Caso Adorni: declararon las acreedoras y reclaman USD 70 mil, investigan el origen del dinero
Actualidad13/04/2026
REDACCIÓNLas acreedoras ratificaron la deuda ante el fiscal y aportaron documentos, mientras la causa avanza sobre operaciones inmobiliarias y movimientos financieros.
El expediente judicial que involucra al jefe de Gabinete suma nuevos elementos tras la declaración de dos testigos clave que reclaman un monto significativo en dólares. La causa incorpora documentación y movimientos financieros que ahora quedan bajo análisis de la fiscalía. La situación expone un entramado de préstamos privados y operaciones inmobiliarias que amplían el alcance de la investigación.
Las testigos Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio se presentaron en Comodoro Py y confirmaron que el funcionario mantiene una deuda de 70 mil dólares más intereses, con vencimiento previsto para noviembre de este año. Ambas evitaron el contacto con la prensa y permanecieron cerca de tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita. Al retirarse, dejaron incorporados al expediente chats y documentación vinculada al préstamo.
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El vínculo financiero entre las partes se remonta a un préstamo original de 100 mil dólares, realizado en efectivo cuando el actual jefe de Gabinete aún se desempeñaba como vocero presidencial. La operación incluyó una garantía hipotecaria sobre un departamento ubicado en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Ese esquema contractual forma parte de los elementos que ahora revisa la Justicia.
La distribución del dinero prestado también quedó detallada en la causa, ya que Molina aportó 85 mil dólares mientras que su hija contribuyó con los 15 mil restantes. El acuerdo contemplaba una devolución en un plazo de dos años con una tasa de interés anual del 11%. Ese compromiso inicial explica los pagos parciales que el funcionario comenzó a realizar meses después.
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Según surge de la investigación, Adorni abonó inicialmente cuotas mensuales de 900 dólares, correspondientes a intereses, desde noviembre de 2024. Con el paso del tiempo, ese monto se redujo a 600 dólares, luego de que el funcionario cancelara parte del capital mediante un pago directo de 30 mil dólares. Esa reducción dejó como saldo el monto actualmente reclamado por las acreedoras.
La causa no se limita al préstamo sino que se extiende a las operaciones inmobiliarias realizadas con esos fondos. De acuerdo con los datos incorporados, el dinero habría sido utilizado para adquirir una propiedad en Indio Cuá durante el mismo período. La transacción incluyó un depósito en una entidad bancaria y una posterior transferencia al vendedor del inmueble.
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El expediente también incorpora el rol de una escribana que habría facilitado el vínculo entre las partes. Parte de los intercambios por mensajería quedaron anexados como prueba en la investigación. Esos elementos buscan reconstruir cómo se originó el acuerdo y bajo qué condiciones se concretó.
En paralelo, la fiscalía impulsó medidas para determinar la capacidad económica de todos los involucrados y el origen de los fondos utilizados. El juez Ariel Lijo autorizó levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario, su esposa y las acreedoras. El objetivo es verificar si los recursos declarados respaldan las operaciones registradas.
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Las testigos brindaron detalles sobre el origen del dinero que prestaron, al señalar que proviene de ahorros personales, un proceso sucesorio y una demanda por diferencias salariales. Esas explicaciones quedaron asentadas en la causa y serán contrastadas con la información solicitada a organismos fiscales. El análisis apunta a establecer la consistencia patrimonial de cada parte.
La investigación continuará con nuevas declaraciones previstas para los próximos días, vinculadas a otra operación inmobiliaria del funcionario. En ese caso, se trata de la compra de un departamento en Caballito con una deuda pendiente de 200 mil dólares, sin intereses, a cancelar también en noviembre. Ese calendario de vencimientos concentra ahora la atención judicial sobre la evolución de los compromisos financieros.
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