Fuerte cruce en Trelew, entre el Municipio y el Juez de faltas por las jubilaciones

El Municipio puso en marcha un recorte sobre agentes en edad de retiro, pero el conflicto escaló cuando incluyó al juez de Faltas, que ya impugnó la medida.

La decisión del Municipio de Trelew de intimar a jubilarse a trabajadores que ya reunían condiciones previsionales abrió un frente administrativo más amplio de lo esperado cuando el listado alcanzó también al juez de Faltas municipal. Ese punto convirtió una medida de ordenamiento de personal en una discusión sobre los límites del cargo, la naturaleza de sus funciones y el alcance de la estructura municipal sobre un funcionario que rechaza ser tratado como un empleado más. La controversia quedó expuesta en una entrevista con Mario Romeo, secretario de Gobierno, quien sostuvo que la intimación se apoya en la normativa previsional y en la necesidad de achicar una planta salarial que el Ejecutivo considera sobredimensionada.

Romeo explicó que el relevamiento detectó alrededor de 60 personas en situaciones distintas pero igualmente observadas por el área de Gobierno. De ese universo, precisó que había unas 30 que ya estaban en condiciones de jubilarse por edad y antigüedad, mientras que otro grupo similar ya cobraba jubilación por ANSES y seguía trabajando dentro de la Municipalidad. Según planteó, esa última situación arrastraba una lógica antigua que hoy ya no tiene encaje legal ni beneficio previsional real para quienes continúan aportando sin que eso se traduzca en una mejora futura de sus haberes.

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El funcionario sostuvo que ese diagnóstico no surgió de un movimiento aislado ni de una decisión improvisada, sino de consultas previas ante organismos previsionales. Contó que desde hace tiempo venían recibiendo notificaciones vinculadas a casos puntuales de agentes que habían accedido a la jubilación nacional y, a partir de allí, profundizaron averiguaciones tanto en ANSES como en la caja provincial. En ese marco, dijo que el mecanismo por el cual algunas personas se jubilaban en el sistema nacional, seguían trabajando y luego intentaban reencauzar su situación hacia la caja provincial ya no está permitido, por lo que mantener esos puestos implicaba, a juicio del Municipio, una anomalía administrativa sin sentido económico.

A partir de ese análisis, el Ejecutivo resolvió avanzar con intimaciones formales en el marco del convenio colectivo municipal para quienes ya reunían condiciones de retiro. Romeo remarcó que la decisión se apoya en una lógica de reducción de gasto salarial, aunque remarcó que no se trata de una pérdida de derechos para los trabajadores alcanzados. “Entendemos que debemos reducir la planta de personal para pagar menos sueldos, no tienen una pérdida de derechos porque siguen jubilados, siguen cobrando sus haberes, pero además su obra social es la misma”, afirmó al explicar el criterio político y administrativo detrás de la medida.

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El conflicto cambió de dimensión cuando entre los intimados apareció el juez de Faltas, que, según Romeo, cumplió las condiciones para jubilarse en octubre y el viernes pasado presentó un recurso de impugnación contra la resolución. Ahí el debate dejó de ser una cuestión general de planta de personal para pasar a una discusión específica sobre la naturaleza del cargo. Desde el Gobierno municipal entienden que, más allá de la autonomía funcional que tiene para firmar resoluciones administrativas, el juez integra la estructura de empleo municipal porque cobra remuneración del Municipio, tiene legajo dentro del Departamento Ejecutivo y está alcanzado por la ley previsional provincial.

Romeo reconoció que el funcionario excluido del convenio colectivo puede invocar esa particularidad para cuestionar la intimación, pero insistió en que ese argumento no altera su encuadre general como empleado público municipal. “Entendemos que al percibir remuneración municipal, al tener su legajo, como todos los empleados en el Departamento Ejecutivo Municipal, que la autonomía que él tiene es limitada a dictar resoluciones administrativas, no sentencias judiciales, entendemos que es empleado municipal”, sostuvo. En esa misma línea, agregó que el artículo 1 de la ley previsional provincial comprende a toda persona que percibe remuneraciones de una municipalidad y recordó que el artículo 104 establece que debe jubilarse bajo apercibimiento de cesantía.

La disputa no quedó circunscripta al plano legal, porque Romeo también la conectó con el funcionamiento concreto del área de faltas y con la dinámica que el Ejecutivo dice querer imprimirle a la administración local. Señaló que hoy el Municipio se encuentra impedido de sacar vehículos del parador norte por la acumulación de actuaciones administrativas del juzgado, y cuestionó la respuesta del magistrado frente a operativos que, desde el Gobierno, fueron presentados como de gravedad. En ese punto, la discusión previsional se mezcla con una mirada política sobre el desempeño del cargo y sobre el tipo de resoluciones que el Ejecutivo considera insuficientes frente a infracciones reiteradas o hechos que involucran salud pública y transporte.

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Romeo apuntó, por ejemplo, a la actuación del juzgado luego de la clausura de una pesquera clandestina y también a casos vinculados con automotores irregulares utilizados para transporte de personas. “La resolución del señor juez fue un apercibimiento cuando era reincidente”, cuestionó, antes de describir una orientación que, según su mirada, no acompaña la severidad que la gestión intenta sostener en controles y sanciones. Esa crítica deja ver que, detrás de la intimación jubilatoria, también hay una pelea por la autoridad efectiva con la que el oficialismo quiere administrar áreas sensibles de la vida urbana.

El secretario de Gobierno también vinculó la revisión de jubilaciones con la escasez de recursos y con una idea más amplia de reorganización del Municipio. Señaló que hoy el Ejecutivo no puede sumar un segundo juez de Faltas, aunque esa posibilidad está prevista, porque el contexto económico no lo permite y porque la prioridad oficial pasa por reordenar una estructura que considera recargada. En esa lectura, la discusión por los retiros no se agota en el expediente de cada agente, sino que se inserta en una política de reducción de costos, depuración de cargos y búsqueda de otra velocidad administrativa para áreas que el Gobierno juzga lentas o ineficaces.

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La resolución del recurso presentado por el juez de Faltas quedará ahora atada a los plazos administrativos y a la eventual continuidad del conflicto en la justicia ordinaria, algo que el propio Romeo anticipó como una posibilidad. El caso, sin embargo, ya dejó un dato político firme dentro del Municipio: la gestión decidió avanzar sobre una zona que durante años permaneció sin revisión y abrir una discusión que mezcla jubilaciones, poder interno, interpretación legal y funcionamiento de áreas sensibles. El desenlace inmediato puede darse en un expediente, pero lo que está en juego excede una salida previsional y toca de lleno la forma en que el Ejecutivo busca afirmar control sobre su propia estructura.