La muerte de Ángel sostiene un reclamo directo: ¿habrá Justicia con las autoridades que trataban el caso?

La familia llevó la protesta a Buenos Aires para exigir que la causa no se limite a los acusados directos y alcance también a quienes intervinieron.

El reclamo por Ángel López dejó de quedar encerrado en Comodoro Rivadavia y se plantó este viernes en el Obelisco, donde su familia volvió a pedir justicia por la muerte del nene de 4 años. La movilización no apuntó sólo contra su madre biológica, Mariela Altamirano, y su pareja, Michel González. El planteo buscó correr el centro del caso hacia una trama más amplia, donde la familia denuncia responsabilidades institucionales en el recorrido que antecedió al crimen.

La protesta la encabezaron su padre, Luis López, y Lorena Andrade, que viajaron a Buenos Aires para exponer el caso en la capital del país y sostener un pedido que ya no se agota en la investigación penal inmediata. También estuvieron el abogado Roberto Castillo y la monja Martha Pelloni, una figura que arrastra un peso simbólico fuerte desde el caso de María Soledad Morales. Esa presencia empujó la escena hacia otra dimensión, porque conectó el asesinato de Ángel con otras peleas argentinas donde las familias denunciaron fallas del poder antes que respuestas del poder.

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Luis López habló desde ese dolor que no afloja y dejó una frase que resumió el tono de toda la jornada: “Para mí, él no se fue todavía”. En ese mismo testimonio reconstruyó una parte decisiva de la historia personal del chico, al recordar que Ángel era un niño feliz y que su madre lo dejó a su cuidado cuando tenía apenas meses para irse a Córdoba. Esa secuencia, que después derivó en el regreso de la mujer y en el pedido de custodia, volvió a quedar expuesta en el centro mismo del reclamo público.

La familia no ubicó el punto más grave sólo en el desenlace, sino en las decisiones que se tomaron antes. Tras denuncias y contradenuncias, el juez Pablo José Pérez, con base en informes de la asesora de familia Verónica Roldán y la psicóloga Jennifer Grisel Leiva, resolvió otorgarle la custodia a la madre. Ángel quedó entonces en una vivienda precaria de la zona de quintas, donde convivía con Altamirano, González y una beba, y allí, según la acusación, recibió los golpes que terminaron con su vida.

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Ese tramo del expediente es el que hoy la familia intenta poner en el centro del debate. Luis López sostuvo que en Comodoro Rivadavia existen otros antecedentes atravesados por la morosidad de la Justicia de Familia y reclamó que más personas se animen a contar experiencias similares. Desde esa mirada, el caso de Ángel no expresa una excepción cerrada, sino una forma de funcionamiento que, según denuncian, expuso al nene a un riesgo que nadie frenó a tiempo.

Por eso la consigna de la marcha no quedó reducida a un pedido de castigo para los detenidos o acusados directos. El padre apuntó contra profesionales, funcionarios judiciales y organismos que intervinieron de un modo u otro en la historia previa y lanzó la frase que marcó toda la convocatoria: “Tienen que pagar todos”. En esa definición aparece el corazón político del reclamo, porque la familia exige que la causa suba un escalón y revise quiénes tomaron decisiones, quiénes evaluaron y quiénes dejaron pasar señales que hoy resultan insoportables.

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La voz de Lorena Andrade agregó otra capa de dolor a la movilización porque su vínculo con Ángel no quedó planteado desde un lugar lateral. Ella recordó que lo crió hasta perder la custodia y resumió esa historia con una frase cargada de intimidad y ruptura: “Ángel es mi hijo también. Me duele todo lo que tuvo que sufrir”. Esa intervención corrió el caso del expediente puro y volvió visible el impacto humano de una decisión judicial que alteró de raíz la vida cotidiana del nene.

La concentración en Buenos Aires también buscó forzar movimiento en una causa que, para la familia, todavía no responde todo lo que debería responder. El pedido de avances se mezcló con una discusión más amplia sobre el funcionamiento de las áreas judiciales y técnicas que intervienen en conflictos de cuidado y tenencia. De ese modo, la muerte de Ángel quedó presentada como una tragedia concreta, pero también como una advertencia sobre cómo una cadena de resoluciones puede terminar en un desenlace irreversible.

La jornada dejó además una imagen que excede el caso puntual: una familia patagónica trasladando su pelea al centro político y simbólico del país para romper el encierro local del expediente. El acompañamiento ciudadano y la presencia de figuras con historia en reclamos de alto impacto reforzaron esa idea de nacionalización del pedido. El asesinato de Ángel, ocurrido el 6 de abril después de su internación del día anterior, ya no se discute sólo como un crimen atroz, sino también como una prueba incómoda para el sistema que debía protegerlo.