Intendentes preparan una denuncia contra Caputo por fondos del impuesto a la nafta

Política17/04/2026

La FAM llevó a Economía un reclamo por recursos viales retenidos, abrió consultas legales y amenaza con judicializar un conflicto que ya dejó a las rutas en el centro.

Más de un centenar de intendentes volvió a poner los fondos viales en el centro de la pelea con la Casa Rosada y ahora el conflicto amenaza con salir del plano político para entrar de lleno en tribunales. La Federación Argentina de Municipios presentó un documento en el Ministerio de Economía y, según reportes de estas horas, ya analiza una denuncia contra Luis Caputo por la presunta retención de recursos del impuesto a los combustibles que, por ley, deben alimentar partidas de infraestructura de transporte. El reclamo escaló porque los jefes comunales sostienen que no se trata sólo de una demora administrativa, sino de un desvío con impacto directo sobre rutas, calles y obras paralizadas.

La base legal que invocan no es lateral ni difusa. El artículo 19 de la ley 23.966 establece que una parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe distribuirse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, y el texto vigente fija para ese destino el 28,58% del producido. A su vez, el decreto 976/2001 creó el fideicomiso que los intendentes hoy ubican en el centro de la discusión por el financiamiento de la infraestructura vial.

OTRAS NOTICIAS:

Lo que discute la FAM es qué pasó con ese flujo de dinero una vez recaudado. Según el reclamo difundido por dirigentes municipales y replicado por medios nacionales, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 el Estado cobró alrededor de 1,5 billones de pesos por ese tributo sin que esos fondos se volcaran ni a obras ni a una baja del precio de los combustibles. En la misma línea, el espacio viene sosteniendo que durante el año pasado la recaudación vinculada a ese concepto llegó a 3,5 billones de pesos, pero que la transferencia hacia Vialidad estuvo muy por debajo de lo que correspondía.

El movimiento político previo ya había mostrado que el tema dejó de ser una queja técnica de especialistas. Esta semana, intendentes de distintos puntos del país se movilizaron hasta Economía con Fernando Espinoza, Gabriel Katopodis y otros dirigentes para entregar el documento y reclamar respuestas por fondos, obra pública y combustibles. Ámbito y BAE Negocios reportaron que la presentación fue respaldada por jefes comunales de distintos espacios y que la FAM habló en nombre de más de 500 municipios.

OTRAS NOTICIAS:

La amenaza judicial aparece, entonces, como la segunda estación de una pulseada que primero intentó abrirse por la vía del reclamo político. Los reportes publicados este viernes indican que la FAM empezó consultas con abogados para evaluar una presentación penal si el Gobierno no habilita una mesa de diálogo que normalice el reparto de recursos. Ese giro endurece el conflicto porque ya no pone en cuestión solamente una política de ajuste o un criterio fiscal, sino la eventual comisión de un delito contra la administración pública.

Detrás de esa decisión hay una lectura concreta del daño territorial. Los intendentes sostienen que la retención de fondos impacta sobre rutas nacionales deterioradas, mantenimiento vial postergado y municipios obligados a absorber demandas que no pueden cubrir con estructura propia. En distintos pronunciamientos previos, también asociaron ese vacío financiero con el deterioro de la seguridad vial y con la parálisis de obras que ya tenían una fuente de financiamiento legalmente asignada.

OTRAS NOTICIAS:

La pelea además toca un punto especialmente sensible del modelo económico libertario: el destino del excedente fiscal y de los recursos tributarios específicos. Parte del reclamo municipal sostiene que el dinero retenido no vuelve a las rutas y termina alimentando la estrategia financiera general del Gobierno, una acusación política que refuerza la dureza del documento entregado a Caputo. Aunque por ahora no hay una respuesta oficial pública de Economía sobre esta presentación puntual, el solo hecho de que la FAM haya pasado del reclamo administrativo a la amenaza penal ya agranda el costo político del conflicto.

También hay una razón política más profunda para mirar de cerca este expediente. La FAM viene funcionando desde hace meses como caja de resonancia del malestar municipal frente a la caída de recursos, la retracción de la obra pública y el aumento de la demanda social en los distritos. Si este reclamo por el impuesto a los combustibles termina en tribunales, la pelea con Caputo dejará de ser un capítulo más de la confrontación entre Nación y municipios para convertirse en una causa con derivaciones judiciales y documentación respaldatoria sobre asignaciones específicas.

OTRAS NOTICIAS:

Por ahora, la denuncia todavía no fue presentada, pero el conflicto ya cambió de escala. Los intendentes se apoyan en una ley concreta, en montos que consideran retenidos y en un esquema vial que describen como cada vez más deteriorado. Lo que viene ahora definirá si el Gobierno abre una instancia de negociación para descomprimir la pelea o si el reclamo por la plata de la nafta termina subiendo a tribunales con Caputo en el centro del expediente.

Fuente: NA, BAE Negocios, Infoleg, Página | 12, Ámbito, Filo News.