Subfusiles perdidos, plata de adicionales: juzgan a un comisario por una trama de abusos

Walter González enfrenta cargos por amenazas, cobro de adicionales de sus subalternos y el arresto sin orden de un hombre con discapacidad.

El juicio contra Walter Hernán Jaime González no quedó atado a un único episodio ni a una sola irregularidad dentro de la comisaría. Lo que aparece en el expediente es una secuencia de maniobras que combina manejo de dinero de subalternos, amenazas internas, desaparición de armas y una detención ilegal especialmente grave por la situación de la persona arrestada. Esa acumulación es la que llevó a sentarlo en el banquillo y a convertir su paso por Perugorría en un caso bastante más pesado que una falta administrativa.

González, de 51 años, fue pasado a retiro después de que se constatara la desaparición de dos subfusiles FMK3 que estaban guardados bajo llave en un fichero metálico de su oficina. Ese faltante nunca pudo ser esclarecido y quedó como uno de los ejes centrales de la acusación. Aun así, el juicio no se agota en esas armas, porque la investigación reúne también cargos por abuso de autoridad, hurto agravado y amenazas, además del capítulo vinculado al allanamiento ilegal y a la privación ilegítima de la libertad.

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Durante 2022, cuando estaba al frente de la comisaría de esa localidad correntina ubicada a 240 kilómetros al sur de la capital provincial, el comisario enviaba a sus subalternos a custodiar la sucursal del Banco de Corrientes. Sin embargo, en las planillas hacía figurar que ese trabajo lo realizaba la cabo primero Gabriela Macarena Insaurralde. Por ese servicio, la Jefatura depositaba unos 60.000 pesos mensuales, dinero que, según la causa, la mujer debía transferirle luego al propio jefe policial.

La acusación sobre ese mecanismo quedó apoyada en una prueba concreta: la entrega de nueve comprobantes de transferencias que tenían al comisario como destinatario. Desde la Justicia sostuvieron que González se apoderó de esos fondos entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023, cuando finalmente fue desplazado de su cargo. Ese tramo del expediente le agrega a la causa una dimensión interna de abuso jerárquico, porque coloca a un superior apropiándose del dinero que llegaba por tareas que hacían otros policías.

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La fecha que terminó de tensar todo fue el 6 de septiembre. Ese día se constató que de la oficina del comisario habían desaparecido los dos subfusiles FMK3 y también faltaban una campera de González y su gorra de gala. A partir de ahí, según el texto fuente, el jefe policial apuntó de inmediato contra sus subordinados y les hizo saber que “ya iban a ver los dos” si las armas no aparecían.

Esa presión siguió con otro movimiento que también integra la acusación. A Nelson Marcelo Silvero lo amenazó cuando se negó a insertar en el libro de guardia que González había estado de licencia entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre. La maniobra, siempre según la fuente, buscaba desplazar sobre los subalternos la responsabilidad por el robo de las armas, en un momento en que el faltante ya se había convertido en un problema mayor dentro de la dependencia.

Ese mismo día, la causa ubica a González en otro episodio todavía más delicado. Basándose en “datos” y en su “olfato” policial, se dirigió hasta una vivienda del paraje Paso Tala, donde supuestamente estarían escondidos los subfusiles robados. Lo que siguió, de acuerdo con la acusación, fue un ingreso sin orden judicial, una requisa y la detención de Cristian Exequiel Blanco, alias “Charly”.

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Blanco fue alojado durante varias horas en una celda de la comisaría sin autorización del fiscal de turno. Más tarde, las pericias determinaron que padece un grave retraso mental, un dato que vuelve todavía más severa la valoración judicial del procedimiento. En esa parte del expediente se concentran los cargos por allanamiento ilegal y privación ilegítima de la libertad, que no aparecen como un desprendimiento menor del caso, sino como uno de sus núcleos más serios.

La causa quedó en manos de la fiscal Clara Belén Arrúa, mientras que la sentencia será dictada la próxima semana por el juez Jorge Alberto Troncoso. El proceso reúne así hechos que, en apariencia, podrían leerse por separado, pero que en el expediente terminan dibujando una misma lógica de ejercicio abusivo del poder dentro de una comisaría. Dinero desviado, aprietes a subordinados, armas desaparecidas y una detención ilegal componen el cuadro con el que la Justicia empezó a juzgar al ex jefe policial.

Fuente: Diario La Arena