Chubut prohibió los celulares en cárceles y apunta a frenar estafas y extorsiones desde las celdas
Chubut09/04/2026
REDACCIÓNLa Legislatura aprobó la ley impulsada por el Ejecutivo para impedir el uso de teléfonos móviles en unidades de detención. El esquema mantendrá comunicaciones controladas, pero sin internet ni mensajería.
Chubut avanzó con una nueva ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en cárceles, alcaidías, comisarías y otros lugares de detención de jurisdicción provincial. La norma, aprobada por la Legislatura, busca cortar una modalidad delictiva que en los últimos años ganó peso en distintas provincias: las estafas, extorsiones y amenazas organizadas desde el encierro a través de dispositivos móviles.
La iniciativa fue impulsada por el Poder Ejecutivo y recibió respaldo legislativo amplio, algo que el gobernador Ignacio Torres remarcó al momento de valorar la sanción. Según expresó, se trató de un proyecto discutido “sin banderas partidarias”, con un objetivo común centrado en la seguridad. En esa línea, sostuvo que la provincia busca impedir que desde los lugares de detención sigan funcionando estructuras que operan como verdaderos “call centers del delito”.
La ley establece de manera expresa la prohibición del ingreso, tenencia, facilitación y uso de equipos o terminales móviles por parte de personas privadas de libertad. El alcance no se limita a cárceles formales, sino que abarca también institutos, unidades, centros de detención transitoria y comisarías, además de cualquier otro lugar donde haya detenidos bajo jurisdicción provincial.
El texto también contempla a personas privadas de libertad alojadas en dependencias del Servicio Penitenciario Federal cuando su detención responda a resoluciones o sentencias dictadas por jueces o tribunales provinciales. De ese modo, la aplicación de la norma busca cubrir también situaciones en las que el detenido no se encuentra físicamente en una unidad provincial, pero sigue bajo competencia judicial de Chubut.
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Uno de los puntos centrales del nuevo esquema es que la prohibición no elimina el derecho a la comunicación. La ley dispone la creación de un régimen de comunicaciones institucionales controladas, pensado para que las personas detenidas puedan seguir contactándose con familiares y defensores, pero bajo condiciones de seguridad, razonabilidad y respeto por los derechos humanos. Ese diseño, según se indicó, procura armonizar la medida con la Ley Nacional 24.660.
Las terminales habilitadas para esas comunicaciones tendrán límites estrictos. Solo podrán utilizarse para llamadas de voz y quedará prohibido cualquier acceso a internet, redes sociales, aplicaciones de mensajería, correo electrónico, videollamadas o intercambio de archivos. Además, las comunicaciones solo podrán realizarse hacia números previamente autorizados e incorporados a un registro oficial de destinatarios habilitados.
La normativa suma también un esquema de trazabilidad sobre cada llamada. Se deberá registrar la fecha, hora, duración, interno solicitante, terminal utilizada y número de destino, una medida que apunta a dejar constancia de cada contacto y a reducir márgenes de uso irregular del sistema. Ese punto forma parte de una lógica más amplia de control preventivo dentro de los establecimientos.
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En caso de detectarse un celular en poder de una persona detenida, la ley ordena su decomiso inmediato y la confección de un acta con detalle del lugar, la fecha, el personal interviniente y las circunstancias del hallazgo. Si además existen indicios de la posible comisión de un delito, se deberá dar intervención inmediata al Ministerio Público Fiscal y al juez competente.
El texto incorpora además una obligación permanente para las autoridades responsables de los lugares de detención: prevenir el ingreso clandestino de dispositivos. Para eso, la ley habilita la instalación de soluciones técnicas destinadas a bloquear o gestionar señales dentro de los establecimientos, incluyendo sistemas de inhibición o control específico de comunicaciones móviles.
Desde el Gobierno provincial, Torres planteó que la nueva ley ubica a Chubut entre las primeras provincias en avanzar con una regulación de este tipo. Según su visión, la medida no solo refuerza la seguridad penitenciaria, sino que se integra a una estrategia de prevención del delito más amplia. En ese marco, señaló que las personas privadas de libertad “están cumpliendo una condena” y que no puede permitirse que utilicen herramientas tecnológicas para seguir delinquiendo desde los lugares de detención.
La aprobación de la norma deja así un cambio relevante en el manejo de las comunicaciones dentro del sistema de detención provincial. Con la prohibición del celular personal y la puesta en marcha de un circuito institucional limitado y monitoreado, Chubut intenta cerrar una de las vías que en los últimos años fue señalada como base operativa para fraudes, amenazas y extorsiones.
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