Cruces, críticas y tensión en el Senado por la ley de propiedad privada que impulsa el Gobierno
Política16/04/2026
Sergio BustosEl debate por el proyecto de propiedad privada que impulsa el Gobierno nacional sumó este martes un capítulo cargado de tensión en el Senado. Referentes sociales, especialistas y dirigentes políticos expusieron fuertes cuestionamientos en un plenario de comisiones atravesado por cruces entre oficialismo y oposición.
El punto más álgido de la jornada se dio durante el intercambio entre la ministra bonaerense de Ambiente, Daniela Vilar, y la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich. El contrapunto dejó en evidencia el clima que rodea a una iniciativa que todavía no logra reunir consensos.
La discusión se desarrolló en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General, donde el oficialismo busca avanzar con el proyecto. La intención es emitir dictamen la próxima semana, aunque esa posibilidad depende del respaldo de bloques dialoguistas.
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El eje del proyecto gira en torno a la defensa de la propiedad privada, pero incluye cambios sensibles que generaron rechazo. Entre ellos aparecen modificaciones al régimen de regularización dominial de barrios populares y la eliminación de límites para la compra de tierras por parte de extranjeros.
Durante su exposición, Vilar cuestionó el enfoque de la iniciativa y lanzó una frase que desató la reacción inmediata del oficialismo. Sostuvo que se “necesita tener presa” a Cristina Fernández de Kirchner para avanzar con leyes que, según su mirada, afectan la soberanía.
Bullrich respondió con dureza y acusó a la funcionaria de utilizar el ámbito legislativo con fines políticos. “Estamos en veredas enfrente”, afirmó, y agregó que el oficialismo defiende “a los ciudadanos comunes”. También cuestionó la situación en la provincia de Buenos Aires al señalar que allí existen altos niveles de usurpaciones.
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Más allá del cruce, las críticas al proyecto fueron reiteradas por distintos expositores. El constitucionalista Daniel Sabsay advirtió que la iniciativa genera dudas en relación con la protección ambiental y la urbanización de barrios populares, además de no contemplar el problema habitacional en el contexto actual.
Desde organizaciones sociales, el rechazo fue directo. El titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, sostuvo que la propuesta establece “el régimen de desalojo más agresivo de América Latina” y vinculó la situación con el aumento sostenido de los alquileres en los últimos años.
En la misma línea, representantes de barrios populares plantearon que la iniciativa no aborda las carencias estructurales. Luciano Celsi, de Bariloche, aseguró que la mayoría de las familias en esos sectores no cuenta con acceso a servicios básicos como agua, cloacas o gas.
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El debate también incluyó advertencias sobre posibles impactos ambientales. Desde el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro, Paulino Inalaf, planteó dudas sobre cómo se respondería ante un eventual aumento de incendios vinculados a intereses inmobiliarios.
Entre las pocas voces a favor, el abogado Mariano Marcucci defendió el proyecto al considerar que fortalece las garantías individuales y el control judicial sobre las facultades del Estado.
Mientras tanto, el oficialismo intenta sostener el impulso legislativo en un escenario de fuerte resistencia. La definición sobre el dictamen dependerá de negociaciones que continúan abiertas y que serán clave para el futuro del proyecto.
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