Advierten que el nuevo esquema de rutas puede dejar zonas “olvidadas” y con menos mantenimiento
Actualidad20/04/2026
Sergio BustosEl cambio en la gestión de rutas nacionales abrió un fuerte frente de discusión en el ámbito vial. Tras la publicación del Decreto 253/2026, el sindicato que nuclea a los trabajadores del sector salió a cuestionar la medida y advirtió sobre sus posibles consecuencias en el interior del país.
La norma establece que nueve provincias asumirán competencias sobre tramos de rutas nacionales que atraviesan sus territorios. Entre ellas figuran Río Negro y Neuquén, lo que coloca a la Patagonia dentro del nuevo esquema impulsado por el Gobierno nacional.
Desde el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines, conducido por Graciela Aleñá, sostienen que la decisión implica un cambio profundo en el modelo de gestión. Consideran que no se trata solo de una descentralización, sino de una transformación estructural del sistema.
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“El Decreto altera de raíz el sistema vial argentino”, señalaron desde la organización, al cuestionar que se modifique el rol histórico de la Dirección Nacional de Vialidad como organismo rector.
El planteo apunta a que la medida rompe con el criterio integral que regía hasta ahora. Según el gremio, la DNV debía planificar, construir y mantener las rutas bajo una lógica federal, algo que, entienden, se debilita con la delegación de funciones.
Uno de los puntos más sensibles es la posibilidad de que el esquema favorezca la lógica de rentabilidad. Desde el sindicato advierten que el sector privado podría concentrarse únicamente en los tramos con mayor tránsito y capacidad de generar ingresos.
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En ese sentido, alertaron sobre un escenario desigual. “Vas a tener rutas ‘de primera’ para los negocios y rutas destruidas para los pueblos; provincias ricas conectadas y provincias olvidadas”, sostuvieron en el comunicado.
La crítica también se enfoca en el impacto territorial. Desde el gremio consideran que la medida “rompe el principio de igualdad territorial y atenta contra el desarrollo federal”, al fragmentar la gestión de una red que hasta ahora se concebía como un sistema único.
Otro eje del reclamo está vinculado al financiamiento. Señalan que la Dirección Nacional de Vialidad ya venía atravesando un proceso de recorte de recursos, lo que, según su visión, prepara el terreno para justificar una reducción de su estructura.
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“Desfinancian la DNV, recortan inversión, frenan obras y preparan el terreno para justificar el achique”, advirtieron, al vincular la medida con la política de equilibrio fiscal impulsada a nivel nacional.
El decreto habilita a las provincias a otorgar concesiones de obra pública por peaje para tareas de administración, reparación, ampliación y mantenimiento. Esto abre la puerta a nuevos esquemas de gestión en corredores estratégicos.
En ese contexto, el sindicato reafirmó su postura y anticipó que mantendrá el reclamo. “No vamos a aceptar el vaciamiento, no vamos a dejar caer la Dirección Nacional de Vialidad”, expresaron.
La discusión recién comienza y suma un componente clave: el equilibrio entre eficiencia en la gestión, financiamiento y acceso equitativo a la infraestructura vial en todo el país.
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