Madryn: delincuentes "Dispararon directamente a la humanidad de los policías"

La audiencia dejó a los cuatro sospechosos bajo custodia, con un debate abierto sobre la legalidad del procedimiento y un expediente atravesado por disparos, droga y dudas.

Cuatro personas seguirán detenidas después del violento episodio del viernes en Puerto Madryn, donde, según la acusación fiscal, respondieron a los tiros ante la voz de alto de la Policía. La continuidad de esa privación de la libertad no quedó resuelta como una formalidad sino como una medida provisoria mientras la jueza analiza por escrito varios planteos de la defensa y define si el procedimiento inicial fue legal y si corresponde sostener una medida más gravosa para garantizar la investigación. La fiscal Silvana Salazar describió una audiencia extensa, cargada de discusiones técnicas y con un trasfondo fáctico que, por la propia mecánica del hecho, ubicó el caso en un nivel de gravedad muy alto.

La resolución central de la audiencia fue, por ahora, mantener a los cuatro imputados bajo custodia hasta que la magistrada emita su decisión fundada. Salazar explicó que la jueza utilizó el plazo legal para estudiar con detalle lo discutido en la jornada y que, una vez conocido el pronunciamiento, las partes decidirán qué pasos seguir. Ese compás de espera no descomprime el expediente: lo deja suspendido sobre dos preguntas inmediatas, la validez formal del accionar que terminó con las detenciones y la necesidad de que los acusados permanezcan en Madryn mientras se profundizan las medidas pendientes.

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Uno de los puntos más debatidos en la audiencia fue el origen del pedido que dio marco al procedimiento policial. La fiscal aclaró que no se trató de una orden de captura librada por un juez, sino de una disposición emitida por un fiscal de Río Negro, habilitado por la ley procesal de esa provincia para adoptar esa decisión. Según explicó, dos de los cuatro detenidos aparecen vinculados a hechos previos en territorio rionegrino y, además, habrían obstaculizado medidas judiciales solicitadas allí, entre ellas un allanamiento. Desde la fiscalía entienden que esa orden fue válida y que los policías de Chubut actuaron en colaboración con autoridades judiciales de otra jurisdicción.

Sobre esa discusión jurídica se montó un hecho concreto mucho más áspero: la reacción armada que, según la acusación, tuvieron los sospechosos al ser interceptados. Salazar lo planteó con una lógica sencilla y a la vez contundente: frente a la voz de alto de un policía identificado, cualquier ciudadano debería detenerse y adecuar su conducta a esa orden; aquí, sostuvo, ocurrió lo contrario. “En este caso respondieron directamente disparando a la humanidad de los funcionarios públicos”, afirmó, y esa frase ordena buena parte de la lectura penal que hoy tiene el expediente.

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Esa secuencia llevó a la fiscalía a encuadrar el hecho como abuso de arma agravado, y no como una tentativa de homicidio. Salazar hizo una precisión jurídica importante para diferenciar ambas figuras y marcó que, aunque uno de los policías escuchó el zumbido de un proyectil cerca de la cabeza, no hubo una lesión concreta que permita forzar otro encastre penal. “No estoy ante un hecho de abuso de arma, no rozó, no lesionó, sino que escuchó el zumbido”, explicó primero para delimitar el dato material, y luego desarrolló por qué, aun así, el caso reviste gravedad: hubo disparos dirigidos contra personal policial sabiendo que se trataba de funcionarios públicos.

La fiscal también conectó este episodio con la información previa que llegaba desde Río Negro, donde los ahora detenidos aparecen mencionados en un hecho todavía más grave. En el relato incorporado a la entrevista, se señaló que esas personas están acusadas de haber baleado una vivienda donde había dos nenas y que uno de los proyectiles impactó en la cabeza de una chica de 11 años, además de herir a otra menor. Esa referencia no integra el hecho ocurrido en Madryn de manera directa, pero ayuda a explicar por qué la División Policial de Investigaciones tomó recaudos extraordinarios al salir a buscarlos y por qué la fiscal insistió en describirlos como personas peligrosas y armadas.

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En medio de esa reconstrucción, Salazar corrigió un dato que circuló en las primeras horas sobre el tipo de armamento usado. Aclaró que no se encontraron armas largas y que el relevamiento hecho después de la inspección ocular permitió hallar un proyectil calibre 9 milímetros, dos vainas servidas, un teléfono celular y un bolso. Dentro de ese bolso, que pudo abrirse en el marco de la búsqueda de armas, apareció otro elemento que abrió una derivación distinta de la causa: marihuana y cocaína, con intervención policial específica en materia de estupefacientes. Las armas, sin embargo, no fueron encontradas, aunque la fiscal sostuvo que sí existe información previa sobre personas que se exhibirían con armamento largo en fotografías subidas a redes sociales.

Ese hallazgo de droga y la presencia de un arma de guerra como una pistola 9 milímetros no alteraron, según la fiscal, el núcleo de competencia que hoy retiene la Justicia provincial. Salazar fue terminante cuando le consultaron si convenía desprender el expediente hacia el fuero federal: “Totalmente que no, concretamente no”. La razón, explicó, es que la investigación principal gira alrededor del abuso de arma y de la agresión contra funcionarios policiales, mientras que todo lo vinculado a la ley de estupefacientes corre, en su caso, por andariveles federales específicos.

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Otro aspecto que la fiscal dejó planteado con cierto extrañamiento fue la falta de reacción posterior de las autoridades rionegrinas una vez concretadas las detenciones. Señaló que hizo saber a sus superiores que, después de haber sido encontrados y aprehendidos, no advirtió un interés manifiesto de Río Negro por el resultado inmediato del operativo, y remarcó que se trata de una cuestión llamativa. Esa observación, sumada al pedido de la fiscalía local para que continúen detenidos porque no tienen arraigo ni domicilio en Madryn, deja a la espera de la resolución judicial una consecuencia bien concreta: el caso todavía no terminó de definir ni la situación procesal inmediata de los cuatro sospechosos ni el alcance institucional que tendrá una investigación que empezó a los tiros y sigue abierta sobre varios frentes a la vez.