Un arrastrero portugués entró 700 metros a la Zona Económica Exclusiva frente a Chubut bajo sospecha de pesca

Actualidad20/04/2026

El caso del Coimbra mostró cómo opera el nuevo control marítimo: velocidad, maniobras e ingreso mínimo bastaron para abrir una presunta infracción.

Un buque arrastrero de bandera portuguesa quedó bajo sospecha de pesca ilegal después de internarse unos 700 metros en la Zona Económica Exclusiva Argentina. La señal de alerta no surgió por una captura ya comprobada, sino por una combinación de recorrido, velocidad y movimientos que el Estado toma como indicios suficientes para activar un expediente. El episodio volvió visible un cambio de criterio: ya no hace falta esperar una maniobra grosera o una incursión profunda para que se dispare la intervención oficial.

La embarcación señalada es el Coimbra, un arrastrero que Prefectura identificó durante la madrugada del 19 de abril de 2026. La publicación oficial sostuvo que el barco desarrollaba una “presunta tarea de pesca” dentro de la ZEEA y ubicó la detección dentro de la política de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. Ese encuadre político y operativo busca mostrar que el control ya no depende sólo de la presencia física en el mar, sino también de la lectura técnica del comportamiento de cada nave.

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El punto más sensible del caso aparece en la vara que hoy usa la administración para presumir actividad pesquera. La Disposición 20/2026 fijó que, para buques pesqueros extranjeros, navegar dentro de la ZEEA a menos de seis nudos junto con trayectorias o cambios de rumbo compatibles con maniobras de pesca alcanza para tener por configurada, en principio, una tarea pesquera. En el episodio reportado por Prefectura, el Coimbra avanzó a 4,9 nudos, un dato que quedó por debajo de ese umbral y que reforzó la presunción oficial.

Ese detalle técnico modifica la lectura del hecho. La discusión ya no pasa solamente por cuánto se internó el buque, sino por qué hacía mientras estaba adentro y cómo se movía en ese tramo. Con ese criterio, un ingreso relativamente corto puede adquirir peso administrativo si la navegación exhibe “patrones compatibles con una operación de pesca por arrastre”, como señaló la comunicación oficial.

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El Gobierno vinculó esa detección al Sistema Guardacostas, una plataforma desarrollada por la propia fuerza que integra distintos sistemas de posicionamiento y seguimiento. La disposición publicada en el Boletín Oficial remarca que esa herramienta permite estandarizar la detección temprana, reducir márgenes de discrecionalidad y fortalecer la trazabilidad de la evidencia. En otras palabras, el caso del Coimbra también funciona como una demostración pública de cómo el Estado pretende construir prueba antes de llegar al abordaje o a una intercepción material.

La secuencia previa del barco también quedó asentada en la información oficial y ayuda a darle dimensión regional al episodio. El arrastrero había zarpado de Uruguay el 25 de febrero y se encontraba en zona de pesca desde el 28 de febrero, al través de Cabo Dos Bahías, Chubut. Ese dato conecta la presunta infracción con un corredor marítimo especialmente sensible para la actividad pesquera argentina, donde la vigilancia sobre flotas extranjeras tiene impacto económico, ambiental y político.

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La Ley 24.922, que regula el régimen federal de pesca, prevé un menú severo de sanciones cuando una infracción se comprueba en el sumario correspondiente. Entre esas herramientas figuran apercibimientos, multas, suspensiones, cancelaciones de inscripción, decomiso de artes, decomiso de la captura e incluso decomiso del buque. Para embarcaciones extranjeras, además, la norma habilita la retención en puerto argentino hasta que se haga efectivo el pago de la multa, si la autoridad de aplicación así lo dispone.

La propia comunicación oficial eligió una fórmula que adelanta el tono de la ofensiva estatal: “Argentina detecta, sanciona y cobra a buques pesqueros extranjeros en infracción”. Esa frase no describe todavía una sanción firme en este caso puntual, porque la publicación habla de una presunta infracción, pero sí deja claro el sentido político con el que el Gobierno quiere mostrar estos procedimientos. El mensaje apunta a correr la idea de control testimonial y reemplazarla por la de un sistema que detecta, documenta y luego busca sostener la imputación con respaldo técnico.

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Para la Patagonia marítima, el episodio deja una señal concreta. Un buque extranjero que cruce la línea de la ZEEA con velocidad de arrastre y maniobras compatibles con pesca ya entra en una zona de riesgo administrativo mucho más estrecha que antes, aun cuando el ingreso medido en metros parezca acotado. Lo que sigue ahora no es una consigna política sino un examen de prueba: si el expediente confirma esa conducta, el caso del Coimbra quedará como una muestra temprana del nuevo estándar con el que la Argentina pretende custodiar sus recursos en el mar.