El gremio vial cargó contra el nuevo decreto nacional y advirtió que el esquema puede dejar rutas rentables para negocios y otras relegadas
Actualidad17/04/2026
REDACCIÓNEl gremio vial salió a rechazar la cesión del mantenimiento de rutas nacionales a nueve provincias y advirtió que el nuevo esquema rompe la lógica federal del sistema.
Nueve provincias quedaron alcanzadas por un nuevo esquema para la gestión de tramos de rutas nacionales y la reacción más dura llegó desde el sindicato que representa a los trabajadores viales. El STVyARA cuestionó el Decreto 253/2026 y sostuvo que la medida no implica una modernización del sistema, sino una transferencia de responsabilidades que puede terminar dejando a muchas trazas fuera de toda prioridad real. La lectura del gremio es que, detrás de la descentralización anunciada por el Gobierno, empieza a perfilarse un mapa vial más desigual.
La norma publicada en el Boletín Oficial habilita a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a otorgar concesiones de obra pública por peaje para la administración, reparación, ampliación, conservación o mantenimiento de tramos de rutas nacionales ubicados dentro de sus territorios. Ese punto es el que cambió la discusión, porque ya no se trata sólo de una decisión administrativa, sino de una redefinición concreta sobre quién ordena y sostiene la red troncal. Para el sindicato, ahí aparece un cambio de fondo en la arquitectura del sistema vial argentino.
La conducción del gremio, encabezada por Graciela Aleñá, planteó que esa cesión representa “una precarización sobre las rutas no rentables y un avance hacia el vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad”. La frase no quedó planteada como una consigna aislada, sino como la síntesis de un temor más amplio: que las rutas empiecen a ser evaluadas principalmente por su capacidad de recaudar peaje y no por su valor territorial, productivo o social. En ese diagnóstico, el problema no es sólo quién administra, sino bajo qué criterio se define qué tramo importa más.
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El sindicato también sostuvo que la medida “altera de raíz el sistema vial argentino, desconociendo el espíritu y la arquitectura del Decreto-Ley 505/58”, una norma que fijó a la Dirección Nacional de Vialidad como organismo rector del sistema troncal. Desde esa mirada, la DNV no debía limitarse a mirar concesiones o intervenir por partes, sino planificar, construir, conservar y administrar la red nacional con una lógica integral y federal. Para el gremio, el decreto corta esa idea y reemplaza un criterio de sistema por otro más fragmentado.
Ahí aparece uno de los puntos más fuertes del rechazo sindical. El STVyARA advierte que el nuevo modelo “fragmenta la gestión, delega funciones centrales y convierte rutas en unidades de negocio”, una definición que baja la discusión del plano legal al impacto operativo. Según esa postura, si las concesiones pasan a ordenarse por rentabilidad, las rutas con mayor tránsito y posibilidad de cobro van a concentrar inversiones, mientras que otras quedarán cada vez más rezagadas.
Esa advertencia fue formulada con un contraste directo que el gremio buscó instalar con fuerza. Señaló que, si el esquema avanza, el país puede terminar con “rutas ‘de primera’ para los negocios y rutas destruidas para los pueblos; provincias ricas conectadas y provincias olvidadas”. En esa secuencia, el sindicato intenta mostrar que el problema no es solo sindical ni corporativo, sino territorial y federal. Lo que está en juego, según su planteo, es la continuidad de una red pensada para integrar regiones y no sólo para acompañar flujos rentables.
La discusión también quedó enlazada con el financiamiento del organismo nacional. El gremio recordó que buena parte del sostenimiento de Vialidad Nacional se apoya en el SISVIAL, pero denunció que la política de “déficit cero” fue debilitando esa estructura. En esa línea, afirmó: “Desfinancian la DNV, recortan inversión, frenan obras y preparan el terreno para justificar el achique. Ajustan sobre las rutas, sobre los trabajadores y sobre el interior del país”. Con esa frase, el sindicato unió en una misma lectura el decreto actual y un proceso más largo de reducción presupuestaria.
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Ese cruce entre descentralización y desfinanciamiento le da otra densidad al conflicto. El gremio no discute solamente una transferencia de competencias, sino el contexto en el que se produce: menos inversión nacional, menor capacidad operativa y una presión creciente para que el mantenimiento quede atado a la lógica de la concesión. Bajo esa mirada, la cesión a las provincias no corrige una falla, sino que empuja una retirada progresiva del Estado nacional sobre la red vial.
En el cierre de su pronunciamiento, el sindicato buscó dejar claro que la discusión excede a la estructura de Vialidad y toca un punto de identidad territorial. Remarcó que “las rutas nacionales no pueden regirse por la rentabilidad, porque conectan pueblos, integran economías regionales y garantizan soberanía territorial”. La nota final del gremio fue todavía más explícita: no aceptará el vaciamiento de la Dirección Nacional de Vialidad ni mirará desde afuera una reorganización que, según denuncia, puede cambiar la forma en que el país se conecta sobre el asfalto.
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