La continuidad de la prisión para los imputados reactivó los cuestionamientos sobre lo que nadie detectó en la casa y sobre la violencia que, según testigos, era cotidiana.
La resolución que mantuvo en prisión a Mariela Altamirano y Maicol González por, en principio, seis meses, dejó este martes algo más que una definición procesal en el expediente por la muerte de Ángel López. Después de la audiencia de control, Roberto Castillo, abogado del padre del nene, corrió el centro del debate hacia las condiciones en las que vivía el chico y hacia las advertencias que, según planteó, no fueron vistas a tiempo. Su intervención pública no giró solamente sobre la acusación penal, sino también sobre las omisiones que rodearon el caso antes del desenlace fatal.
Uno de los puntos que más remarcó fue la contradicción entre los pedidos de comodidad formulados ahora por los acusados y la forma en que, de acuerdo con su relato, era tratado Ángel dentro del hogar. Castillo sostuvo que “lo más asombroso es que pidan comodidad estando ahora detenidos, cuando al chico lo bañaban en agua helada y contaminada”, y desde esa comparación volvió a poner el foco en el contexto doméstico. La observación buscó subrayar que el expediente no se agota en la discusión jurídica sobre la prisión preventiva, sino que también expone un modo de vida que, a su criterio, debió haber encendido alarmas mucho antes.
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Dentro de ese señalamiento apareció una crítica concreta a la intervención social en la casa. El abogado dijo que todavía no entiende “cómo la asistente social no vio que ellos dormían juntos con el nene, que no tenían un lugar, un espacio”, en referencia a una convivencia que describió como impropia y reveladora del cuadro general. Ese cuestionamiento no quedó aislado, porque lo vinculó con una escena más amplia de desprotección en la que, según su versión, había indicadores visibles que no fueron advertidos o no activaron respuestas suficientes.
A ese cuadro le sumó lo que, según dijo, relataban quienes conocían la dinámica del hogar. Castillo afirmó que “los testigos escuchaban constantemente escenas de violencia dentro de ese hogar”, frase con la que introdujo un elemento de peso para la acusación y, al mismo tiempo, para la reconstrucción del entorno en el que vivía el niño. El planteo empalma dos planos que en el caso aparecen unidos: por un lado, la eventual responsabilidad penal de los detenidos y, por otro, la pregunta por todo lo que sucedía alrededor sin que se frenara a tiempo.
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También mencionó el papel de la escuela, aunque con un matiz distinto al de sus reproches hacia otros actores. Señaló que “la escuela lo que menos imagina es que a ese nene lo están sometiendo a duras golpizas”, pero enseguida agregó que la institución “hizo un informe y ahora están poniéndose a disposición de la fiscalía”. Esa combinación entre desconocimiento del cuadro completo y posterior colaboración con la investigación dejó planteada una diferencia importante dentro del entramado institucional que hoy rodea la causa.
En el plano estrictamente penal, Castillo volvió a marcar cuál es la expectativa de la parte que representa al padre de Ángel. Dijo que “la expectativa de pena que esperamos es cadena perpetua” y sostuvo que la madre del niño debería recibir esa condena, mientras que para el otro imputado evaluó la figura de homicidio simple si no surge un agravante. No fue una declaración lateral dentro de su exposición pública, porque buscó mostrar que la gravedad del caso, según su mirada, obliga a discutir sanciones máximas y no lecturas atenuadas de lo ocurrido.
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Esa posición quedó todavía más clara cuando respondió a la estrategia de la defensa, a la que acusó de minimizar la violencia sufrida por el chico. Castillo recordó que “la abogada habló de coscorrones, intentando minimizar lo que pasó”, y enseguida remarcó: “La verdad es que mataron a un chico”. Entre una frase y la otra trazó una línea nítida entre lo que considera un intento de bajar el tono del hecho y la dimensión real que, a su entender, debe conservar el expediente.
El abogado también deslizó que su propia participación en la causa estuvo atravesada por obstáculos profesionales y tensiones con funcionarios. Afirmó que “me llamó el presidente del Colegio para que modere mis expresiones públicas respecto a los funcionarios que terminaron siendo responsables”, y agregó que le “obstruyeron la matriculación”, situación que, según explicó, le impidió desarrollar como querellante su hipótesis del caso. Esa denuncia personal se conectó con el resto de sus críticas, porque no la presentó como un problema privado sino como otra muestra de las dificultades que, según sostiene, rodearon el avance de la acusación.
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