Investigan a un juez de Esquel por dar cursos pagos desde su despacho

La situación de un magistrado de Chubut escaló en las últimas horas y encendió alertas dentro del ámbito judicial. El juez penal de Esquel, Carlos Richeri, quedó formalmente bajo investigación tras la apertura de un sumario administrativo que podría comprometer su continuidad en el cargo.

La decisión fue adoptada en Puerto Madryn por el Consejo de la Magistratura, organismo encargado de evaluar la conducta de jueces y funcionarios. A partir de esa resolución, se puso en marcha un proceso que buscará determinar si hubo mal desempeño en sus funciones.

Uno de los ejes centrales de las denuncias apunta a la presunta realización de actividades comerciales incompatibles con el rol de magistrado. Según lo expuesto, Richeri habría ofrecido cursos pagos, tanto presenciales como grabados, dirigidos a abogados y operadores judiciales.

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El punto que generó mayor cuestionamiento es el lugar desde donde se habrían impulsado esas propuestas. Las denuncias sostienen que las capacitaciones se promocionaban desde su propio despacho y ámbitos vinculados al Poder Judicial, una práctica expresamente prohibida por las normas vigentes.

Además de la incompatibilidad con el ejercicio del comercio, también se menciona la posible realización de tareas propias de la abogacía, lo que está vedado para quienes ejercen funciones judiciales. Este aspecto será clave en la investigación que ahora comienza.

El caso no se limita a ese punto. El magistrado arrastra cuestionamientos previos vinculados a su desempeño. Uno de los antecedentes más recientes involucra una sentencia de su autoría que fue invalidada tras detectarse el uso de inteligencia artificial en su redacción sin el control adecuado.

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Ese episodio abrió interrogantes sobre la calidad del fallo y la responsabilidad del juez en la supervisión del contenido. La situación alimentó nuevas críticas dentro del ámbito judicial y sumó peso a las denuncias acumuladas.

En total, son tres las presentaciones que dieron origen al sumario. Entre ellas también se incluyen posibles irregularidades en el uso de recursos estatales, otro punto que será analizado durante el proceso.

Con la apertura formal del expediente, el Consejo de la Magistratura deberá avanzar en la recolección de pruebas y definir si corresponde formular cargos. El recorrido del caso puede tener distintos desenlaces según los resultados de la investigación.

Entre las alternativas se contempla desde el archivo de las actuaciones, en caso de no comprobarse irregularidades, hasta un escenario más complejo que podría derivar en un juicio político. Esa instancia sería la que determine, en última instancia, la continuidad de Richeri como juez.

El avance del proceso marca un momento sensible para el Poder Judicial en la provincia. La investigación no solo pone en foco la conducta de un magistrado, sino también los límites y controles sobre el ejercicio de la función pública en el ámbito judicial.