Bosque nativo: Desmontar ya no saldría con una multa, impulsan penas de hasta 10 años de cárcel

Actualidad15/04/2026

Un proyecto que circula en el Senado busca castigar con prisión la destrucción de bosques nativos, ampliar responsabilidades y endurecer sanciones para funcionarios.

La discusión sobre los bosques nativos empezó a correrse de las multas hacia el terreno penal. Un proyecto de ley que ya circula en el Senado propone que la tala, el desmonte y la degradación de estos ecosistemas dejen de ser castigados sólo con sanciones económicas y pasen a tener penas de prisión. Si prospera, los casos más graves podrían recibir condenas de hasta 10 años de cárcel.

El cambio que intenta instalar la iniciativa no es menor, porque apunta a modificar la lógica con la que hasta ahora se persiguieron estos daños ambientales. La lectura que atraviesa el texto es que el sistema vigente no alcanza para frenar la destrucción. Por eso, el proyecto plantea que la respuesta del Estado deje de concentrarse en el castigo administrativo y avance sobre la responsabilidad penal.

El argumento central del expediente está expuesto de manera directa en una de sus frases más fuertes. Allí se sostiene que “aplicadas las multas de rigor, los responsables las pagan y la tala ilegal continúa”. Esa idea resume el corazón político del proyecto: la convicción de que, si el costo de destruir bosque es sólo económico, el negocio sigue funcionando igual.

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La iniciativa lleva la firma del senador rionegrino Martín Soria y propone crear un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo. La apuesta no pasa sólo por agravar castigos, sino por tipificar delitos específicos vinculados con prácticas que hasta ahora no encontraban una respuesta penal clara y proporcional. De ese modo, la discusión deja de ser únicamente ambiental y se mete de lleno en el diseño del sistema punitivo.

Uno de los datos que sostiene esa ofensiva legislativa es la magnitud de la pérdida acumulada en el país. Según los números citados en el proyecto, en la última década la Argentina perdió cerca de 2,1 millones de hectáreas de bosques nativos. Ese volumen funciona como telón de fondo para justificar que el daño ya no puede ser leído como una suma de episodios aislados.

El texto también conecta esa discusión con un escenario mucho más cercano y todavía fresco en la memoria pública. Señala que entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se quemaron más de 32.000 hectáreas en la Patagonia, incluyendo áreas protegidas y parques nacionales. Ese episodio aparece mencionado como un “antecedente ineludible” para dimensionar el aumento del daño ambiental y la necesidad de respuestas más severas.

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Otro punto importante del proyecto es que no se queda solamente en quienes ejecutan materialmente el desmonte. También incorpora a los funcionarios públicos que participen, habiliten o faciliten estas prácticas de manera irregular. En esos casos, además de la pena de prisión, se prevé la inhabilitación para ejercer cargos públicos, una señal de que la iniciativa quiere alcanzar tanto al brazo privado como al estatal.

El endurecimiento también sube de tono cuando aparecen determinadas circunstancias agravantes. El proyecto contempla penas mayores si las acciones se realizan con fines económicos, si generan riesgo para la vida humana o si afectan de manera grave la salud pública. A eso se suma otra variable clave: el castigo podría crecer todavía más cuando el daño derive en consecuencias como la erosión del suelo o la alteración del régimen hídrico.

Lo que empieza a discutirse, entonces, no es sólo una ley nueva, sino una forma distinta de leer la destrucción del monte nativo. La iniciativa busca que desmontar deje de parecer una infracción absorbible dentro del costo de hacer negocios y pase a ser un delito con consecuencias penales reales. En un país que perdió millones de hectáreas y que todavía arrastra el impacto de incendios recientes, la pelea de fondo ya no está en si hay daño, sino en cuánto está dispuesto el Estado a castigar a quienes lo producen.