La fiscalía ya habla de homicidio agravado y sostiene que Ángel sufrió un maltrato feroz

El caso dio un giro con el informe forense preliminar, la detención de la madre biológica y su pareja, y una imputación que ya prevé prisión perpetua.

La investigación por la muerte de Ángel entró en una etapa mucho más grave cuando la fiscalía dejó atrás el terreno de las sospechas iniciales y afirmó que ya reunió un nivel de probabilidad suficiente para llevar a proceso a la madre biológica del nene y a su conviviente. Ese cambio no se apoyó en una intuición ni en una reacción apurada frente al impacto público del caso, sino en la combinación entre un informe forense preliminar y una serie de testimonios de contexto que, según explicó el fiscal Cristian Olazábal en Radio Mitre, permitieron construir una hipótesis judicial del hecho. Con esa base, ambos fueron detenidos y quedaron a la espera de la audiencia de control y formalización.

Olazábal explicó que hasta el viernes el Ministerio Público tenía un cuadro de sospechas centrado en Mariela Altamirano y Maicol González, pero que todavía no contaba con los elementos necesarios para pedir una detención y formular cargos. La situación cambió en las últimas horas, cuando la médica forense entregó un informe preliminar que, aunque todavía no es definitivo, permitió fortalecer la línea acusatoria con un grado de consistencia que la norma procesal exige para avanzar. “Hasta ese momento eran solamente sospechas”, dijo el fiscal, antes de remarcar que en los dos últimos días lograron reunir “indicios unívocos” para someter a proceso a los detenidos.

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La pieza que empujó ese salto fue el estudio forense inicial, todavía pendiente de complementarse con análisis de histopatología y toxicología. Olazábal aclaró que esos exámenes serán los que permitan determinar la causa eficiente de la muerte con mayor precisión técnica, pero al mismo tiempo sostuvo que el informe ya trazó una hipótesis probable de lo ocurrido. A eso se sumó una colección de testimonios de referencia que, aunque no constituyen prueba directa porque el hecho ocurrió en la intimidad de un domicilio, fueron suficientes para cerrar una primera reconstrucción penal del caso.

La fiscalía encuadró esa reconstrucción dentro de una figura especialmente grave. Olazábal dijo que contextualizó lo sucedido bajo lo que se conoce como “síndrome del niño maltratado”, al que describió como una acumulación de lesiones sufridas por un niño como consecuencia de golpes o maltrato físico. Desde esa lectura, sostuvo que ese cuadro fue el que “ha desencadenado para nosotros en el resultado muerte de Ángel”, y por eso adelantó que la atribución de responsabilidad será por homicidio agravado, bajo el artículo 80 inciso primero, una calificación que tiene expectativa de prisión perpetua.

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En ese punto, la acusación no distribuye el peso penal de manera aislada entre uno y otro imputado, sino que plantea una responsabilidad conjunta bajo la idea de coautoría. El fiscal precisó que, en el caso del padrastro, la hipótesis es la de quien habría ejecutado la agresión, mientras que para la madre biológica se analiza la figura de la omisión impropia, es decir, la responsabilidad de quien no golpea directamente pero permite que otro lo haga pese a encontrarse en posición de garante. “Nosotros le atribuimos la coautoría”, explicó Olazábal, antes de señalar que el proceso recién se inicia y que la investigación preparatoria tendrá un plazo de seis meses para reunir prueba y definir si se avanza hacia una acusación formal más robusta.

Uno de los datos más fuertes que dejó la entrevista fue el nivel de lesiones detectadas en la cabeza del nene. Consultado por versiones periodísticas que hablaban de más de veinte impactos, el fiscal confirmó parcialmente ese dato y dijo que podía adelantar “20 traumas internos en distintas regiones del cráneo”. Para el Ministerio Público, esa multiplicidad de lesiones no remite a un episodio aislado sino a un maltrato repetido, y además permite inferir que el cuadro tuvo signos visibles o síntomas que no fueron atendidos ni exteriorizados a tiempo. “Todas estas lesiones tuvieron que tener sintomatología y esto se ocultó”, agregó, reforzando así la hipótesis de una violencia sostenida y de una conducta posterior orientada a encubrirla.

Ese posible encubrimiento aparece también en otro dato incorporado a la causa durante el fin de semana. Olazábal confirmó que el domingo por la mañana ingresó información vinculada a la quema de ropa de Ángel luego de su ingreso al hospital, y sostuvo que existen “indicios que lo corroboran”. La afirmación no quedó en un comentario lateral, porque el fiscal explicó que ese elemento fue tenido en cuenta para solicitar la detención bajo la idea de un eventual entorpecimiento en la averiguación de la verdad. La sospecha de que pudieron haberse eliminado rastros materiales refuerza, entonces, no sólo la gravedad del hecho investigado sino también el argumento para mantener a los imputados bajo una medida de coerción.

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Durante la entrevista también se abrió otro frente sensible: el posible papel que pudo haber tenido el sistema de familia en la secuencia que terminó con la muerte del nene. Olazábal evitó adelantar juicios personales sobre el juzgado o sobre la actuación de otros organismos, pero dejó una puerta judicial abierta si del expediente penal se desprenden conductas delictivas de funcionarios públicos. En ese caso, dijo, se pondría en conocimiento al procurador general para que otros fiscales impulsen la investigación y se preserve la objetividad del Ministerio Público, además de dar intervención a los organismos de control correspondientes.

La fiscalía pedirá en la audiencia la medida más severa disponible en esta etapa: que ambos permanezcan detenidos mientras avance la investigación preparatoria. Olazábal explicó que el sistema acusatorio de Chubut prevé primero la comunicación formal del hecho, el plazo para investigar y, junto con ello, la eventual solicitud de prisión preventiva. En paralelo, aclaró que los imputados podrán declarar si así lo desean o hacer uso de su derecho a guardar silencio, mientras que la defensa, por ahora, sigue en manos de defensores públicos.