Pymes patagónicas exigen compensaciones fiscales por el costo de la zona desfavorable
Actualidad22/04/2026
REDACCIÓNLas federaciones empresarias de la región buscan que el Congreso valide un esquema para descontar salarios de impuestos nacionales y frenar el aumento de la informalidad.
La presión tributaria y los costos logísticos en el sur argentino empujan a un sector creciente de la economía hacia la marginalidad como única alternativa de supervivencia. Los referentes de la producción advierten que la superposición de tasas municipales, sellos provinciales y cargas nacionales asfixia la capacidad de generar empleo genuino en las provincias australes. Ante este escenario, el sector privado unificó un reclamo para que el Estado reconozca, de forma operativa, las desventajas geográficas que condicionan el desarrollo de cualquier actividad comercial o industrial por debajo del río Colorado.
La reactivación de esta agenda en el Congreso de la Nación surge tras un período de parálisis en el que la iniciativa original, impulsada por la Federación Empresaria del Chubut (FECh), había perdido estado parlamentario por falta de tratamiento. El actual titular de la entidad, Carlos Lorenzo, encabeza ahora una mesa regional que busca amalgamar las necesidades de los distintos distritos en un texto único que tenga viabilidad legislativa. El objetivo es que los legisladores nacionales comprendan que no se solicita un privilegio, sino un mecanismo para corregir asimetrías estructurales que hoy resultan determinantes para el cierre de persianas.
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El proyecto de ley actual propone la creación del Programa de Compensación por Pago de Zona Desfavorable, el cual beneficiaría a firmas de la industria, el comercio, la construcción y los servicios. Esta medida alcanzaría a empresas con domicilio real en las provincias de Chubut, Santa Cruz, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Tierra del Fuego. La intención es establecer un sistema donde los montos efectivamente pagados por este adicional salarial puedan ser computados contra obligaciones tributarias de orden federal, aliviando de forma inmediata el flujo de caja de las pequeñas y medianas empresas.
Según la propuesta técnica, las empresas radicadas en casi toda la región estarían facultadas para afectar estos pagos a la cancelación de dos tributos centrales: el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto a las Ganancias. El régimen aclara que no se trata de un beneficio promocional en sentido estricto, sino de un "mecanismo de compensación destinado a corregir desventajas estructurales preexistentes". Estas desventajas están vinculadas directamente a factores demográficos, climáticos y logísticos que encarecen la producción en la Patagonia respecto de los centros urbanos del resto del país.
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Para el caso específico de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el articulado contempla una diferenciación operativa en el modo de cancelación de deudas. Las compañías allí radicadas podrán afectar hasta un 30% del pago del adicional por zona desfavorable a la cancelación de las contribuciones de la seguridad social. Esta distinción busca atender la realidad particular del régimen de promoción fueguino, integrando el reclamo de las cámaras locales al proyecto que hoy tiene como referente parlamentario al diputado santacruceño Juan Carlos Molina.
La ambición del bloque patagónico no se agota en la cuestión salarial, sino que intenta reinstalar la discusión sobre la Ley de Promoción del Hidrógeno Verde como motor de inversión a largo plazo. Sin embargo, el presente de las pymes sureñas muestra una fragilidad difícil de disimular: los datos que circulan en los despachos de la CAME indican que apenas "1 de cada 3 pymes accede a financiamiento" en el mercado crediticio actual. Esta falta de capitalización, sumada a la caída de la actividad, motiva el pedido de una declaración de emergencia para el sector en todo el territorio nacional.
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La sostenibilidad del sistema depende, en última instancia, de un ordenamiento que evite la superposición de gravámenes que hoy se devoran la rentabilidad. Las entidades empresarias insisten en la necesidad de un nuevo consenso fiscal que limite la voracidad de los Ingresos Brutos provinciales y las tasas que aplican las municipalidades. Existe una preocupación real sobre el destino de los comercios de cercanía, ya que si no hay un marco de previsibilidad, "la marginalidad se convierte en la única salida para evitar la carga tributaria" que enfrentan hoy los empleadores regionales.
En las comisiones de Comercio y de Pequeñas y Medianas Empresas de la Cámara de Diputados, los representantes patagónicos han dejado claro que ninguna ley será suficiente si no se reactiva el poder adquisitivo. El análisis de los dirigentes subraya que la amplia mayoría de estas firmas depende exclusivamente de la demanda local para pagar salarios y reinvertir. En palabras del presidente de la CAME, Ricardo Diab, "el 95% de las pymes viven del mercado interno", lo que resalta la urgencia de políticas que fomenten un consumo activo para que la innovación y la generación de empleo dejen de ser solo expresiones de deseo.
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El camino parlamentario para estas reformas se presenta complejo, con una agenda de encuentros previstos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado para consolidar los aportes de las federaciones. La falta de crédito y la alta inflación mantienen al sector en una posición defensiva, donde la prioridad absoluta es no reducir las plantillas de personal en un contexto de recesión. El éxito de esta gestión en el Congreso determinará si el costo de producir en la Patagonia sigue siendo un obstáculo insalvable o si, finalmente, se establecen reglas de juego acordes a la realidad del sur.
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