La fiscalía sostiene que ejerció desde 2019 sin título habilitante, trabajó en centros de día y un geriátrico, y atendió a numerosos pacientes.
Una mujer de 37 años llegó a presentarse durante años como psicóloga, mostró copias de un supuesto diploma universitario y consiguió entrar a instituciones donde realizó tareas para las que, según la acusación, nunca estuvo habilitada. Ese recorrido empezó a desarmarse cuando la investigación judicial confirmó que no tenía título profesional y que el documento con el que sostenía su presentación era apócrifo. La causa ya avanzó a una etapa penal concreta en Santa Fe, con imputación formal y debate sobre su situación procesal.
El expediente quedó a cargo de la fiscal Rosana Peresín, quien imputó a la acusada por una batería de delitos vinculados con el ejercicio ilegal de la profesión y el uso de documentación falsa. Distintos medios santafesinos y nacionales coincidieron en que la mujer fue acusada por estafa, uso de documento falso, usurpación y arrogación de títulos profesionales, además de ejercicio ilegal del arte de curar. La gravedad del caso no pasa sólo por la falsedad documental, sino por el tiempo durante el cual logró sostener esa identidad profesional frente a pacientes e instituciones.
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La acusación sostiene que la maniobra se extendió desde 2019 y abarcó al menos las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Sauce Viejo. En ese período, la imputada habría atendido a numerosos pacientes y también habría generado perjuicios económicos a tres instituciones que le pagaron por tareas que no estaba en condiciones de ejercer. Ahí aparece uno de los núcleos más pesados del expediente: la combinación entre engaño profesional, cobro de servicios y exposición de personas en situación de vulnerabilidad.
El documento que usaba para sostener su fachada ocupó un lugar central en la audiencia. La fiscal expuso que la mujer mostraba copias de un diploma que “presuntamente certificaba que en mayo de 2019 ella se había recibido de Licenciada en Psicología por la Universidad Católica de Santa Fe (UCSF)”, cuando en realidad “sólo cursó cuatro materias de esa carrera”. Esa distancia entre la vida académica real y la imagen profesional que exhibía es la que le dio forma material a la imputación por falsedad y usurpación de título.
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La maniobra no quedó circunscripta a una consulta particular o a redes sociales. Según la imputación, mediante engaños logró trabajar en dos centros de día de Santo Tomé y en un geriátrico de Sauce Viejo, donde realizaba diagnósticos, historias clínicas y acompañamientos psicológicos. Eso vuelve todavía más delicada la causa, porque la acusación no describe una impostura decorativa sino una intervención directa sobre personas que requerían atención específica.
La fiscalía fue explícita al momento de medir el daño que atribuye a esa conducta. En su dictamen sostuvo que “con ese ejercicio ilegal de la profesión, puso en riesgo la salud mental de numerosos pacientes y les generó perjuicios económicos a tres instituciones en las que trabajó durante varios años”. La definición corre el eje del caso desde la mentira individual hacia sus consecuencias concretas sobre terceros.
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La investigación se inició después de una denuncia presentada por autoridades del Colegio de Profesionales de la Psicología de la Primera Circunscripción, que advirtieron irregularidades en su actuación. A partir de esa intervención, la fiscalía reunió información, obtuvo elementos que respaldaron la sospecha y avanzó con un allanamiento. Cuando el procedimiento se concretó, un dato agravó todavía más la escena judicial: según se expuso en audiencia, en ese momento “estaba desarrollando actividades como psicóloga”.
El expediente también dejó expuesto cómo la acusada se mostraba hacia afuera para consolidar esa identidad falsa. La fiscalía indicó que se presentaba en medios digitales como especialista en geriatría, estética y acompañamiento terapéutico a domicilio para adultos mayores, y que difundía su actividad tanto en redes sociales como en un sitio web de profesionales de salud mental. Esa construcción pública fue clave para ampliar su llegada y para sostener durante años una credencial que ahora quedó bajo acusación penal.
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En las últimas horas surgió además un dato que vuelve más delicado el alcance social del caso. Aire de Santa Fe informó que la mujer llegó a atender a una adolescente que atravesaba un intento de suicidio, una situación que la investigación toma como parte del riesgo real generado por su actuación sin título ni matrícula. El expediente ya no discute únicamente si falsificó una identidad profesional: discute cuánto daño pudo producir mientras actuaba como si fuera una especialista.
La imputación ya ordenó una base firme sobre la que ahora deberá avanzar la causa. La discusión que sigue pasa por la profundidad de la prueba, la eventual prisión preventiva y la dimensión final de los perjuicios atribuidos a una mujer que, según la acusación, hizo de una profesión ajena una actividad propia durante años. La fachada ya cayó; lo que queda abierto es cuánto abarcará judicialmente esa caída.
Fuente: NA, Infobae, Aire de Santa Fe.
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