El Gobierno activará un sistema para detectar y bloquear celulares en cárceles

El uso de celulares dentro de las cárceles volvió a quedar en el centro de la escena tras una decisión oficial que apunta a limitar ese fenómeno. El Gobierno nacional autorizó la implementación de tecnología específica para detectar y bloquear dispositivos móviles en establecimientos penitenciarios federales.

La medida fue formalizada a través de la Resolución 336/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial. A partir de esta disposición, el Servicio Penitenciario Federal podrá avanzar con la instalación de sistemas capaces de identificar teléfonos activos dentro de los penales y anular su funcionamiento.

El objetivo es frenar la utilización de estos dispositivos para cometer delitos desde el interior de las cárceles. En los últimos años, distintas investigaciones judiciales dejaron al descubierto maniobras organizadas por internos, que incluyeron estafas telefónicas, amenazas y coordinación de robos.

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Uno de los casos que expuso la magnitud del problema fue el de una organización que operaba como un “call center carcelario”. Desde una unidad penal, los involucrados lograron realizar estafas incluso a integrantes del Poder Judicial, utilizando teléfonos celulares como principal herramienta.

Frente a ese escenario, la resolución plantea la necesidad de “impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas”.

A diferencia de los sistemas tradicionales, la nueva tecnología no bloqueará toda la señal en forma indiscriminada. El enfoque apunta a identificar los dispositivos en uso dentro de los penales y neutralizarlos de manera puntual, evitando interferencias en las zonas cercanas.

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Este punto busca resolver uno de los principales problemas de los antiguos inhibidores, que afectaban también a vecinos y áreas externas. Con el nuevo esquema, el bloqueo quedaría circunscripto al interior de las unidades penitenciarias.

La medida se enmarca en la legislación vigente, que permite a las personas detenidas comunicarse con familiares o abogados, pero prohíbe el uso de celulares. En ese sentido, el Estado busca reforzar los controles para garantizar el cumplimiento de esa normativa.

Además, se aprobó un manual de procedimientos que establece cómo se aplicará la detección y bloqueo de los dispositivos. El documento fija pautas técnicas y operativas para el seguimiento de cada caso dentro de los establecimientos.

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La implementación será progresiva y requerirá tareas de monitoreo constante. Detectar un equipo, identificarlo y bloquearlo implica un proceso técnico que no se realiza de forma automática, por lo que el sistema demandará ajustes en su funcionamiento.

Desde el Ministerio de Seguridad también indicaron que se avanzará en la compra e instalación de los equipos necesarios, junto con el mantenimiento y las adaptaciones que permitan evitar interferencias fuera de las cárceles.

La decisión se suma a otras iniciativas que buscan limitar el uso de celulares en contextos de encierro. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se impulsaron proyectos para restringir estos dispositivos en unidades del sistema penitenciario provincial.