el avance de la investigación, junto con el cumplimiento de las medidas impuestas, definirá los próximos pasos del expediente.
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