Madryn: las amenazas de tiroteos en escuelas ya derivaron en allanamientos a menores

La fiscal Eugenia Botero confirmó que identificaron a dos adolescentes por mensajes y pintadas sobre tiroteos, mientras buscan armas y dispositivos.

La semana pasada dejó en la ciudad algo más pesado que una serie de inscripciones en baños escolares o mensajes que circularon por WhatsApp. Dejó miedo en las aulas, protocolos activados, chicos que no fueron a clases y una investigación penal que ya avanzó sobre dos menores identificados. Ese corrimiento, del comentario alarmante al expediente judicial, es el dato que ahora redefine el caso.

La fiscal Eugenia Botero confirmó en El Quinto Poder por #LA17 que el Ministerio Público Fiscal trabaja junto con la Policía y con la División de Investigaciones porque las amenazas no quedaron concentradas en una sola institución. Según explicó, hubo actuaciones por escrituras en varias escuelas de la ciudad y también por mensajes con la consigna de un tiroteo enviados en grupos de WhatsApp donde participan alumnos. En ese marco, precisó que ya fueron identificados dos menores y que se realizaban diligencias en sus domicilios para buscar posibles armas de fuego y secuestrar elementos informáticos.

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La causa, además, no corre solamente sobre el impacto social del episodio, sino sobre una calificación penal concreta. Botero señaló que en algunos casos se investiga por amenazas simples, pero remarcó que las pintadas efectuadas en baños y paredes de las escuelas tienen la connotación de amenazas agravadas, con una pena de 3 a 6 años de prisión. Ahí aparece uno de los puntos más delicados del expediente, porque la fiscal subrayó que se trata de “un delito grave” por todo lo que produjo en la población escolar y en la ciudad.

Ese encuadre cambia también la discusión sobre la edad de los involucrados. La funcionaria explicó que, de acuerdo con la normativa vigente antes de la reforma que entrará en vigor en septiembre, los menores de entre 16 años y antes de cumplir los 18 pueden ser punibles por hechos con penas superiores a dos años. En esa línea fue terminante cuando aclaró que “los menores de entre 16 y no habiendo cumplido los 18 son punibles” en casos como este, porque la pena prevista para las amenazas agravadas supera ese piso.

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La gravedad del hecho, según la fiscal, no se mide solo por el origen de las amenazas, sino por el efecto real que tuvieron. Botero sostuvo que hubo chicos que fueron a la escuela con miedo, directivos que no sabían qué podía pasar y familias que directamente decidieron no mandar a sus hijos a clases. La entrevista dejó además una frase que resume el punto judicial y social del caso: “no es un chiste”, porque aun cuando hubiera bromas, retos virales o intentos de intimidar sin intención de concretar nada, la conducta ya entra en el terreno penal.

El viernes pasado, de hecho, esa inquietud se volvió visible en toda la ciudad. Botero describió que fue el día más fuerte, con amenazas recibidas en distintas instituciones y con la Policía activando protocolos para evitar cualquier tragedia. La situación desbordó el perímetro de cada establecimiento y pasó a instalar una idea común en casi todas las escuelas: qué podía ocurrir si alguien aparecía sin avisar y convertía la amenaza en un hecho concreto.

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En la entrevista también apareció otro dato que le agrega densidad al cuadro. La fiscal recordó que pocos días antes un menor había concurrido a una escuela con un arma de aire comprimido, un antecedente que, aun sin ser idéntico a la investigación actual, reforzó la percepción de vulnerabilidad dentro del ámbito escolar. Desde esa experiencia reciente, Botero insistió en que “Un niño o un joven no puede ir a la escuela con armas, no puede tener acceso a armas en la casa”, y ligó ese punto con la responsabilidad concreta de los adultos.

Ese fue, de hecho, uno de los ejes más marcados de su intervención pública. La fiscal señaló que los padres tienen una responsabilidad directa en el control, el acompañamiento y la conversación con sus hijos, tanto para impedir el acceso a armas como para cortar a tiempo la circulación de amenazas que algunos adolescentes pueden trivializar. En ese punto también fue enfática al plantear que “es responsabilidad de los padres” revisar con qué van sus hijos a la escuela y hacerles entender el alcance de este tipo de acciones.

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La dimensión jurídica del caso suma un elemento todavía más fuerte. Botero explicó que “la amenaza anónima está equiparada a las amenazas con armas en el Código Penal”, justamente porque nadie sabe de dónde viene ni qué capacidad real de daño tiene quien la emite. Esa equivalencia ayuda a entender por qué una pintada o un mensaje replicado en un grupo escolar ya no se leen como una travesura escolar de mal gusto, sino como una conducta con peso penal propio y con consecuencias potenciales para adolescentes muy jóvenes.

La investigación sigue abierta y, por ahora, el expediente busca establecer el origen preciso de los mensajes, las responsabilidades individuales y la eventual existencia de armas u otros elementos relevantes en los domicilios allanados. Lo que ya quedó claro a partir de la palabra de la fiscal es que la ciudad cruzó una línea: el miedo escolar ya no está siendo tratado como rumor ni como exageración, sino como un hecho que activó una respuesta penal, policial y preventiva al mismo tiempo. El próximo paso no será medir el impacto emocional de las amenazas, sino determinar hasta dónde llega la responsabilidad de quienes las hicieron circular.