Un acta judicial volvió central un testimonio de Ángel dos meses antes de morir

Un documento del Juzgado de Familia de Comodoro Rivadavia reactivó preguntas sobre el caso del nene de 4 años, muerto en abril bajo sospecha judicial.

Un documento judicial firmado casi dos meses antes de la muerte de Ángel López pasó a ocupar un lugar decisivo en la reconstrucción del caso que conmueve a Comodoro Rivadavia. Se trata del acta de una audiencia de escucha realizada en febrero, en la que el nene de 4 años habló ante el juez de Familia que intervenía en su situación. Ese registro cobró ahora una dimensión nueva, porque quedó incorporado a un escenario atravesado por dudas sobre las condiciones en las que murió el chico y por una investigación penal todavía abierta.

La audiencia se realizó el 9 de febrero de 2026 en el marco del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantiza el derecho de los menores a expresar su opinión en procesos que los involucran. En esa instancia estuvieron el juez de Familia Pablo Pérez, la asesora de menores Verónica Roldán y el propio Ángel. La existencia de ese acto judicial no era un dato accesorio dentro del expediente familiar, pero adquirió otra potencia después de la muerte del chico ocurrida en abril.

Según el contenido del documento, al que accedió ADN Sur, el niño dijo con dificultad que vivía con su madre y que quería seguir haciéndolo. Esa expresión fue interpretada por el juzgado como una manifestación clara de voluntad y terminó influyendo de manera directa en la resolución posterior sobre su cuidado. La guarda quedó ratificada a favor de la madre en una causa donde el conflicto familiar ya arrastraba denuncias, acusaciones y fuertes disputas entre las partes.

Dentro de ese mismo testimonio apareció uno de los puntos más sensibles del caso. Cuando le preguntaron por su padre, el nene respondió que no quería verlo. Esa frase quedó asentada en el expediente y hoy vuelve a leerse con otro peso, porque no solo impactó en la decisión judicial de entonces, sino que también quedó asociada a un entramado familiar complejo, con versiones enfrentadas sobre el vínculo, el cuidado y el entorno cotidiano del menor.

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La intervención judicial, de acuerdo con la información conocida, no había empezado este año sino en 2023, a partir de alertas de vecinos que advertían situaciones preocupantes. Entre esos antecedentes figuraban episodios en los que, según consta en la causa, el padre de Ángel, Luis López, había sido visto dándole cerveza al nene en la vía pública. A eso se sumaban incumplimientos de medidas judiciales y conflictos con su actual pareja, señalada además por obstaculizar el vínculo del chico con su madre.

Con ese contexto previo, la definición del juez se apoyó en dos ejes concretos: los antecedentes reunidos sobre el entorno paterno y la voluntad que el propio niño expresó durante la audiencia. La resolución buscó priorizar el interés superior del menor, principio rector en este tipo de expedientes. Sin embargo, esa decisión, que en febrero aparecía como una respuesta judicial dentro de una disputa familiar, quedó atravesada por otra gravedad después del desenlace ocurrido menos de dos meses más tarde.

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El 5 de abril, Ángel fue trasladado de urgencia al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia luego de descompensarse en la vivienda donde residía con su madre. Murió menos de 48 horas después y los primeros informes forenses detectaron lesiones en la zona craneal. Ese hallazgo abrió una investigación por una muerte dudosa y empujó la causa hacia una hipótesis penal mucho más severa, con la posibilidad de que haya existido una acción intencional o una situación de abandono con resultado fatal.

En esa pesquisa, la madre del nene, Mariela Altamirano, y su pareja aparecen como los principales sospechosos, aunque hasta el momento no se informaron imputaciones formales. Los fiscales Cristian Olazábal y Facundo Oribones sostienen que están frente a una muerte potencialmente ilícita y que no descartan ninguna hipótesis. La investigación avanza con peritajes, análisis de teléfonos celulares y estudios complementarios, mientras los resultados histopatológicos aparecen como una pieza clave para determinar qué ocurrió.

En paralelo, las posturas públicas de la familia profundizaron el contraste entre lo que decía el expediente y lo que hoy se afirma fuera de él. La familia paterna sostiene que el niño quería vivir con su padre y cuestiona el accionar judicial, mientras la madre rechaza cualquier responsabilidad y aseguró: “Yo no maté a mi hijo”. Del otro lado, el padre fue terminante y declaró: “A Ángel lo mataron”, apuntando contra la mujer y su entorno inmediato.

La muerte del chico dejó así un doble plano de análisis que hoy avanza de manera simultánea. Por un lado, la causa penal intenta establecer cómo murió Ángel y quiénes podrían tener responsabilidad en ese desenlace; por otro, el acta de febrero volvió a quedar bajo observación por el peso que tuvo en la organización judicial de su vida cotidiana. Esa audiencia, que en su momento fue parte de una decisión de familia, quedó convertida ahora en uno de los documentos más sensibles de un caso que todavía busca respuestas.