Caso Ángel: desde hace años los abogados venían exponiendo el colapso del fuero de Familia

Una conferencia de 2023 dejó asentado que las demoras judiciales ya golpeaban a niños, adolescentes, padres y madres en causas sensibles.

Las demoras en el fuero de Familia de Comodoro Rivadavia ya se medían en expedientes que quedaban frenados 60 días o más, incluso en situaciones extremas que involucraban a niños, niñas, adolescentes y otros sectores vulnerables. Cuando el reclamo volvió a tomar estado público el 1 de diciembre de 2023, el problema ya no se explicaba solo como una dificultad interna de tribunales, sino como una carga concreta sobre familias que esperaban respuestas en asuntos delicados. Ese punto convierte aquella conferencia en un antecedente de peso, porque exhibía un deterioro que llevaba tiempo acumulado.

La escena de ese día, en la sede del Colegio de Abogados de Comodoro Rivadavia, no apareció aislada ni improvisada. Alrededor del funcionamiento de la justicia de Familia ya se registraban manifestaciones frente a los juzgados, protestas prolongadas y hasta personas encadenadas durante varios días, algunas incluso con huelgas de hambre. La conferencia, entonces, no irrumpía como una novedad suelta, sino como la forma institucional que tomó una presión social que ya venía creciendo en la calle.

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Desde el Observatorio de Familia del Colegio, las abogadas expusieron que el retardo en la administración de Justicia afectaba a los sectores más frágiles de ese sistema y también a sus entornos inmediatos. El señalamiento apuntaba a decisiones que no llegaban a tiempo, a conflictos que seguían abiertos y a familias que se movilizaban porque percibían que la Justicia demoraba definiciones donde el margen de espera era cada vez menor. En ese marco, la crítica dejaba de ser corporativa y se volvía una advertencia directa sobre el costo humano de la demora.

Una de las voces más firmes fue la de Adriana Avila Torrente, referente del Colegio Público de Abogados, quien sostuvo que “continuamos en la misma situación, o peor. Aquí no se modificó absolutamente nada por cuestiones políticas; falta de presupuesto; o lo que fuere”. La frase tenía además un anclaje temporal concreto, porque fue pronunciada a pocos días del inicio de la feria judicial y en un momento en que, según remarcó la letrada, tampoco aparecían los resultados que esperaban. El planteo dejaba expuesto que la acumulación de reclamos no había producido una mejora visible en el funcionamiento del área.

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Dentro de esa crítica apareció otro punto de fondo: el cambio de estructura que transformó a los antiguos Juzgados de Familia en la Oficina Judicial de Familia, puesta en marcha en 2020. En esa oficina se desempeñaban desde hacía 27 meses los jueces Laura Lorenzoni, Jorgelina Castillo, Guillermina Sosa y Pablo Pérez, pero para las abogadas el rediseño no había resuelto los cuellos de botella y, por el contrario, agravaba las dificultades. Por eso Avila Torrente afirmó que “hoy son Oficina de Gestión Judicial que no funciona”, una definición que condensó en pocas palabras el núcleo del cuestionamiento.

La preocupación también quedó expresada con números que bajaban la discusión al terreno concreto de los expedientes. Avila Torrente señaló que “seguimos teniendo demoras de hasta 60 días, o mucho más, en situación que son realmente extremas”, y agregó que ese retardo impactaba de manera directa sobre personas especialmente protegidas por el sistema. Cuando la demora mínima ya se cuenta en semanas largas, la discusión sobre la eficacia del fuero deja de ser técnica y pasa a tocar el centro mismo de la tutela judicial que esas familias esperan.

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Otro aspecto central de aquella conferencia fue la necesidad de sacar la discusión del expediente y llevarla al plano público. La abogada explicó que “la idea es que se haga público; que las personas que estamos defendiendo se enteren de que no es que los abogados no trabajamos”, en una frase que buscó romper con la sospecha frecuente sobre quiénes eran responsables de la paralización. El mensaje apuntó de manera directa a la Oficina de Gestión Judicial del fuero de Familia, a la que se le atribuía la falta de recaudos necesarios para que el sistema funcionara en términos razonables.

La conferencia de diciembre tampoco fue el primer paso de ese proceso. Ya en agosto de 2023 se había realizado una movilización hacia la Oficina de Familia de la calle Pellegrini, y en aquella nueva exposición pública se reiteró que los reclamos escalarían fuera de la provincia. Esa continuidad permite leer el episodio no como una protesta esporádica, sino como una secuencia de advertencias que, con distintos formatos, venía insistiendo sobre el mismo problema estructural.

En esa misma línea, Claudia Rivero, también integrante del Colegio, sostuvo que “una de las medidas después de la respuesta del Superior Tribunal de Justicia ha sido llamar a esta conferencia; comunicar a la población la situación en el fuero de Familia”. Rivero añadió además que impulsarían una presentación ante el Ministerio de Justicia de la Nación para denunciar a la provincia por el retardo judicial en Comodoro Rivadavia, y dejó abierta la posibilidad de una movilización ciudadana. Con la feria judicial cada vez más cerca y sin señales de mejora, el cuadro que describían las abogadas no cerraba en una explicación administrativa: dejaba planteado un límite operativo que seguía sin respuesta.