Una causa por $75.000 millones suma indagatorias y deja al descubierto una trama que crece
Actualidad15/04/2026
REDACCIÓNLa investigación por presunta corrupción en la ANDIS amplía el número de implicados y pone el foco en un entramado que involucra funcionarios y empresarios.
La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) volvió a tomar impulso con una decisión judicial que amplía el alcance del expediente. El llamado a indagatoria a 29 personas marca un nuevo avance en un caso que ya tenía a exfuncionarios y empresarios bajo la lupa, y que ahora suma nuevas instancias clave en la etapa de investigación.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 dispuso que las declaraciones se realicen entre el 28 de abril y el 26 de mayo, en línea con el pedido de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez. La medida alcanza tanto a nuevos involucrados como a personas que ya habían sido procesadas y deberán ampliar su testimonio en el marco de la causa.
Entre los nombres más relevantes aparece nuevamente el del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado. Junto a él también deberán declarar el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, y Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto intermediario entre empresarios y funcionarios del sector.
La investigación apunta a desentrañar un esquema que, según la hipótesis judicial, funcionaba de manera organizada para desviar fondos públicos. El juez Ariel Lijo describió el presunto mecanismo con una definición que resume el eje del expediente: “La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”.
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El volumen de dinero bajo análisis es uno de los aspectos más sensibles del caso. De acuerdo con los datos que figuran en la causa, las maniobras investigadas habrían implicado movimientos por más de $75.000 millones, fondos que tenían origen en recursos estatales y que, según la sospecha judicial, terminaron en manos de un grupo reducido de actores privados.
A la par del avance de las indagatorias, el juzgado dispuso una medida que busca evitar posibles maniobras con el patrimonio de los imputados. Se trata de la inhibición general de bienes para personas y empresas involucradas, una decisión que apunta a preservar activos mientras se profundiza la investigación.
El magistrado fundamentó esa resolución en el riesgo de que los bienes vinculados a la causa puedan ser ocultados o transferidos. En ese sentido, advirtió: “Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos”.
El expediente no se limita a funcionarios públicos, sino que también alcanza a un conjunto amplio de actores del sector privado. La causa busca reconstruir un entramado que involucra a más de 20 empresarios, vinculados principalmente a laboratorios y droguerías, que habrían tenido participación en las operaciones investigadas.
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En el caso de Spagnuolo, la situación judicial ya había dado un paso previo con su procesamiento por delitos como cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Esa instancia no cerró el caso, sino que ahora se amplía con nuevas declaraciones que podrían aportar más elementos sobre el funcionamiento del esquema.
El avance de la causa abre una etapa donde la reconstrucción de los vínculos y circuitos de dinero se vuelve central. Las indagatorias permitirán contrastar versiones, profundizar líneas de investigación y determinar responsabilidades en un expediente que combina decisiones administrativas, intereses privados y movimientos millonarios.
Con este nuevo impulso judicial, el caso ANDIS se consolida como uno de los expedientes más complejos en materia de presunta corrupción vinculada a políticas públicas. La secuencia de medidas adoptadas en los últimos días deja en claro que la investigación sigue abierta y que todavía quedan piezas por encajar dentro de un entramado que la Justicia intenta desarmar.
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