Sturzenegger empieza a mover Hojarasca, pero el Gobierno no la expone al recinto

Política20/04/2026

El oficialismo abre este martes la discusión en comisión con funcionarios propios, aunque frena la sesión en Diputados y posterga la prueba política más delicada.

La Ley de Hojarasca empezará a caminar este martes en la Cámara de Diputados, pero el oficialismo decidió dejarla lejos del recinto por ahora. La novedad no pasa sólo por el inicio del tratamiento, sino por la forma elegida para hacerlo: primero comisión, después dictamen y recién más adelante la discusión a cielo abierto dentro del cuerpo. Ese movimiento dejó al descubierto una estrategia más cautelosa que la que circuló en las últimas horas.

La reunión está convocada para el martes 21 de abril a las 15 en el plenario de Asuntos Constitucionales y Legislación General, tal como figura en la agenda parlamentaria oficial. A la vez, en el sitio de sesiones de Diputados no aparece una convocatoria para el miércoles 22, lo que coincide con el dato de que La Libertad Avanza resolvió no pedir una sesión esta semana para llevar el proyecto al pleno. El arranque, entonces, existe; el salto al recinto, por ahora, queda guardado.

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Ese detalle modifica el sentido político del día martes. La discusión no abrirá con una votación en el hemiciclo ni con una escena de alto voltaje parlamentario, sino con una exposición de funcionarios del Poder Ejecutivo ante dos comisiones. La decisión baja el nivel de riesgo inmediato y ordena un recorrido más controlado para una iniciativa que el Gobierno quiere instalar, pero todavía no empuja hasta el borde de una sesión.

En esa primera escala van a exponer Matías Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, y Alejandro Cacace, secretario de Desregulación y ex diputado nacional. La presencia de ambos le da al debate una impronta fuertemente ejecutiva, porque el texto está ligado de manera directa al esquema de desregulación que impulsa Federico Sturzenegger. Después de esa ronda de consultas, el paso previsto es avanzar con el dictamen.

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El proyecto apunta a eliminar normas que el Ejecutivo considera anacrónicas o absorbidas por legislación más reciente. Esa definición ordena el corazón de la propuesta, pero también muestra el tipo de discusión que quiere abrir el oficialismo: una revisión amplia de piezas normativas que juzga viejas, superadas o directamente inútiles para la arquitectura estatal actual. La ley, por eso, no se presenta sólo como una poda legislativa, sino también como una bandera política del plan desregulador.

La secuencia elegida permite una lectura más fina que la del simple inicio del trámite. El Gobierno acepta poner el proyecto en marcha, aunque evita someterlo de inmediato al número final del recinto, donde cada ausencia, cada aliado dudoso y cada negociación fallida quedan expuestos sin filtros. Abrir en comisión y frenar la sesión implica ganar tiempo, medir apoyos y ordenar el terreno antes de ir a una votación que todavía no aparece asegurada. Esta última lectura es una inferencia apoyada en el cronograma oficial conocido hasta ahora.

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También pesa quiénes administrarán esa estación previa. Los presidentes de las comisiones, Santiago Santurio y Nicolás Mayoraz, tienen previsto habilitar la firma del dictamen una vez terminadas las exposiciones, lo que comprime en una sola jornada el despliegue técnico del Ejecutivo y el intento de dejar listo el expediente. El oficialismo busca así un gesto de avance concreto, aunque evita convertir ese paso en una pelea parlamentaria total durante la misma semana.

La tensión central del caso pasa justamente por ahí. El oficialismo quiere mostrar que la ley se mueve, pero al mismo tiempo elige no convertir esa señal en una sesión inmediata, pese a que esa posibilidad circuló con fuerza. Entre el impulso político del proyecto y la falta de una convocatoria al recinto apareció una prudencia que revela más sobre el estado real de la negociación que sobre el contenido mismo de la iniciativa.

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Lo que queda abierto ahora no es el comienzo del expediente, sino el momento de la prueba verdadera. La Ley de Hojarasca ingresará al debate formal, escuchará a los funcionarios que la defenderán y buscará dictamen, pero seguirá sin fecha de desembarco en el recinto. El Gobierno ya decidió cuál será el primer movimiento; el siguiente dependerá de si logra transformar esa apertura en una mayoría que no lo exponga a una derrota política.

Fuente: NA, Cámara de Diputados de la Nación.