El Superior Tribunal intervino las áreas que dependen de los Juzgados de familia de Comodoro Rivadavia
Chubut14/04/2026
REDACCIÓNLa medida ordena auditar durante 60 días el funcionamiento del equipo que asiste a los juzgados de Familia en la zona sur y exige informes semanales.
El funcionamiento cotidiano de los juzgados de Familia en Comodoro Rivadavia quedó bajo revisión directa luego de que el Superior Tribunal de Justicia del Chubut dispusiera la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario que actúa como soporte en esa jurisdicción. La decisión impacta en un área que interviene en situaciones sensibles vinculadas a violencia familiar y de género, donde los tiempos de respuesta resultan determinantes. El proceso se extenderá durante dos meses y estará bajo supervisión de la Cámara de Apelaciones local.
La resolución se formalizó mediante el Acuerdo Plenario N° 5659/2026, firmado por unanimidad por los seis ministros del máximo órgano judicial provincial. En ese documento se establece “la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario de la Circunscripción Judicial N° II de la ciudad de Comodoro Rivadavia” con el objetivo de revisar su desempeño. La medida se inscribe en un esquema de control institucional que busca verificar el cumplimiento de funciones asignadas por normativa vigente.
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El dispositivo elegido para ejecutar la intervención coloca al frente a la presidenta de la Cámara de Apelaciones de esa circunscripción, la Dra. María Marta Nieto, quien ejercerá la supervisión en el marco de facultades delegadas. La designación no solo implica una conducción administrativa, sino también la responsabilidad de reorganizar procedimientos internos y evaluar la eficacia operativa del equipo técnico. La intervención adquiere así un carácter activo más allá de la mera auditoría.
El acuerdo precisa que el proceso incluirá “la correspondiente auditoria y contralor del debido cumplimiento de las misiones y funciones encomendadas a ese organismo por la normativa vigente”, lo que implica revisar tanto aspectos técnicos como administrativos. Este control abarcará la manera en que el equipo interviene en causas judiciales y su coordinación con los juzgados de Familia. La evaluación busca detectar desvíos o falencias que afecten el funcionamiento integral del sistema.
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En paralelo, se estableció un esquema de seguimiento continuo que obliga a la Cámara de Apelaciones a reportar avances. El texto indica que deberá “elevar semanalmente un informe a este Superior Tribunal de Justicia dando cuenta de su evolución”, lo que introduce un monitoreo constante sobre el desarrollo de la intervención. Este mecanismo pretende evitar dilaciones y garantizar trazabilidad en las decisiones adoptadas.
El proceso contará con apoyo técnico específico para reforzar la evaluación del área intervenida. Se dispuso la participación de la Lic. Valentina Kresteff, coordinadora técnica de los equipos interdisciplinarios, junto con la Lic. Gisela Ochoa, funcionaria del Superior Tribunal. Ambas profesionales aportarán criterios especializados para analizar el desempeño del equipo en terreno y su adecuación a los protocolos vigentes.
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La medida se vincula con cambios previos en el sistema judicial vinculados a violencia familiar y de género. En los fundamentos se mencionan acuerdos plenarios anteriores que introdujeron modificaciones en el esquema de guardias, lo que sugiere que el funcionamiento del equipo técnico se encuentra dentro de un proceso más amplio de revisión estructural. Esa articulación entre normas recientes y control actual aparece como un eje central del análisis.
Además, el documento alude a “el lamentable acontecimiento acaecido en la ciudad de Comodoro Rivadavia en las últimas horas, que es de público conocimiento”, sin detallar el hecho específico. La referencia introduce un elemento de urgencia que contextualiza la decisión y refuerza la necesidad de revisar el funcionamiento del organismo intervenido. La intervención se presenta así como una respuesta institucional frente a una situación reciente.
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El Equipo Técnico Interdisciplinario cumple un rol central en la evaluación de casos complejos, donde intervienen variables sociales, psicológicas y familiares que inciden en decisiones judiciales. Su desempeño incide directamente en la resolución de medidas de protección, regímenes de cuidado y situaciones de riesgo. Por eso, la revisión de su funcionamiento adquiere relevancia más allá del plano administrativo.
El plazo de 60 días marca un horizonte acotado para producir resultados concretos, aunque el impacto de la intervención dependerá de las conclusiones que surjan de los informes semanales. La posibilidad de introducir cambios estructurales o redefinir prácticas quedará sujeta a ese proceso de evaluación continua. Mientras tanto, el funcionamiento del área seguirá bajo supervisión directa del máximo tribunal, con un margen reducido para desvíos operativos.
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