Repudian ataques a un juez y a una asesora en medio del caso que conmueve a Comodoro
Actualidad12/04/2026
Sergio BustosEl impacto por la muerte de un niño en Comodoro Rivadavia sigue generando repercusiones, pero en las últimas horas el foco se corrió hacia otro frente: las agresiones contra funcionarios judiciales que intervienen en la causa. En ese contexto, el Colegio Público de Abogados salió a fijar una postura clara.
A través de un comunicado difundido este 11 de abril, la entidad expresó su preocupación por los ataques dirigidos al juez de Familia Pablo Pérez y a la asesora de Familia Verónica Roldán. Ambos profesionales quedaron expuestos en medio de cuestionamientos y manifestaciones en redes sociales y otros ámbitos.
El pronunciamiento se da en paralelo a la conmoción que atraviesa la ciudad por la muerte de Ángel López, el niño de 4 años cuyo fallecimiento está siendo investigado. La situación generó reclamos de distintos sectores que piden respuestas rápidas y claras.
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Frente a ese escenario, el Colegio de Abogados planteó la necesidad de sostener el respeto institucional. Advirtieron que los escraches y expresiones violentas no contribuyen al esclarecimiento del caso y pueden afectar el funcionamiento del sistema judicial.
Desde la institución remarcaron que este tipo de conductas impacta directamente en la convivencia social. Señalaron que, más allá del dolor y la indignación que genera el hecho, no se pueden validar acciones que vulneren derechos individuales o que pongan en riesgo garantías básicas.
En ese sentido, insistieron en que los reclamos deben canalizarse por vías formales. El respeto al derecho de defensa y al principio de inocencia aparece como uno de los ejes centrales del posicionamiento del Colegio.
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Al mismo tiempo, la entidad también hizo foco en el avance de la causa. Solicitó al Ministerio Público Fiscal y al Poder Judicial que se profundice la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades que correspondan.
El pedido apunta a que el proceso se desarrolle con celeridad, pero sin perder rigurosidad. La expectativa social por respuestas convive con la necesidad de que las actuaciones se realicen dentro de los marcos legales establecidos.
El caso se mantiene en una etapa clave, con distintas medidas en curso y a la espera de definiciones judiciales. En ese contexto, crecen las expresiones públicas y también las tensiones en torno a cómo se desarrolla la investigación.
El posicionamiento del Colegio de Abogados se suma a otras voces que buscan encauzar el debate. La preocupación no solo pasa por el hecho en sí, sino también por las consecuencias que pueden tener las reacciones sociales sobre el sistema judicial.
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