
La ola de mensajes de tiroteos dejó una certeza incómoda: las aulas cargan con un problema que nace fuera de ellas, crece en redes y llega sin contención.

Las amenazas de tiroteos ya no sólo alteran la rutina escolar: también vacían aulas, recortan asistencia y empujan a directivos, docentes y familias a reaccionar sin herramientas suficientes. En la ciudad de Buenos Aires, el ausentismo cayó alrededor de un 30% en instituciones que recibieron intimidaciones, y en Tucumán se desplegaron 2.500 efectivos para custodiar establecimientos educativos. Lo que hasta hace poco aparecía como una excepción se convirtió en un frente cotidiano que la escuela debe absorber casi en soledad.
La escena se amplió con velocidad durante la última semana y dejó un rastro de denuncias, adolescentes imputados o vinculados a las intimidaciones y una conversación federal que ya llegó al plano político. En ese marco, el abogado y psicólogo Nicolás Papalia planteó que el problema no nació ahora, sino que quedó expuesto por hechos de extrema gravedad y por un clima social más hostil. Su definición fue precisa: “Se empezó a visibilizar a raíz de estos últimos hechos de extrema gravedad, de crueldad y brutalidad total, pero se gesta desde hace muchos años”.


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Papalia corrió el foco de la anécdota escolar y lo llevó hacia el modo en que hoy se legitima la agresión en el espacio público. Para él, el dato central no pasa sólo por la amenaza puntual escrita en un baño o enviada por redes, sino por el aprendizaje social que vuelve imaginable esa violencia como lenguaje disponible. Por eso sostuvo que, desde los sectores de poder, “la violencia no es solo una herramienta cotidiana, sino que incluso hasta es celebrada como mecanismo de construcción política, de legitimidad”.
Ese diagnóstico se apoya en una idea más profunda que el entrevistado toma de Silvia Bleichmar para explicar cómo se forman los límites éticos con los que cada persona se vincula con los demás. Papalia habló de un corrimiento de esa legalidad íntima que antes ordenaba qué estaba bien y qué estaba mal, y lo conectó con una época que naturaliza la hostilidad, la denigración y el agravio como prácticas admisibles. Desde esa lectura, la amenaza escolar deja de ser una simple travesura pesada y pasa a integrarse en una cultura donde el daño gana espacio como forma de intervención.
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Las pantallas agrandan ese cuadro porque ya no funcionan como un territorio aparte de la vida cotidiana, sino como una parte central de la subjetividad de quienes crecieron dentro de ellas. Papalia señaló que estos chicos tienen menos herramientas para la interacción concreta y que, en ese vacío, la agresividad aparece como un modo posible de relación; a la vez, advirtió que “El límite entre lo real y virtual es difuso”. Esa zona borrosa dialoga con lo que distintas jurisdicciones ya observan: amenazas que circulan por grupos, pintadas que se viralizan y retos que se expanden con rapidez fuera de la escuela, pero terminan explotando adentro.
Ahí aparece una de las contradicciones más fuertes de este momento. La institución que recibe el golpe es la escuela, aunque el problema se arma mucho antes, en la casa, en las redes, en los consumos culturales y en el clima general con el que los adultos organizan su convivencia. Papalia lo dijo sin rodeos cuando remarcó que “hay que escuchar a los chicos, que tengan un espacio de contención en la figura de un adulto”, pero enseguida advirtió que esa escucha aislada no alcanza y que cargar toda la responsabilidad sobre los colegios termina siendo una forma de evasión adulta.
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Esa sobrecarga se vuelve todavía más visible cuando la discusión baja del diagnóstico a la capacidad real de intervención. El especialista afirmó que “los colegios no tienen herramientas” y reclamó equipos capacitados, abordajes interdisciplinarios y una mirada integral, al tiempo que describió a docentes mal pagos, sin formación específica y obligados a correr de una escuela a otra para llegar a fin de mes. En ese punto, la crisis de las amenazas se mezcla con una precariedad estructural que vuelve más débil cualquier intento de prevención sostenida.
También se abre ahí un segundo plano que rara vez ocupa el centro de la discusión pública: el del control adulto sobre lo que pasa en el mundo digital. Papalia marcó que, fuera de internet, muchas familias saben qué vigilar y qué prohibir, pero en redes suelen delegar la tarea en un filtro técnico o directamente mirar hacia otro lado; por eso sostuvo que “un chico no puede tener acceso ilimitado a Instagram o YouTube, a los 11 o 12 años porque el contenido que circula ahí es terrible”. Esa advertencia coincide con la recomendación oficial que empezó a circular en algunas jurisdicciones: evitar la viralización de mensajes para no multiplicar el miedo ni estimular su repetición.
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La próxima prueba no pasa solamente por encontrar autores o sumar imputaciones, aunque esa respuesta judicial siga siendo necesaria. El punto más delicado está en decidir si el país piensa estas amenazas como una suma de episodios aislados o como el síntoma de una violencia social más ancha, alimentada por discursos degradados, por consumos digitales sin regulación y por instituciones educativas exhaustas. Si esa discusión vuelve a descargarse casi por completo sobre la escuela, las amenazas seguirán entrando por la puerta del aula aunque su origen esté mucho antes, mucho más arriba y bastante más afuera.
Fuente: NA, Infobae, LA NACION.

















