Extorsión a Sastre: le pedían 60 mil dólares para evitar "problemas" mayores

La fiscalía expuso las pruebas contra Gastón Domecq y Héctor Ibáñez por presuntas amenazas al intendente de Puerto Madryn. La jueza Bartels dará su veredicto en tres días.

Un pedido de 60 mil dólares para evitar "problemas" mayores sacó a la luz una trama de presiones que llegó a los tribunales de Puerto Madryn. La fiscal Ivana Berazategui sostuvo que el intendente Gustavo Sastre fue blanco de una maniobra donde se le exigió dinero bajo promesa. La frase “Esto tiene un costo, Héctor no trabaja gratis” aparece como el eje central de una acusación que ahora espera el aval judicial para convertirse en un proceso penal formal.

Los acusados de llevar adelante este apriete son Gastón Domecq y Héctor Ibáñez, quienes enfrentan cargos por el delito de extorsión. Durante la audiencia realizada en el edificio de tribunales, la fiscalía describió cómo se habría orquestado el contacto con el jefe comunal madrynense para condicionar su tranquilidad personal a cambio de una cifra millonaria en moneda extranjera. El relato oficial apunta a que se le indicó a Sastre que “le estaban dando una mano”, aunque esa supuesta colaboración tenía un precio de mercado ilegal muy claro.

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El abogado Daniel Báez, representante de Domecq, junto a la defensora pública Lucía Capone, quien asistió a Ibáñez ante la ausencia de su abogado particular, rechazaron de plano cualquier apertura de investigación. Los letrados no solo cuestionaron la veracidad de los hechos, sino que también solicitaron la nulidad de los allanamientos que se realizaron previamente en el marco de las pesquisas. Para la defensa, lo que la fiscalía describe no encaja en las exigencias típicas que establece el Código Penal para hablar de una extorsión consumada.

La discusión jurídica se centró en si las presiones denunciadas constituyen verdaderamente una intimidación que obligue a la entrega de bienes materiales. Según el planteo de los defensores, los elementos presentados por la Fiscalía de Puerto Madryn carecen de la fuerza necesaria para sostener un procesamiento, por lo que requirieron el sobreseimiento inmediato de sus pupilos. Esta postura técnica busca frenar la causa antes de que se autoricen las medidas de prueba más profundas que pretende la fiscal Berazategui.

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El Código Penal Argentino contempla penas severas para quien obliga a otro a entregar dinero mediante amenazas, buscando un beneficio indebido a través del miedo. En este caso puntual, la fiscalía intenta demostrar que la advertencia sobre un posible "conflicto mayor" si no se pagaban los dólares fue suficiente para configurar el delito. La jueza penal María Inés Bartels tiene ahora la responsabilidad de determinar si los hechos narrados tienen la verosimilitud mínima para que el Estado siga persiguiendo a los imputados.

La audiencia estuvo marcada por la tensión administrativa, ya que el abogado Néstor Coronel, quien debía defender a Ibáñez, no se presentó al debate inicial. Esto obligó a que la defensa pública tuviera que intervenir de urgencia para garantizar que el proceso no se detuviera y se pudiera escuchar la acusación completa del Ministerio Público. A pesar de los contratiempos logísticos, la fiscalía pudo desplegar los testimonios y registros que, según su criterio, prueban que se intentó lucrar con la figura del intendente local.

El planteo acusador no se limitó al pedido de dinero, sino que contextualizó la maniobra dentro de una estructura de favores y deudas inexistentes. La acusación recalca que a Sastre se le sugirió que Ibáñez no realizaba gestiones de forma gratuita, estableciendo un sistema de cobro por servicios que el intendente nunca habría solicitado formalmente. Esta dualidad entre la supuesta ayuda ofrecida y la amenaza latente de un conflicto es lo que la justicia debe desentrañar en las próximas horas.

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Al terminar la exposición de las partes, la magistrada Bartels cerró la etapa de alegatos iniciales sin dar una definición inmediata debido a la complejidad de las nulidades planteadas por los defensores. La jueza analiza ahora los pedidos de las defensas, que ven en el accionar fiscal una interpretación forzada de diálogos que, según ellos, no tienen ninguna relevancia penal. El sistema judicial de Chubut impone ahora un tiempo de descuento para saber si el caso llega a juicio o muere en esta instancia preliminar.

El destino judicial de Domecq e Ibáñez se conocerá en un plazo máximo de tres días, cuando el tribunal dicte por escrito si hay pruebas suficientes para el debate. En caso de que se habilite la investigación formal, los acusados tendrán una nueva oportunidad para declarar y defenderse de los cargos que hoy los ponen en el centro de la escena política madrynense. Por ahora, la incertidumbre domina los pasillos de tribunales mientras se evalúa si el pedido de 60 mil dólares será caratulado definitivamente como una extorsión.