A Adorni le revisan compras, hipotecas y obras en una semana de testigos
Policiales20/04/2026
REDACCIÓNComodoro Py activó una ronda de testimonios para seguir la plata detrás de un departamento, una hipoteca atípica y las obras en un country.
La investigación sobre el patrimonio de Manuel Adorni entró en una semana donde la causa deja de mirar sólo papeles y empieza a apretar sobre quienes participaron de las operaciones. La fiscalía armó una secuencia de testimoniales para reconstruir cómo se compraron inmuebles, cómo se financiaron y quién puso la plata en cada tramo. En ese recorrido aparecen una inmobiliaria, un intermediario, dos jubiladas, un constructor y el vendedor de una casa de country.
El expediente se mueve en Comodoro Py bajo la órbita del fiscal Gerardo Pollicita, que busca contrastar la evolución patrimonial del jefe de Gabinete con operaciones concretas. El punto de arranque de esta tanda de audiencias quedó puesto en el departamento de Miró al 500, en Caballito, cuya compra se escrituró por 230.000 dólares. Sobre esa base, la fiscalía intenta precisar el valor real de la operación, el estado del inmueble cuando cambió de manos y la lógica económica del acuerdo firmado.
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La primera escala de esta semana quedó reservada para Natalia Rucci y Marcelo Trimarchi, responsables de la inmobiliaria que intervino en la operación. Ambos fueron citados este lunes para declarar sobre la compraventa del departamento y sobre la documentación ya reunida por la fiscalía. Esa audiencia interesa porque la investigación no busca sólo verificar una escritura, sino entender cómo se armó toda la cadena comercial que terminó con Adorni como comprador.
La parte más delicada del expediente aparece, sin embargo, en el modo en que se financió esa compra. Según la reconstrucción judicial, Adorni pagó un anticipo de 30.000 dólares y quedó atado a una hipoteca privada por los 200.000 dólares restantes, un esquema sin interés y con vencimiento dentro del año. Las vendedoras del inmueble, Beatriz Viegas y Claudia Sbabo, no quedaron sólo como antiguas propietarias: también pasaron a ocupar el lugar de acreedoras de esa deuda.
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Ese formato de financiamiento empujó a la fiscalía a mirar más allá de la escritura y a seguir a quienes pudieron haber organizado la operación. Para el miércoles 22 de abril fue citado Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas, señalado en el expediente como el nexo de la negociación y como la persona que realizó la reserva del inmueble. La citación incluye, además, la entrega del teléfono celular y documentación vinculada a la compra, porque la pesquisa intenta reconstruir contactos, mensajes y movimientos previos al cierre del negocio.
La causa no se detiene en Caballito y abre otro frente sobre la vivienda del country Indio Cuá Golf Club, en Exaltación de la Cruz, que figura a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario. Allí el interés judicial pasa por las refacciones realizadas en el lote 380 y por el dinero usado para pagarlas. Por eso fue citado para el 24 de abril el contratista Matías Tabar, a quien se le pidió que lleve presupuestos, facturas, contratos, comprobantes de pago y comunicaciones sobre las obras.
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Ese tramo del expediente combina dos planos que hasta ahora venían separados: el costo de entrar al country y el costo de sostener y mejorar la propiedad. La Justicia ya pidió información sobre una cuota de ingreso de 5.000 dólares y sobre expensas que rondarían los 700.000 pesos, al tiempo que busca verificar si esos montos resultan compatibles con la capacidad económica declarada por el entorno familiar del jefe de Gabinete. En paralelo, la fiscalía requirió constancias de pago de las obras por cualquier vía, desde transferencias y cheques hasta permutas u otras modalidades.
La ronda de testimonios terminará el lunes 27 de abril con la declaración de Juan Cosentino, vendedor de la propiedad del country. Esa citación completa una hoja de ruta que une la compra de un departamento urbano, una hipoteca inusual, una casa en un barrio privado y una serie de gastos que la fiscalía quiere medir contra las declaraciones juradas. El expediente, de ese modo, dejó de ser una sospecha abstracta sobre patrimonio y empezó a apoyarse en nombres, fechas, montos y comprobantes.
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Sobre Adorni también pesa un contexto que agrandó el interés público por esta causa. El funcionario ocupa la Jefatura de Gabinete desde fines de 2025 y en marzo quedó envuelto en cuestionamientos por viajes y propiedades que, según distintas revelaciones periodísticas, no cerrarían con sus ingresos declarados; él respondió que no tiene nada que ocultar. Esa tensión política no reemplaza la tarea judicial, pero sí explica por qué cada testimonial de esta semana importa menos por el ruido mediático que por la posibilidad de fijar una trazabilidad concreta del dinero.
El tramo que empieza ahora no define todavía culpabilidades ni condenas. Define algo más básico y más decisivo para la causa: si la fiscalía consigue que los testimonios, los papeles y los registros digitales dibujen una ruta patrimonial consistente o si, por el contrario, dejan a la vista zonas oscuras que empujen medidas más profundas. Ahí se juega el verdadero peso de esta semana en Comodoro Py.
Fuente: NA, Infobae, MDZ Online, TN, Diario El Norte, Chequeado.
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