La muerte de Ángel empujó una denuncia sobre las psicólogas que avalaron la revinculación

La presentación de Fundación Más Vida corrió el foco hacia los informes técnicos que respaldaron la tenencia materna y abrió otro frente judicial.

La causa por la muerte de Ángel López ya no se mueve sólo sobre el expediente penal que terminó con la detención de su madre y de la pareja de ella. Ahora sumó otra derivación: la Fundación Más Vida denunció a las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín, a quienes señala por los informes que favorecieron que el nene fuera a vivir con su madre en Comodoro Rivadavia. La discusión, desde ese punto, dejó de mirar únicamente el desenlace y empezó a revisar también la cadena de decisiones previas.

Ese corrimiento del eje no modifica la situación procesal de Mariela Altamirano y de su pareja, que siguen detenidos con prisión preventiva en la causa por homicidio. Lo que sí hace es retroceder sobre el tramo anterior al crimen y poner bajo examen el material técnico que intervino en la disputa por la tenencia. La nueva denuncia, entonces, no reemplaza la investigación por la muerte de Ángel: agrega una segunda pregunta sobre quiénes respaldaron el regreso del chico al hogar materno.

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Según la presentación atribuida a la fundación, el punto más sensible está en el peso que tuvieron esos informes dentro del expediente de familia. Desde ese espacio sostienen que fueron “claves” para que se resolviera que el cuidado del niño quedara en manos de la madre, pese a las advertencias que, aseguran, ya circulaban sobre su situación. La denuncia intenta convertir ese señalamiento social en un planteo penal concreto.

La imputación que la fundación dice haber formulado apunta a violación de los deberes de funcionario público y a la elaboración de un informe falso o falso testimonio, siempre según la difusión que hizo la propia entidad. En esa línea, sostiene que las profesionales actuaron como peritos designados en la causa de familia y que su intervención no fue accesoria sino determinante para orientar la revinculación. El nuevo frente del caso, por eso, ya no se apoya sólo en el dolor de la familia sino en la discusión sobre la validez técnica de esas pericias.

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La crítica más directa contra las psicólogas se concentra en una omisión puntual. La fundación les atribuye no haber hecho el estudio del entorno donde el nene iba a vivir y resume esa falencia con una frase que quedó en el centro del cuestionamiento: “no realizaron el informe ambiental”. Desde esa acusación derivan otra conclusión más amplia: que las profesionales “ni siquiera conocían las condiciones” en las que Ángel quedaría alojado.

Ese planteo se enlaza con otros datos que la denuncia reúne para sostener que la revinculación no debió avanzar como avanzó. Allí aparecen la afirmación de que Altamirano ya había abandonado a Ángel cuando era muy chico, la referencia a que la Justicia le había quitado antes la tenencia de otro hijo y la descripción de una vivienda precaria donde, según distintos reportes periodísticos, la familia dependía de un comedor barrial para asegurar al menos una comida diaria. Puestas juntas, esas piezas buscan mostrar que el problema no era un detalle de procedimiento, sino la lectura del contexto en el que el niño quedaba inserto.

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La denuncia también se cruza con otra señal que apareció fuera del juzgado y antes del final de la historia. Un informe escolar incorporado a la causa dejó asentado que Ángel se mostraba “enojado y angustiado” en los días previos a mudarse con su mamá, y ese registro surgió en paralelo a un cambio abrupto en su comportamiento. La maestra plasmó esas observaciones antes de que el chico dejara el jardín, de modo que ese documento pasó a tener valor como indicio de un deterioro que alguien había alcanzado a ver.

Lo que vuelve delicada esta nueva derivación es que no se discute una opinión menor ni una intervención secundaria. El expediente penal ya fijó un cuadro gravísimo, con prisión preventiva para la madre y su pareja, pero la denuncia contra las psicólogas empuja otra revisión: la de los criterios profesionales que acompañaron una decisión judicial previa. En otras palabras, el caso dejó de preguntar sólo quién golpeó a Ángel y empezó a preguntar también quiénes no advirtieron, o no ponderaron, las señales que debían pesar antes de moverlo de casa.

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Ese es el punto que ahora queda abierto. Si la denuncia avanza, la discusión pasará a centrarse en la responsabilidad técnica e institucional de los informes que respaldaron la revinculación; si no prospera, el cuestionamiento seguirá igual instalado sobre la forma en que se evaluó el interés del niño antes del traslado. La causa por el homicidio ya tiene imputados y una investigación en marcha, pero alrededor de esos hechos crece otra cuenta pendiente: revisar si el sistema que debía proteger a Ángel leyó a tiempo todo lo que tenía enfrente.