Causa pingüinos: la defensa de La Regina va al Superior con fuertes objeciones al fallo

Federico Ruffa anticipó que impugnará la condena por Punta Clara con cuestionamientos a la prueba, a la lógica de la acusación y al tribunal.

La causa de Punta Clara volverá a moverse la próxima semana en una instancia decisiva para la defensa de Ricardo La Regina. El abogado Federico Ruffa confirmó en una entrevista con #LA17 que presentará la impugnación ante el Superior Tribunal de Justicia, con una estrategia centrada en discutir la consistencia del fallo condenatorio y en volver sobre puntos que, a su entender, quedaron mal resueltos durante el proceso. En su planteo, lo que está en juego no es solo una revisión extraordinaria, sino la posibilidad de exponer fallas de lógica, de prueba y de imparcialidad.

Ruffa explicó que la audiencia servirá para insistir con una serie de objeciones que ya había esgrimido en etapas anteriores, aunque ahora dentro de un marco más acotado. Dijo que el objetivo será discutir “las inconsistencias lógicas” de la postura fiscal y del modo en que esa postura fue receptada por el tribunal que condenó a su defendido. Esa definición ordena el eje de su argumento: no apunta solamente a cuestionar una valoración probatoria, sino la estructura entera con la que se construyó la responsabilidad penal de La Regina.

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Dentro de esa línea, el defensor sostuvo que el expediente no acreditó la muerte de pingüinos ni la destrucción de nidos u huevos en los términos con que el caso fue presentado públicamente. Según su reconstrucción, lo que sí quedó probado fueron dos movimientos de suelo diferentes, uno realizado fuera de la temporada de pingüinos y otro de unos mil metros cuadrados ubicado lejos del mar, vinculado a un tajamar que buscaba contener el desplazamiento de ganado por un conflicto vecinal. Desde esa lectura, la defensa intenta separar el impacto mediático del caso de lo que efectivamente, según afirma, quedó incorporado al expediente.

El punto más fuerte de su crítica aparece en la ausencia de rastros materiales. Ruffa remarcó que, de acuerdo con un testimonio citado en la causa, en el lugar “no había un pico, no había una pluma, no había heces, no había una cáscara de huevo”. A partir de esa frase, el abogado sostuvo que la acusación construyó una hipótesis difícil de sostener en términos físicos, al atribuir la desaparición total de una masa orgánica que, siempre según su planteo, debió haber dejado algún vestigio visible en un lapso muy corto.

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Esa discusión sobre la materialidad del hecho se combina con otra objeción que la defensa considera central. Ruffa afirmó que la explicación técnica sobre cómo se habría producido el daño no estaba desarrollada en la acusación original y que fue tomando forma a medida que avanzaba el juicio. Bajo esa interpretación, la Fiscalía fue acomodando su teoría para sostener una imputación que, según el defensor, presentaba debilidades desde el inicio.

El abogado también cargó contra la conformación del tribunal que dictó la condena. Sostuvo que una de las juezas había sido designada de manera irregular y luego cuestionada por el Poder Ejecutivo, que otra tenía vínculos familiares con integrantes de ese mismo poder y que uno de los magistrados actuaba condicionado por una lógica de exposición pública. Esa parte de su planteo incorpora una dimensión más amplia que la de la mera prueba: la defensa busca instalar que la causa quedó atravesada por un clima ajeno a la serenidad judicial que requiere una sentencia penal.

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Ruffa vinculó ese expediente con otros episodios recientes de la vida judicial chubutense para reforzar la idea de un funcionamiento condicionado por intereses y presiones. Habló de detenciones que después no encontraron sustento, de intervenciones en contextos políticamente sensibles y de decisiones que, según su visión, respondieron a razones equivocadas. En ese marco, deslizó que La Regina terminó arrastrado por una dinámica de poder que excedía el caso puntual y que, a su criterio, terminó perjudicando la posibilidad de un juicio equilibrado.

La entrevista también dejó otro elemento de defensa política y simbólica de su cliente. Ruffa afirmó que La Regina no puede ser presentado como un enemigo del ambiente y sostuvo que su historial de protección ambiental en el campo supera al de varios de sus acusadores públicos. En ese mismo tramo, introdujo una comparación incómoda para el funcionamiento institucional al señalar que hubo movimientos de suelo en áreas protegidas y denuncias por efluentes cloacales en Punta Tombo que, según dijo, no tuvieron reacción del Ministerio Público Fiscal.

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La próxima audiencia ante el Superior Tribunal de Justicia aparece así como una instancia donde la defensa buscará correr la discusión del impacto político del caso hacia la estructura concreta de la condena. Ruffa pretende que el tribunal revise la falta de prueba material, la forma en que se construyó la hipótesis acusatoria y el contexto institucional en el que se dictó el fallo. Esa combinación muestra que la estrategia no se limita a una apelación técnica, sino que apunta a desarmar la legitimidad jurídica del proceso en su conjunto.

Lo que defina el Superior tendrá efectos directos sobre la situación de La Regina, pero también dejará una señal sobre la solidez con la que la Justicia provincial procesa causas de alta sensibilidad pública. La defensa llega a esa instancia con un discurso de fuerte confrontación y con un cuestionamiento integral al expediente. Si esos planteos no prosperan, la condena quedará respaldada; si encuentran recepción, el caso volverá a exponer con más fuerza la disputa sobre prueba, imparcialidad y credibilidad institucional que ya rodea a Punta Clara.