Rafecas rechazó la nulidad y Alberto Fernández quedó al borde del juicio oral
Política21/04/2026
REDACCIÓNLa causa por violencia de género contra Fabiola Yáñez avanza tras el fallo judicial que dejó firme la investigación y complica la situación del exmandatario.
El expediente judicial contra Alberto Fernández dio un giro decisivo con una resolución que lo acerca al juicio oral, en el marco de la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yáñez. La decisión del juez federal Daniel Rafecas dejó sin efecto la estrategia central de la defensa y consolidó lo actuado en la investigación. A partir de este escenario, la causa ingresa en una etapa clave.
La resolución judicial descartó el pedido de nulidad impulsado por la defensa del ex presidente, que buscaba invalidar las actuaciones previas del expediente. Con ese planteo rechazado, el proceso mantiene su curso y habilita el avance hacia una instancia oral. El fallo refuerza la continuidad de la causa sin retrocesos.
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Desde el juzgado se argumentó que “no corresponde retrotraer en la causa”, lo que implica validar todas las medidas adoptadas durante la instrucción. Además, Rafecas sostuvo que el apartamiento del juez Julián Ercolini no afecta la legalidad de lo actuado previamente. Ese punto era central en la estrategia de la defensa.
El planteo había sido presentado por la abogada Silvina Carreiro, quien cuestionó la imparcialidad del magistrado que intervino en el inicio del expediente. En ese marco, había señalado que la actuación judicial estaba “plagada de una animadversión” contra su defendido. La negativa del juez dejó sin efecto ese argumento.
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La causa fue impulsada por el fiscal Ramiro González y reúne acusaciones por hechos de distinta gravedad. Fernández deberá responder por dos episodios de lesiones leves y uno de lesiones graves, en un contexto que incluye agravantes vinculados al vínculo de pareja y al ejercicio de poder. Estos elementos forman parte de la imputación.
El expediente también incorpora la figura de amenazas coactivas, lo que amplía el alcance de la acusación en términos penales. La condición de ex jefe de Estado durante parte del período investigado suma un componente institucional a la causa. El proceso contempla hechos que abarcan varios años.
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Según consta en la investigación, los episodios denunciados habrían ocurrido entre 2016 y 2024, antes, durante y después del mandato presidencial. En ese período, la denunciante habría sufrido violencia física y psicológica que derivó en afectaciones a su salud. El contexto de la relación es considerado asimétrico por la Justicia.
Con la instancia de instrucción consolidada, el caso se encamina hacia la intervención de un Tribunal Oral Federal, que será el encargado de evaluar la prueba reunida. En ese ámbito se definirá la responsabilidad penal del ex mandatario. La transición hacia el juicio oral aparece como el próximo paso procesal.
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El avance de la causa marca un punto de inflexión en el escenario judicial de Fernández, quien queda más expuesto frente a la acusación. La decisión de Rafecas elimina uno de los principales intentos de frenar el proceso. La continuidad del expediente queda ahora sujeta a las próximas definiciones judiciales.
El desarrollo del juicio, en caso de concretarse, implicará la revisión integral de los hechos denunciados y la valoración de las pruebas presentadas por ambas partes. La causa se posiciona así en una etapa donde la definición dependerá de un tribunal colegiado. El resultado final permanece abierto.
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