Organizaciones por discapacidad fueron a Economía y exigieron fondos para sostener prestaciones
Actualidad14/04/2026
REDACCIÓNReferentes del sector llevaron una nota al Ministerio para reclamar transferencias urgentes a Incluir Salud y recursos que permitan sostener la emergencia vigente en discapacidad.
La situación de las prestaciones vinculadas a discapacidad volvió a empujar un reclamo directo frente al Ministerio de Economía, donde organizaciones del sector pidieron respuestas presupuestarias inmediatas para evitar un mayor deterioro del sistema. Integrantes del Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se presentaron en la sede de la cartera que conduce Luis Caputo con una nota formal y un planteo concreto: que se transfieran los fondos necesarios para garantizar la continuidad de pagos y prestaciones.
La presentación se realizó en el edificio de Hipólito Yrigoyen 250, en la ciudad de Buenos Aires, y buscó poner el foco en un problema que, según sostienen las entidades, ya afecta el funcionamiento cotidiano de numerosas instituciones. El reclamo no giró en torno a una demanda futura o eventual, sino a la necesidad de que se ejecute de manera inmediata una asignación presupuestaria que permita sostener servicios que hoy dependen de esos recursos para seguir operando.
Uno de los ejes principales del pedido estuvo en la situación del Programa Federal Incluir Salud. Las organizaciones reclamaron que se efectivicen cuanto antes las transferencias correspondientes para que puedan realizarse en tiempo y forma los pagos por prestaciones brindadas a beneficiarios de Incluir Salud, Pensiones No Contributivas y afiliados de PAMI. La advertencia apunta a que esos servicios se sostienen con fondos previstos dentro del marco de la Ley 24.901, de modo que cualquier demora repercute de forma directa sobre la atención.
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El planteo no quedó limitado a la cuestión administrativa de una partida o una transferencia específica. También incluyó un reclamo más amplio para que se aseguren los recursos necesarios destinados a la plena ejecución de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Para las organizaciones, esa cobertura presupuestaria resulta decisiva no solo para responder a la coyuntura, sino para evitar un deterioro mayor de un sistema que, aseguran, ya se encuentra bajo fuerte tensión.
En el comunicado difundido durante la protesta, el sector remarcó la gravedad del cuadro que viene atravesando. Allí señalaron: “La emergencia en discapacidad continúa vigente y afecta seriamente la sostenibilidad de numerosas instituciones, muchas de las cuales se encuentran hoy en una situación crítica que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones”. Esa definición resume el tono del reclamo, porque desplaza la discusión desde el plano contable hacia el riesgo concreto de interrupción en la atención.
La movilización frente a Economía buscó también mostrar que la discusión no afecta solo a estructuras prestadoras, sino a las personas que dependen de esos servicios para su vida cotidiana. En ese punto, las organizaciones intentaron correr el eje de una lectura puramente técnica del presupuesto y ubicar el tema dentro del campo de los derechos. Lo que está en juego, según advierten, no es solamente el equilibrio financiero de instituciones, sino la continuidad de apoyos, tratamientos y prestaciones esenciales.
Ese enfoque aparece ligado a una preocupación que ya no se presenta como aislada. Las entidades advierten que el sistema prestacional arrastra dificultades que se profundizaron hasta colocar a muchas instituciones en una zona crítica. El pedido de recursos urgentes, entonces, no busca corregir una demora menor, sino evitar que el deterioro financiero termine rompiendo la red que sostiene la atención de miles de personas.
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En la misma línea, el documento destacó la importancia de que el reclamo no quede circunscripto a quienes lo impulsaron. Las organizaciones sostuvieron: “Contar con la presencia y el acompañamiento del sector resulta fundamental para fortalecer este reclamo colectivo en defensa de las personas con discapacidad y de las instituciones que sostienen su atención”. La frase buscó reforzar la idea de una demanda compartida y no de un planteo sectorial restringido.
La presentación ante el Ministerio dejó así una señal de presión política y presupuestaria sobre una problemática que combina derechos, financiamiento y sostenibilidad institucional. Las organizaciones fueron a Economía con un pedido puntual, pero también con una advertencia de fondo sobre el estado del sistema. El mensaje que dejaron fue claro: sin transferencias y sin ejecución real de la emergencia, las prestaciones corren riesgo y la crisis puede agravarse todavía más.
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