Sin denuncias contra jueces tras el crimen de Ángel y crece la presión social
Chubut15/04/2026
Sergio BustosEl impacto por el crimen de Ángel sigue generando repercusiones más allá de la causa penal. En medio de la conmoción social en Comodoro Rivadavia, el foco empieza a correrse hacia el funcionamiento del sistema judicial y las responsabilidades que podrían haber existido antes del desenlace fatal.
Por ahora, ese cuestionamiento no tiene correlato formal. La presidenta del Consejo de la Magistratura de Chubut, Lucía Pettinari, confirmó que no se registraron denuncias contra jueces o funcionarios que intervinieron en instancias previas vinculadas al entorno familiar del niño. La ausencia de presentaciones marca un contraste con el fuerte reclamo social que se instaló tras el caso.
“Como presidenta del Consejo de la Magistratura, le digo que este es un órgano en el cual las denuncias son tratadas con la seriedad que corresponde”, sostuvo Pettinari al referirse al rol institucional del organismo. La aclaración apunta a explicar por qué, pese a la exposición pública del caso, no se activaron mecanismos formales de revisión.
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El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de analizar el desempeño de jueces y funcionarios judiciales, pero su intervención depende exclusivamente de denuncias concretas. En ese sentido, Pettinari remarcó que hasta el momento no existen presentaciones contra magistrados del fuero de Familia ni del ámbito penal que hayan tenido contacto con situaciones vinculadas al niño.
El escenario, sin embargo, está lejos de ser neutro. La presión social crece y pone en discusión el accionar previo del sistema, especialmente en áreas sensibles como Familia, donde suelen tramitarse conflictos que pueden derivar en situaciones de riesgo. Aun así, la funcionaria insistió en sostener el encuadre institucional frente a la tensión.
“Entiendo la angustia que le ha generado a nuestra ciudad este hecho. Apoyo la institucionalidad, con lo cual vamos a tener que esperar a ver cómo transcurre el devenir de los magistrados y de las causas en trámite”, expresó, dejando en claro que cualquier avance dependerá de los canales formales.
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Uno de los principales límites para analizar el desempeño judicial está dado por el carácter reservado de las actuaciones en el fuero de Familia. Esa condición impide que se conozcan detalles del seguimiento previo del caso y condiciona también las evaluaciones públicas sobre posibles responsabilidades.
En esa línea, Pettinari evitó emitir opiniones sobre colegas que pudieron haber intervenido. “Las causas del fuero de Familia tienen carácter confidencial y reservado. Tengo varios magistrados que han intervenido en esta causa y esa opinión me la voy a reservar”, afirmó, marcando una postura de cautela frente a un escenario sensible.
Mientras tanto, la causa penal avanza por su propio carril. La investigación por el homicidio agravado de Ángel tiene como imputados a su madre biológica y al padrastro, quienes permanecen bajo proceso judicial. Ese expediente es el que concentra, por ahora, las decisiones inmediatas de la Justicia.
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El futuro de posibles investigaciones administrativas dependerá de si se presentan denuncias formales por mal desempeño. En ese caso, el Consejo de la Magistratura deberá intervenir y analizar la conducta de los magistrados involucrados. Hasta entonces, el reclamo social se mantiene en la calle, pero sin traducción en expedientes.
La situación deja expuesta una tensión que atraviesa al sistema judicial: la distancia entre la demanda pública de respuestas rápidas y los tiempos institucionales que requieren procedimientos formales. En el medio, el caso de Ángel sigue siendo el eje de una discusión que aún no encuentra resolución.
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