Puertos frenados y petróleo en espera: 140 buques parados y una obra sin iniciar
Actualidad03/08/2026
REDACCIÓNLa medida de los prácticos dejó sin movimiento a gran parte del sistema portuario, obligó a desvíos internacionales y demoró una operación energética sensible.
El buque White Marlin quedó inmóvil frente a Bahía Blanca con una carga decisiva que no pudo tocar puerto. En su cubierta viajan remolcadores y equipos que forman parte de una infraestructura estratégica para exportar petróleo, pero la maniobra nunca empezó. La escena sintetiza el efecto inmediato de un conflicto que se extendió a toda la red portuaria.
La interrupción impacta de lleno en el esquema logístico del país, con terminales que siguen activas puertas adentro pero sin posibilidad de completar ciclos de carga o descarga. En el Gran Rosario, algunos barcos reciben mercadería, aunque no logran cerrar operaciones ni salir a destino. Esa dinámica genera cuellos de botella y suma presión sobre los contratos vigentes.
Al mismo tiempo, al menos 140 buques permanecen a la espera de servicios esenciales para navegar en ríos y canales. La cifra surge de actores del sector que advierten que podría crecer si se suman nuevas embarcaciones programadas. Parte de ese flujo ya empezó a desviarse hacia puertos de Uruguay y el sur de Brasil, lo que altera rutas comerciales que habían recuperado volumen local.
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En paralelo, la protesta expone un choque directo entre regulaciones y autonomía profesional. Los prácticos resolvieron no aceptar servicios en zonas donde su intervención resulta obligatoria, lo que dejó al sistema, según describieron fuentes del sector, “totalmente paralizado”. Desde su perspectiva, la decisión responde a cambios que afectan su trabajo y condiciones operativas.
El conflicto se disparó con la entrada en vigencia del Decreto 690/2026, que modificó reglas vigentes desde hace más de tres décadas. El nuevo esquema introduce un registro abierto de profesionales, habilita a fijar tarifas máximas y flexibiliza ciertas condiciones de operación. También amplía situaciones en las que capitanes pueden prescindir del servicio, un punto especialmente cuestionado.
Las entidades del sector advierten que esas modificaciones impactan en la seguridad de la navegación y en la protección ambiental. Además, objetan la exigencia de disponibilidad permanente y el régimen de sanciones. En ese marco, preparan presentaciones judiciales para frenar la norma mientras reclaman una instancia de negociación.
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Del lado oficial, la respuesta incluyó intimaciones individuales para que los servicios se reanuden. La autoridad marítima sostiene que el practicaje constituye un servicio público vinculado a la seguridad, por lo que su interrupción puede derivar en sanciones. Sin embargo, las herramientas previstas —como la intervención de otras fuerzas o habilitaciones excepcionales— no lograron normalizar la actividad en las primeras horas.
El trasfondo económico aparece con fuerza en el discurso del Gobierno, que apunta a reducir costos logísticos y ampliar la competencia. Durante la presentación del decreto, se planteó que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio”. Esa visión contrasta con la de los profesionales, que insisten en que la flexibilización puede degradar estándares operativos.
Mientras tanto, la cadena exportadora acumula incertidumbre con operaciones reprogramadas, contratos en riesgo y plantas que dependen de insumos en tránsito. La demora en proyectos como el de Vaca Muerta Oil Sur suma otra capa de impacto, ya que posterga movimientos clave para su infraestructura. Si la medida se prolonga, el sistema portuario seguirá operando a media máquina y con decisiones forzadas fuera del país.
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