Reconocida empresa láctea pidió su quiebra con 1.500 acreedores y salarios todavía impagos

Actualidad16/04/2026

La láctea llevó el pedido a la Justicia de Rafaela después de más de un año en concurso y con una crisis que ya venía achicando plantas, producción y empleo.

SanCor llegó al punto que durante meses intentó evitar y llevó ante la Justicia su propio pedido de quiebra en Rafaela, después de más de un año bajo concurso preventivo y con un pasivo que distintas coberturas ubican en torno a los US$120 millones. La presentación aparece como la admisión de que el concurso dejó de ofrecer una salida viable para una cooperativa que ya venía operando entre salarios impagos, deuda creciente y producción en mínimos. El caso abre ahora una etapa distinta, ya no centrada en cómo reordenar pagos, sino en qué quedará en pie de una marca histórica de la industria láctea argentina.

El dato judicial más pesado del expediente ya estaba planteado antes de este giro. El Poder Judicial de Santa Fe informó al 31 de marzo que el concurso seguía su curso con la sentencia de verificación de créditos, y distintos reportes precisaron que el proceso reunió 1.519 pedidos de verificación sobre un universo mucho mayor de acreedores. En ese cuadro, el concurso ya no mostraba una negociación encaminada, sino una estructura sobrecargada de reclamos, controles y deuda postconcursal.

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La propia empresa había presentado el concurso preventivo en febrero de 2025 con otro tono y otro horizonte. En ese momento, según reprodujeron distintos medios, lo definía como una herramienta que permitiría “una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor”. Poco más de un año después, ese discurso quedó desmentido por los hechos: no aparecieron socios capaces de revertir el deterioro y la operatoria siguió encajonada entre incumplimientos, atrasos salariales y control judicial reforzado.

El movimiento hacia la quiebra también deja al descubierto que el concurso no logró frenar el agravamiento de la crisis. TN Campo informó a comienzos de abril que la deuda postconcursal superaba los $6.349 millones al 31 de enero y que el pasivo crecía a un ritmo cercano a $3.000 millones por mes, mientras el juzgado prorrogaba hasta el 30 de junio las funciones de la coadministradora judicial Lucila I. Prono. Con ese telón de fondo, el pedido de quiebra se parece menos a una sorpresa que al cierre lógico de un proceso que seguía deteriorándose incluso bajo tutela judicial.

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La voz más dura frente a este desenlace llegó desde Atilra, que venía reclamando esa salida desde septiembre del año pasado. En el comunicado reproducido por Bichos de Campo, el sindicato sostuvo que el pedido propio de quiebra “no agrega ni quita nada” y lo calificó como “un gesto irrelevante” que apenas viene a reconocer una realidad que ya era visible en el expediente. Esa reacción no sólo exhibe el choque entre la conducción empresaria y el gremio, sino también la sensación de que la formalización llegó tarde respecto del derrumbe real de la cooperativa.

El punto más explosivo del conflicto sigue estando en la situación de los trabajadores. La misma comunicación gremial sostuvo que SanCor se venía sosteniendo “con el patrimonio de los trabajadores” y que la empresa adeudaba “ocho meses de sueldos más aguinaldo”, además de no realizar aportes que afectaban prestaciones de salud. Esa frase resume con brutalidad el modo en que la crisis financiera se trasladó al corazón laboral de la cooperativa: ya no se trataba sólo de una empresa endeudada, sino de una estructura que sobrevivía a costa de salarios y obligaciones básicas impagas.

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La caída no empezó ahora y tampoco puede explicarse sólo por el último año judicial. La crisis abierta en 2017 había ido reduciendo a SanCor desde varios frentes: la producción pasó de unos 4 millones de litros diarios a menos de 500.000, las plantas se redujeron de 12 a 6 y la dotación laboral cayó de alrededor de 4.000 empleados a menos de 1.000, según el cable original y reportes coincidentes publicados este jueves. Lo que hoy se discute en tribunales, entonces, es la fase terminal de un proceso de achique que lleva casi una década.

Aun con ese cuadro, el sindicato no presentó la quiebra como un punto final absoluto. En la cobertura de Cadena 3 y en el comunicado citado por medios del sector, Atilra planteó que para los trabajadores esta instancia “no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa”, y dejó planteada la idea de que la marca pueda seguir bajo otra estructura, despojada de la conducción que la llevó a la insolvencia. Esa postura revela que la pelea que viene ya no será sólo por cobrar lo adeudado, sino también por definir si la marca SanCor tiene alguna chance de continuidad productiva en otro formato.

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Hay, de todos modos, un dato de cautela que conviene subrayar. Mientras varios medios nacionales dieron por presentada la solicitud de quiebra este 16 de abril, la página pública del Poder Judicial de Santa Fe seguía exhibiendo al momento de la consulta información actualizada sólo hasta el 31 de marzo, sin reflejar todavía una resolución nueva sobre ese paso. La crisis ya quedó fuera de discusión; lo que falta ver ahora es cómo traduce la Justicia ese pedido en una etapa liquidativa concreta y qué margen queda, si queda alguno, para preservar producción, puestos de trabajo o valor de marca en medio del derrumbe.

Fuente: NA, Cadena 3, Justicia de Santa Fe, TN, Bichos de Campo.