“Desmitifiquemos que la IA nos va a reemplazar”, porque “el proceso tiene que estar supervisado por un profesional”

En Dino Tech, la abogada Bárbara Woloszyn planteó que el uso de inteligencia artificial ya forma parte del trabajo jurídico y exige control humano, ética y soberanía sobre los datos.

Los expedientes se acumulan, los archivos físicos ocupan cada vez más lugar y las herramientas tecnológicas ya entraron en la práctica profesional mucho antes de que exista un criterio uniforme en todos los despachos judiciales. Sobre ese desfasaje habló con, la abogada Bárbara Woloszyn durante su participación en Dino Tech, el encuentro que se realizó en el Museo Egidio Feruglio, donde puso el foco en una discusión que dejó de ser abstracta: cómo se administra la justicia cuando los datos, los documentos y buena parte de los procesos ya circulan en entornos digitales.

Según contó a #LA17, llevó la discusión hacia un terreno mucho más concreto, vinculado al trabajo cotidiano de quienes manejan información privada y sensible de la ciudadanía. Desde ese punto de partida sostuvo que la transformación tecnológica no puede pensarse sólo como una mejora de velocidad, sino también como una obligación ética para abogados y otros profesionales que hoy almacenan, comparten y procesan documentación delicada en distintas plataformas.

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Ese planteo apareció con fuerza cuando describió el tipo de material que circula en la práctica jurídica. La abogada remarcó que los profesionales trabajan con información vinculada a abusos, cuestiones patrimoniales y conflictos profundamente personales, por lo que el resguardo ya no puede quedar librado a una confianza ciega en cualquier sistema. Por eso sostuvo que “la gobernanza de los datos para nosotros es fundamental” y explicó ese concepto como la posibilidad de conservar “el dominio y la soberanía sobre la información” aun cuando los expedientes y archivos se alojen en entornos digitales.

La advertencia no quedó reducida al universo judicial. Woloszyn señaló que hoy casi nadie lee en profundidad los términos y condiciones o las políticas de privacidad de las plataformas que usa, una práctica que vuelve más frágil el control sobre datos personales y profesionales. En ese marco, contó que junto con María Elisa Farías, Candela Pesati y Daniel Sánchez Rodríguez obtuvo un premio de la Universidad Católica de Paraná por un proyecto basado en una plataforma pensada para proteger la calidad de la información de los clientes, originalmente orientada al trabajo de abogados, aunque aplicable a otros ámbitos.

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La incorporación de inteligencia artificial dentro de ese esquema, según su mirada, no elimina al profesional ni desplaza la responsabilidad humana. Woloszyn insistió en que el vínculo con el cliente, la escucha, la empatía y la firma final siguen dependiendo de una intervención personal imposible de automatizar. De hecho, lo planteó con una frase que buscó bajar la ansiedad y discutir un temor extendido: “Desmitifiquemos esto de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar”, porque “el proceso tiene que estar totalmente supervisado por un profesional”.

La discusión se vuelve todavía más compleja cuando entra al Poder Judicial. Allí, según explicó, el avance existe pero todavía convive con criterios dispares, falta de unificación y resistencias internas que traban una adopción pareja de estas herramientas. Woloszyn dijo que en algunos espacios la celeridad ya mostró resultados, sobre todo en mediación, pero aclaró que “no hay un criterio unificado aún sobre procedimientos”, que “no hay una acordada de la Corte Suprema sobre la temática” y que “hay jueces que son pro uso de estas herramientas y hay jueces que no”.

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Esa heterogeneidad también aparece atravesada por recursos desiguales entre provincias y por decisiones políticas que condicionan cuánto conviene acelerar, transparentar o facilitar determinados procesos. La abogada fue explícita sobre ese punto al afirmar que hay jurisdicciones con menos recursos, pero agregó algo más incómodo todavía: “la política atraviesa también esa situación”, porque no siempre existe la misma voluntad de agilizar trámites o de transparentar el recorrido de todas las causas.

Desde ese marco, Chubut apareció en la charla como un caso donde la digitalización puede tener un valor especialmente concreto. La entrevistada destacó el avance provincial en materia de justicia digital y en herramientas gubernamentales que acercan trámites a grandes distancias, mientras desde el programa remarcaron una geografía extensa, con meseta, cordillera y centros urbanos separados por cientos de kilómetros. Esa realidad territorial le dio al evento una razón adicional: discutir justicia digital en una provincia como Chubut no responde a una moda, sino a una necesidad operativa para acortar tiempos, recorridos y barreras de acceso.

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El punto de quiebre, para la expositora, ya ocurrió. “La inteligencia artificial ya llegó, no la podemos detener”, dijo, antes de plantear la pregunta que atraviesa hoy a buena parte del sistema judicial: “¿La usamos para facilitar el proceso? ¿O la dejamos de lado y seguimos imprimiendo papel?”. Sobre esa tensión se ordenó toda su mirada, una mirada que no pide reemplazar a las personas ni entregar datos sin control, sino asumir que la discusión sobre justicia digital ya dejó de ser una promesa y pasó a convertirse en una decisión concreta sobre cómo trabajar, proteger información y acercar derechos en una era distinta. Aprovechando el diálogo con la prensa chubutense, en el aire de #LA17, Bárbara Woloszyn remarcó su agradecimiento al Dr Guillermo Zamora , y las autoridades municipales de Trelew y al equipo del MEF.