Allanaron dos casas en Puerto Madryn por amenazas al alumnado en redes sociales
Policiales20/04/2026
REDACCIÓNLa Policía del Chubut realizó procedimientos en los barrios San Miguel y Nueva Chubut, identificó a dos menores de 16 años y secuestró dos celulares.
La investigación por amenazas e intimidación dirigidas al alumnado de un establecimiento educativo de Puerto Madryn tuvo este lunes un avance concreto con dos allanamientos realizados por la Policía del Chubut. Los procedimientos permitieron identificar a dos adolescentes de 16 años y secuestrar elementos considerados de interés para la causa. El caso quedó bajo intervención judicial y sumó la participación de distintas áreas policiales y organismos vinculados a la protección de menores.
Los operativos estuvieron a cargo de personal de la División Policial de Investigaciones (DPI). Las diligencias se desarrollaron en los barrios San Miguel y Nueva Chubut, luego de las actuaciones iniciadas a partir de una intervención ocurrida el viernes 17 de abril. Esa secuencia marcó el punto de partida de una pesquisa orientada a establecer el origen de las amenazas difundidas por redes sociales.
A medida que avanzaron las tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la identidad de los dos menores involucrados. Uno de ellos es alumno del establecimiento educativo alcanzado por la intimidación, mientras que el otro fue señalado como una persona ajena a la institución. Esa distinción pasó a ser uno de los datos centrales dentro del expediente.
El resultado operativo más importante fue el secuestro de dos teléfonos celulares vinculados a la causa. Esos dispositivos quedaron incorporados a la investigación para determinar su eventual relación con los mensajes o publicaciones que motivaron la intervención policial. Además, se concretó la correcta identificación de ambos adolescentes.
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La causa se mueve sobre una doble dimensión. Por un lado, busca establecer quiénes participaron de las amenazas y cómo circularon los mensajes en redes sociales. Por otro, intenta reconstruir el alcance que tuvieron esas intimidaciones sobre la comunidad educativa afectada, a partir de un hecho que activó una respuesta policial y judicial en pocas horas.
En el despliegue también participaron equipos de Asesoría de Familia, lo que dio a la actuación un componente específico por la edad de los involucrados. Junto con ese organismo trabajaron efectivos de Infantería, personal de las comisarías Segunda y Cuarta y agentes de Policía Científica. La presencia de distintas áreas mostró que el caso fue abordado de manera conjunta.
El procedimiento no sólo se concentró en la búsqueda de pruebas materiales. También apuntó a ordenar la intervención institucional frente a un episodio sensible por su vínculo con un ámbito escolar y por la participación de menores. En ese marco, la actuación de los equipos especializados quedó ligada tanto al resguardo del proceso como a la situación particular de los adolescentes identificados.
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La investigación judicial quedó bajo la órbita de la jueza penal Patricia Reyes. También interviene Eugenia Vottero, representante del Ministerio Público Fiscal, que acompaña el desarrollo de las medidas dispuestas en el expediente. Esa conducción definirá los pasos siguientes a partir del análisis de los teléfonos secuestrados y del resto de la evidencia reunida.
Con los allanamientos ya concretados, la causa ingresó ahora en una etapa centrada en el examen de los dispositivos y en la determinación de responsabilidades. El foco seguirá puesto en establecer cómo se originaron las amenazas, qué participación tuvo cada uno de los menores identificados y si existieron otros actores o canales de difusión vinculados al hecho.
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