Frenan el mayor proyecto de cobre del país y estalla una pelea entre provincias
Actualidad17/04/2026
Sergio BustosLa decisión de una jueza en Chilecito sacudió uno de los proyectos mineros más ambiciosos de la Argentina y abrió un frente de tensión que ya impacta en dos provincias. La medida no solo ordena detener la actividad por 30 días, sino que además instala un escenario de disputa donde se cruzan intereses económicos, reclamos históricos y cuestionamientos ambientales.
El punto de quiebre no está únicamente en el yacimiento, ubicado en San Juan, sino en el camino que lo conecta con el resto del país. Desde hace más de 15 años, el acceso operativo al proyecto se realiza por territorio riojano, lo que generó un flujo constante de maquinaria pesada y vehículos sin que, según denuncian autoridades locales, eso se traduzca en beneficios concretos para la región.
La resolución judicial fue clara al señalar los riesgos asociados a ese tránsito. Según el fallo, el movimiento de vehículos "entraña riesgos ambientales como afectación de suelos, de cursos de agua, de infraestructura vial, o la eventual circulación de sustancias peligrosas", en un tramo de 140 kilómetros que atraviesa varias localidades de La Rioja.
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Ese argumento fue central para que la jueza María Greta Decker dispusiera la paralización del proyecto Vicuña y autorizara la instalación de retenes policiales para bloquear el paso de camiones y maquinaria vinculados a la actividad minera. La medida se dictó el 16 de abril de 2026 y marca un antecedente inédito en conflictos de este tipo.
Pero el trasfondo va más allá de lo ambiental. Desde La Rioja sostienen que el problema también es económico y social. "Hace más de 15 años el acceso al proyecto es por La Rioja, por Guandacol. Se construyó desde ahí, se exploró desde ahí y hoy sigue ingresándose por ese lugar, con un movimiento de vehículos muy importante", planteó el ministro Federico Bazán.
El reclamo tiene un eje concreto: la falta de empleo local. "Ese impacto tiene que ser compensado con empleo, desarrollo de proveedores y obras para los municipios aledaños", agregó el funcionario, en línea con una demanda que se repite desde hace años en la zona.
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La misma preocupación aparece a nivel municipal. "El proyecto pasa por nuestro territorio y usa nuestros caminos, pero nuestra gente no está siendo tenida en cuenta. Hace más de 15 años que transitan por acá y venimos pidiendo trabajo para nuestra gente, pero fuimos postergados", expresó el intendente Luis Orqueda.
Aunque algunos trabajadores riojanos lograron insertarse en el proyecto —alrededor de 160 al momento del último corte de acceso— las autoridades consideran que la cifra está muy lejos de lo esperado para un emprendimiento de esta magnitud.
A la disputa territorial y laboral se suma un tercer frente que complejiza aún más el escenario: el acceso a la energía. Una resolución del ENRE otorgó al proyecto prioridad sobre el 90% de la capacidad de transporte de una línea eléctrica clave durante los próximos 25 años, lo que generó rechazo de otras empresas y organismos.
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Desde La Rioja también cuestionaron esa decisión. "Legalmente, no se puede otorgar un derecho de uso exclusivo y excluyente sobre una obra que tiene naturaleza de bien público federal", señalaron, en un planteo que anticipa nuevas discusiones en el ámbito regulatorio.
Mientras tanto, el conflicto escala y no se descarta que termine en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La paralización pone en riesgo un cronograma que preveía iniciar la construcción en 2027, con una inversión millonaria y expectativas de posicionar al proyecto como uno de los más importantes del sector.
En este contexto, el caso Vicuña se convierte en algo más que una disputa puntual. Expone tensiones profundas sobre cómo se distribuyen los beneficios de la actividad minera y qué rol juegan las provincias cuando los proyectos atraviesan sus territorios sin integrarlas plenamente.
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