Clausuran el local bailable Cleopatra con multa de más de $11 millones tras el crimen del menor

Policiales16/04/2026

La sanción municipal reactivó el debate sobre menores, seguridad y controles nocturnos en Madryn, con Luis Báez remarcando que la ordenanza sigue vigente.

La clausura definitiva de Cleopatra ya no circula como versión ni como rumor de la calle, sino como una sanción formal que volvió a poner a la noche de Puerto Madryn bajo máxima presión. Durante el móvil de #LA17 se informó que el Tribunal Municipal de Faltas resolvió aplicar una multa superior a 11 millones de pesos y ordenar el cierre del boliche después del crimen del menor apuñalado. La dimensión del caso quedó condensada en una frase del propio reporte periodístico: “multa millonaria y cierre definitivo”.

La reconstrucción al aire dejó claro que la medida no quedó atada únicamente al hecho más grave, sino a un cuadro previo de incumplimientos. En esa misma salida se habló de “ingresos menores, fallas graves de seguridad y antecedentes reiterados”, una secuencia que le dio a la resolución un peso más amplio que el de una sanción aislada. La clausura, en ese marco, aparece como la respuesta de Faltas frente a una acumulación de señales que ya venían comprometiendo el funcionamiento del local.

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El tema central de la entrevista pasó entonces por lo que viene después del cierre y por la capacidad de control sobre el resto del circuito nocturno. Allí tomó la palabra Luis Báez, subsecretario de Prevención y Protección Ciudadana de Puerto Madryn, quien evitó plantear el problema como un vacío normativo y eligió subrayar que las herramientas ya existen. Su definición fue directa: “la ordenanza está vigente”.

Esa afirmación abrió el núcleo más sensible de la conversación. Báez explicó que la normativa “habla claramente de que durante la apertura y cierre tiene que haber personal de seguridad” y agregó que allí “no hay que modificar absolutamente nada porque está ya en vigencia ese tipo de ordenanza”. La frase corre la discusión de la falta de reglas y la desplaza hacia el cumplimiento efectivo, una diferencia clave cuando la ciudad intenta entender cómo pudo llegarse a un desenlace tan grave.

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El funcionario fue todavía más preciso cuando se lo consultó por la presencia policial exigida para este tipo de locales. En la entrevista recordó que “lo que se determina es un mínimo de dos empleados policiales”, aunque enseguida aclaró que ese piso no funciona como techo, porque “la policía deberá evaluar con el responsable del local si la necesidad es de mayor cantidad de policías”. Ese pasaje del diálogo revela una cuestión central para leer el caso Cleopatra: la seguridad no debería resolverse con un número fijo, sino con una evaluación concreta del riesgo y de los antecedentes de cada lugar.

Báez incluso empujó esa idea un paso más allá y dejó otra frase significativa. Señaló que “si es un lugar con muchos problemas, deberá determinar qué cantidad de policías son necesarios para esa actividad en ese lugar”, una definición que en el contexto de la clausura de Cleopatra adquiere un relieve especial. No se trata sólo de una observación técnica: es también una forma de admitir que la autoridad municipal y la Policía deben afinar más el criterio de control en espacios que ya muestran historial conflictivo.

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La entrevista dejó, además, una promesa política sobre la continuidad de la fiscalización. Báez sostuvo que “con el tema de la seguridad se va a seguir trabajando como se viene haciendo, por ahí afinando algunas cuestiones entre la cantidad de personal que debe haber en esos lugares”. Esa frase, pronunciada apenas después de conocerse la sanción contra el boliche, funciona como un reconocimiento implícito de que el esquema actual necesita ajustes si quiere evitar que otro expediente llegue al mismo punto límite.

En el móvil también apareció un costado que preocupa especialmente después del cierre: qué pasa con los menores cuando el control sobre la noche formal se endurece, pero el riesgo puede desplazarse hacia espacios clandestinos. Sobre ese punto, Báez reconoció que esa posibilidad existe y dijo que “eso se va a ir trabajando con la policía para detectar” esas situaciones. El planteo agrega una capa más incómoda al problema, porque muestra que clausurar un local puede ser una decisión necesaria sin que eso garantice, por sí solo, un entorno más seguro para los adolescentes.

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La propia crónica sumó otro dato que mantiene abierto el expediente en el plano judicial. Allí se indicó que “la empresa tiene una semana para presentar un amparo”, lo que significa que la clausura definitiva ya fue resuelta por Faltas, pero todavía podría enfrentar una reacción legal del local sancionado. Ese margen no reduce el impacto del castigo, aunque sí deja planteado un límite operativo: la resolución administrativa es fuerte, pero la discusión sobre sus consecuencias aún puede sumar otro capítulo.

Cleopatra quedó así en el centro de una señal institucional más dura que la ciudad venía reclamando desde el crimen del menor. La multa superior a 11 millones, el cierre definitivo y las palabras de Luis Báez sobre una ordenanza que “está vigente” y exige seguridad desde la apertura hasta el cierre vuelven más exigente el escenario para toda la nocturnidad madrynense.